Nombramientos estancados por CSE

El primer secretario de la Asamblea Nacional y diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Wilfredo Navarro, aseguró que la negociación por la elección de 25 funcionarios del Estado tiene como obstáculo la falta de acuerdos sobre los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE.
Si bien, Navarro no detalló sobre los demás funcionarios, parece ser que ya hay acuerdos entre el PLC y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contralores, el Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos y el Superintendente de Bancos.

Según Navarro, sólo tienen problemas respecto a los magistrados del CSE, en el que el FSLN insiste en que no haya veto para ninguno de sus candidatos. El legislador asegura que no aceptarán al presidente de facto del Poder Electoral, Roberto Rivas y a ninguno de los magistrados que estuvieron en el fraude de las elecciones municipales de 2008.
Aprobarán PGR
Por otra parte, la Junta Directiva del Parlamento aprobó la agenda hasta la última sesión de este año, prevista para el tres de diciembre previo a su salida de vacaciones el 15 de ese mismo mes. Allí incluyen la aprobación del Presupuesto General de la República y un préstamo de 4.5 millones de dólares proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Adicionalmente continuará la habilitación de la Avenida “Augusto C. Sandino”, antes Avenida Rooselvelt, en la cual develarán ocho banners con imágenes del triunfo de la Revolución Liberal en 1893 por esa misma calle. También develarán una imagen del ex presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya.
Dragado en tres años
Sobre el tema del Río San Juan, según Navarro, en la última reunión de poderes del Estado les informaron que la limpieza con una sola draga tardará tres años, mientras que al unirse dos más tendrá una duración de 18 meses. Por esa razón, acordaron que el Parlamento aprobará 50 millones de córdobas adicionales para el proyecto.

Según el legislador, está claro para el Estado nicaragüense que las intenciones reales de Costa Rica es detener el dragado del Río San Juan a cualquier costo, pero que la reacción de la Corte Internacional de Justicia es favorable a Nicaragua pues manda a citar a las partes hasta enero próximo, lo cual indica que no aplican las medidas cautelares y que deberá resolverse el fondo del asunto.