Una comitiva de diputados opositores de la Asamblea Nacional viajará en febrero próximo a Venezuela para presentar ante el nuevo Parlamento de aquel país una resolución que establece que la cooperación venezolana, que el país ha recibido desde 2007, no es deuda pública, por lo que el Estado nicaragüense no tiene compromiso de pago con el Gobierno de Venezuela, informó a Confidencial el diputado liberal Wilfredo Navarro.
Con esta iniciativa, explicó el diputado, la Asamblea Nacional quiere dejar “constancia” de cara a un posible cobro que en el futuro pueda hacer Venezuela a Nicaragua por la cooperación otorgada desde 2007, cuando el presidente Hugo Chávez y el presidente Daniel Ortega, firmaron los acuerdos de cooperación en el marco de la llamada Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA).
Desde entonces, el país ha recibido más de mil millones de dólares en cooperación, la que ha sido manejada de manera discrecional por el gobierno de Ortega y empresas ligadas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como la financiera Caruna, encargada de administrar los créditos del emblemático programa gubernamental Casas para el Pueblo: los beneficiados pagarán 80 dólares mensuales, por 30 años, a la financiera paraestatal.
Hasta ahora no ha habido un informe serio de parte del Gobierno o una auditoría de la Contraloría General de la República que permita conocer el uso detallado de esa ingente cooperación.
“Vamos a llevar a Venezuela La Gaceta, la declaración de la Asamblea y las leyes correspondientes al endeudamiento público para dejarle claro al Parlamento y al Ejecutivo de Venezuela, que ni un centavo de los que han entrado en cooperación de aquel país, han generado deuda pública, porque es dinero que se ha manejado de manera privada”, dijo Navarro. “Queremos notificar no le debemos nada a Venezuela, porque ellos están dando esa plata al FSLN, no al gobierno de Nicaragua. Estamos exonerando a Nicaragua de cualquier obligación de pago para cuando se vaya Chávez”, agregó el diputado.
La comitiva de diputados estará integrada por los liberales José Pallais, Wilfredo Navarro, Adolfo Martínez Cole, jefe de la Bancada Democrática, y el diputado por el MRS, Víctor Hugo Tinoco. Los diputados presentarán a sus homólogos venezolanos recién electos en las elecciones legislativas del 26 de septiembre pasado, la resolución aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de noviembre de 2009, firmada por el diputado René Núñez como presidente del Poder Legislativo.
Esa declaración establece que la Asamblea declara “el no reconocimiento como deuda pública de los recursos financieros provenientes del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito el 11 de enero de 2007, que no hayan sido transparentados en las leyes anuales del Presupuesto General de la República y que no hayan cumplido con lo establecido en la Ley de Deuda Pública y la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario”.
La resolución demanda al Ejecutivo de Daniel Ortega que registre cada año los fondos de la cooperación venezolana dentro del Presupuesto General de la República, pero hasta ahora el gobierno ha decidido mantenerlos al margen, como un presupuesto paralelo que es manejado sin controles públicos. “Cualquier carga económica, financiera, que establezca el Ejecutivo, es obligatorio que sea aprobada por la Asamblea, sino no tiene validez”, recordó Navarro.
El diputado explicó que la resolución 06-2009 fue aprobada casi de manera unánime por los diputados, incluidos miembros del gobernante Frente Sandinista. Navarro dijo que un grupo de diputados intentaron entregar el documento en la sede de la embajada de Venezuela en Managua, pero no fueron atendidos. “Como estaban cerca las elecciones venezolanas, pensamos que es de mayor impacto y de mayor incidencia entregar una notificación oficial al Parlamento y al gobierno de Venezuela, señalando que no existe deuda pública”, dijo el diputado liberal.
“Esperamos tener una reacción positiva de parte del Parlamento venezolano ante el planteamiento legal que le vamos hacer, en el sentido de que haga un cuestionamiento al gobierno de Venezuela para que transparente esta ayuda”, explicó Navarro.
El diputado dijo que con esperan que el viaje “reviva” el debate relacionado al control público que debe haber sobre la empresa Petronic, que es socia, con el 49% de las acciones de la empresa Alba de Nicaragua S.A., un importante holding que reúne a 11 empresas vinculadas a la cooperación venezolana, y que manejan desde la distribución de petróleo hasta las exportaciones de carne a Venezuela. El 51% restante del holding lo controla la gigante venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Navarro recordó que hay tres proyectos de ley “atascados” en la Asamblea Nacional que establecen un mayor control sobre Petronic. Uno de esos proyectos, propuesto por el mismo Navarro, establece que la Junta Directiva de Petronic debe ser nombrada por la Asamblea, mientras que otra iniciativa, preparada por el MRS, va encaminada en transparentar las funciones de la empresa pública. Sin embargo, esas están engavetadas en la comisión económica de la Asamblea, a causa, según Navarro, de presiones del FSLN.
“Hay una serie de proyectos de ley que el FSLN, por el control que tiene en la Comisión Económica, evita que podamos avanzar en ese sentido, y con la complacencia de miembros de la Junta Directiva, que se coluden con el FSLN para evitar que muchas leyes puedan ser pasadas a Plenario”, dijo.
Por eso, agregó, “creo que lo más importante es golpear en Venezuela, que sea tanto la opinión pública venezolana como los diputados del Parlamento los que obliguen al gobierno de Chávez a transparentar esta ayuda”, dijo.
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