En un intento por "curarse en salud", y poner distancia del aumento de la xenofobia costarricense contra la migración nicaragüense, la mandataria Laura Chinchilla, llamó a los nicaragüenses que vivan en Costa Rica a que no tengan temor a represalias por el conflicto.
"Me han dicho que hay un grupo importante que ni siquiera va a ir a visitar a sus familiares en diciembre, cuando yo sé que esa es precisamente la fecha más importante para ellos. En los próximos días desplegaremos una estrategia más intensa de comunicación para aclarar estos temores que están aquejando a la población nicaragüense", aseguró Chinchilla al diario La Nación.
No es la primera vez que la mandataria hace este llamado, pero sus palabras parecen ser en vano en un país donde la xenofobia (cabe aclarar que no son todos los costarricenses) hacia los nicaragüenses se disparó debido al conflicto.
En redes sociales de internet, sitios públicos, centros de trabajo, autobuses y hasta en grandes medios de comunicación, se promueven acciones contra la inmigración como solicitudes de deportaciones masivas, cierre de la frontera con Nicaragua, bloqueo a las remesas, suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales.
Aunque no se atreven a denunciarlo por temor a represalias, hay trabajadores que han sido despedidos por patronos que se aprovechan de la situación para no pagar sus derechos laborales, pero también hay servidoras domésticas que sus patronos las hostigan continuamente.
Las declaraciones de Chinchilla parecen tener un trasfondo: en Costa Rica actualmente se necesitan alrededor de 80 mil obreros para recolectar café, melón, piña, caña de azúcar y cítricos.
Muchos de esos puestos que se manejan a la libre y sin pagar derechos laborales, son ocupados por inmigrantes nicaragüenses que viajan al país en condición migratoria irregular y luego retornan a Nicaragua cuando termina la cosecha.
Se espera que en diciembre o enero próximo, Costa Rica termine de reglamentar una ley migratoria que está en vigencia desde inicios de año, la cual aplica la multa de 100 dólares mensuales al extranjero que permanezca irregularmente en el país.
Además de ese cobro, la ley aumentó el costo de algunos servicios y a raíz de su entrada en vigencia, la visa de ingreso a Costa Rica pasó de 20 a 30 dólares.
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