Los ex funcionarios públicos, miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Dámicis Sirias y Lino Hernández Trigueros, regresaron ayer a sus antiguos cargos que dejaron por vencimiento de sus períodos, el primero magistrado judicial y el segundo contralor colegiado.
Ambos ex funcionarios, junto al PLC, avalaron el decretazo del presidente Daniel Ortega, de mantener de manera ilegal en sus cargos a funcionarios con períodos vencidos, así como el gacetazo (edición de la Constitución Política que el diputado sandinista René Núñez mandó a publicar incorporando el derogado segundo párrafo constitucional 201). La decisión de Sirias y Hernández también avala la ilegal permanencia de Roberto Rivas en el CSE.
Por su parte, el magistrado Sergio Cuarezma Terán es el único que se opone a las ilegalidades del orteguismo y a la complacencia del PLC, y que hasta la fecha no ha variado su criterio. Cuarezma ha dicho que mientras subsistan los actos que alteran el orden democrático y constitucional, no se integrará, ya que esto vendría a legitimar lo ilegal y frustrar las expectativas de los nicaragüenses que demandan respeto a la Constitución Política.
El PLC, con la entrada de Sirias, acredita su desventaja frente a los magistrados orteguistas en la CSJ. Además, con el ingreso de Sirias, el PLC consolida la posición ilegal de Solís y Cuadra, además “el PLC, con esa jugada”, lo que hace es “servirle en bandeja” la Corte Plena al FSLN, porque quedarían ocho orteguistas y seis liberales.
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