Coordinadora Civil insiste en propuesta para cambiar el país

MANAGUA
Decenas de miembros de las más de 600 organizaciones que integran la Coordinadora Civil (CC) participaron ayer al mediodía en una caminata desde la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) hasta los Semáforos del Autolote El Chele, en Altamira, para exigir “el restablecimiento del estado social de derecho, laico y el respeto a la institucionalidad”.
La red cívica nacional realizó ayer en el auditorio central de la UCC su décimo segunda asamblea general. Ahí reiteró su propuesta a la nación “para cambiar el rumbo del país”, que presentó el año pasado en ocasión de su asamblea anterior y que también concluyó con una marcha en los predios de la Catedral Metropolitana, donde fueron agredidos con piedras y garrotes por turbas orteguistas, cuyos miembros fueron fotografiados e identificados, pero aún no son investigados por esas agresiones.
DEMANDAN SOLUCIONES
La CC demanda la búsqueda de soluciones integrales a los déficits y deudas que a su juicio tiene el Estado con su ciudadanía, e incluye propuestas en lo económico, social y político.
Al final de la caminata, Duyerling Ríos, de la Plataforma Nacional Juvenil, leyó la proclama de la Coordinadora, en la que proponen la inversión en capital humano para aprovechar el bono demográfico, que consideran como una oportunidad nacional para emplear a un alto número de población económicamente activa o en edad de trabajar hasta por los próximos treinta años, pero que se desperdicia por el alto índice de desempleo.



Otra de las propuestas de la Coordinadora es que se atienda el déficit habitacional, que supera el medio millón de viviendas, a través del desarrollo de un sistema constructivo ambiental de bajo costo.
Durante la caminata, la vocera de la CC, Luisa Molina, también reclamó una solución a la falta de institucionalidad democrática y animó a exigir el relevo de los 25 funcionarios públicos, a quienes ya se les venció el período de sus cargos, pero que se aferran a ésos, entre ellos los diez magistrados (siete propietarios y tres suplentes) del tribunal electoral.
“Queremos que se elijan a personas idóneas y sin sesgos partidarios. El respeto a la división de los poderes, a la Constitución y a la institucionalidad, que permita superar los pactos, las componendas, la confabulación y el reparto de las instituciones y poderes del Estado”, demandó Molina.