La reforma tributaria fue muy amable con la industria de casinos, a la que incrementó el monto de los impuestos que cobraba por máquina tragamonedas y por mesa de juego. A cambio, permitió que los casinos pagaran sólo uno de los dos impuestos mensuales que estaban obligados a enterar: o el específico para ese tipo de negocios, o el anticipo del IR.
Esa decisión, extraña en un gobierno de corte populista como el que encabeza el presidente Daniel Ortega, y necesitado de recursos para mantener vigente su acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional, aparentemente, elevó la carga tributaria del sector en un 18%, lo que suena muy atractivo.
Pero pudo haber sido mejor.
El experto fiscal Julio Francisco Báez señala con incredulidad cómo el impuesto a los casinos, que fue creado por la administración del presidente Enrique Bolaños, a través de la Ley de Equidad Fiscal (LEF), llegara a verse ‘suavizado’ un periodo después, cuando su sucesor emprendió una iniciativa de reforma tributaria, diseñada supuestamente para “hacer pagar a los ricos”.
“Tanto Enrique Bolaños como Daniel Ortega le ‘jugaron sombra’ a las arcas del país, aunque si la de Bolaños fue ‘bola pasada’, la de Ortega fue un ‘dead ball’, que neutralizó, atemperó y mediatizó el impuesto de Bolaños”, señaló Báez.
Su reclamo se basa en un cambio hecho por la reforma tributaria, que permitió a los casinos pagar un impuesto u otro, y si bien es cierto imponía la obligación de pagar el más alto, también eliminó la exigencia de pagar los dos a la vez, como se hacía hasta ese momento.
Se supone que subir la tarifa por mesa y por máquina, y mantener el pago obligatorio (no electivo) de ambos impuestos, en teoría, habría acrecentado aún más, las recaudaciones provenientes de ese sector.
María Félix Estrada, Sub Directora de Capacitación del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios, (INIET), hizo hincapié en que el establecimiento de una tarifa diferenciada por máquina y por mesa es lo más notorio de la reforma aplicada a este sector, porque subió bastante, “pero antes ese impuesto mensual era adicional al anticipo del IR”.
Un elemento positivo para la administración Ortega, es que esta decisión le permite obtener mayor flujo mensual de recursos, en un impuesto calculado en dólares, aunque en paralelo, afecta los flujos de recursos de este tipo de empresas, explicó Estrada.
“La reforma tributaria fue una burla. Mejor hubieran dejado el 1% sobre la renta bruta, con un mecanismo de fiscalización a través de punto fijo que les permitiera aplicar con certeza los criterios sobre la renta bruta”, dijo el experto fiscal Báez.
Insistió en que la decisión aprobada por la Asamblea Nacional a inicios de diciembre del 2009, “muestra la realidad sobre el discurso social del presidente Ortega, porque muestra cómo trata con suavidad a los casinos y a los jugadores que ganan premios en los casinos”.
“El rubro casinos es uno de los fracasos de la reforma tributaria, porque en ella se reformó el capítulo dedicado a los casinos, pero se hizo para perder”, insistió.
El Director General de Ingresos, Walter Porras, se negó a atender a Confidencial durante tres semanas, pero en una breve respuesta telefónica sólo atinó a decir “compañero, puedo asegurarle que los casinos están pagando todo lo que corresponde”.
¿Hay de dónde sacar más?
Floyd Sing Thomas, Presidente de la Asociación de Casinos, (ASOCAN), no cree que si la reforma hubiera mantenido intacta la obligación de pagar ambos tributos a la vez, eso hubiera redundado en mayores niveles de recaudación.
“No es cierto que el país haya salido perdiendo por la aplicación de ese cambio. Recordá que no siempre la subida de impuestos redunda en una recaudación mayor”, aseveró.
Su criterio es que el cambio introducido en la reforma “creó un mecanismo más simple que le permite a la Dirección General de Ingresos, (DGI), recaudar incluso más que antes, sin tener que invertir tanto en supervisión (destinando personal para chequear los libros contables de cada casino), porque es más fácil mandar a contar las máquinas y las mesas en los casinos, hacer la multiplicación, y cobrar”.
“¿Cuántos son los casinos en Nicaragua? ¿Cómo es que la DGI no puede fiscalizarlos?”, se preguntó por su parte Julio Francisco Báez.
Sing mencionó un factor adicional, como es el hecho que según la LEF, los anticipos mensuales enterados al Fisco, podían incluso ser recuperados por el contribuyente en concepto de crédito fiscal, si al final del periodo la empresa declaraba pérdidas.
Con la reforma tributaria, si la empresa declaraba que no obtuvo ganancias, los adelantos se convierten en la renta presuntiva mínima, y ya no regresan al agente económico.
A modo de ejemplo, Sing detalló cómo con la LEF, una empresa que operara 200 máquinas y 8 mesas de juego en dos locales distintos, y declarara una renta de U$200,000 mensuales, habría tenido la obligación de pagar U$7,200 mensuales al fisco, mientras que con la reforma, aún después de excusarlos de tener que enterar el impuesto menor, el pago es más alto: U$8,200”, explicó.
“Y no te olvidés que los U$7,200 podían ser acreditables, si declarabas pérdida, mientras que con la reforma ya no existe el crédito fiscal, y si operaste con pérdidas, los montos que ya adelantaste quedan como tu pago a la DGI”, añadió.
Báez lo sabe, pero de todos modos insiste en que “técnicamente, es factible cobrarles ambos impuestos, evitando los mecanismos de elusión existentes”.
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