Sin duda que es mucho más fácil -y menos riesgoso- culpar a la oposición por la crisis de la institucionalidad democrática de Nicaragua, en vez de acusar directamente a Daniel Ortega que es el verdadero o el principal culpable de esta situación.
Pero así como hay que denunciar al orteguismo como el enemigo fundamental que es de la libertad, la democracia y la paz en Nicaragua, también hay que señalar que la oposición, o una parte muy importante de ella, ya sea por error, corrupción o negligencia —o por las tres razones juntas— ha facilitado que Ortega desvirtúe las instituciones democráticas e imponga su nueva dictadura. Y en todo caso, la oposición no ha puesto mayores obstáculos a Ortega, para impedir que siga avanzando en su plan de volver a reelegirse e imponer un régimen autoritario y populista, subsidiario del “socialismo del siglo XXI” que promueve y financia Hugo Chávez desde Venezuela.
Por cierto que fue uno de los principales partidos que ahora forman parte de la oposición, el que cuando estaba en el Gobierno facilitó a Ortega —mediante un pacto para repartirse el botín del Estado—, la recuperación del poder presidencial y la hegemonía sobre los demás poderes del Estado. Sólo la Asamblea Nacional se salvó en aquella ocasión, pero poco tiempo después también cayó en manos de Ortega.
Los que pactaron con Ortega sabían que una vez que este consiguiera su propósito de recuperar el poder presidencial, no lo volvería a entregar por medio de elecciones. De manera que el pacto, más que una estrategia política equivocada fue un crimen contra la frágil democracia de Nicaragua, que tras muchos años de luchas y sacrificio se había conquistado en 1990.
Más todavía, en las elecciones de noviembre de 2006 el pueblo democrático le dio a la oposición 54 diputados, 7 más que los 47 necesarios para aprobar leyes ordinarias y sólo 2 menos que los 56 indispensables para nombrar magistrados y aprobar reformas constitucionales. Sin embargo, por sus actuaciones que en algunos casos han sido erráticas y timoratas, pero en otros claudicantes y corruptas, la oposición le cedió la mayoría parlamentaria al FSLN. De manera que ahora Ortega controla los 47 votos suficientes para aprobar las leyes ordinarias y puede contar hasta con 52 diputados, aproximándose a los 56 que necesita para reformar el artículo 147 de la Constitución que le prohíbe volver a reelegirse. Esto, independientemente de que Ortega no se detendrá si finalmente no consigue la reforma constitucional para legitimar su candidatura a la reelección, como lo viene demostrando con sus atropellos sistemáticos a la Constitución, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica de los nicaragüenses.
Precisamente esta semana, al rosario de violaciones a la Constitución y atropellos al Estado de Derecho —el cual no existe ya para muchos efectos —, el orteguismo ha sumado la ratificación del gacetazo en la Asamblea Nacional, mediante flagrante violación al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El gacetazo, valga aclararlo una vez más, es la publicación arbitraria en La Gaceta, Diario Oficial del Estado, el 16 de septiembre pasado, de una nueva versión de la Constitución que incluye una disposición transitoria dictada en 1987, la cual se extinguió en aquel mismo año pero ha sido resucitada con el fin de legalizar la candidatura de Daniel Ortega a una nueva reelección presidencial, en caso de no lograr los 56 votos parlamentarios que se requieren para reformar la Constitución.
La ratificación parlamentaria del gacetazo ha sido un acto político claramente ilegal y, por lo tanto, carente de validez jurídica, como lo han demostrado con la ley en la mano los líderes de la oposición en la Asamblea Nacional. Pero no hay en Nicaragua un tribunal independiente ni magistrados honestos ante quienes se pueda recurrir para que revoquen esa flagrante ilegalidad. En el Estado de facto que ha impuesto el caudillo populista Daniel Ortega, lo que vale es el hecho del gobernante, no el derecho del gobernado.
En realidad, al diputado orteguista René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, sólo le faltó poner como música de fondo — mientras los diputados “vivos” del FSLN y los “tontos” de la oposición ratificaban el gacetazo—, las siniestras amenazas de Tomás Borge de que están dispuestos a hacer lo que sea y a pagar cualquier precio, con tal de no volver a entregar el poder. Y en cumplimiento de este macabro designio lo menos que pueden hacer es atropellar los procedimientos parlamentarios. Lo peor está por venir.
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