Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, reveló que no sabían adónde llevar a Manuel Zelaya cuando lo capturaron. Trataron de llamar a los jueces, pero no contestaban los teléfonos a las 6.30 am, así que finalmente lo enviaron a Costa Rica
TEGUCIGALPA, HONDURAS
A continuación se presenta parte de las declaraciones del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, recopiladas en el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR.
En entrevista para la CVR en enero de 2011, el general Vásquez Velásquez manifestó que el 24 de junio de 2009 le ofreció tres alternativas al presidente Zelaya: uno, que el apoyo logístico para la consulta se lo pidiese a la Policía y dejara fuera a las Fuerzas Armadas; dos, que aplazara 15 días la consulta para buscar la salida del problema; y tres, posponer la consulta para hacerla en conjunto con la elección de noviembre de 2009. Pero Zelaya se negó, argumentando que tenía el respaldo de la gente.
Se habló de un millón trescientas mil firmas (uno de sus ministros dice que ha preguntado por su validez a organizaciones de la sociedad civil y se la aseguraron).
Zelaya habló en alguna oportunidad de 400,000 y en la entrevista de enero de 2011, el general Vázquez dijo que eran unas 38,000.
En respuesta al planteamiento, aproximadamente a las 10.00 pm del 24 de junio, el presidente de la República comunicó a la opinión pública nacional e internacional y al pueblo hondureño que había decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA al general Romeo Vázquez Velásquez y aceptar la renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como ministro de Defensa.
Ante el comunicado presidencial, renunciaron los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.
Trató de hablar con Zelaya
Romeo Vásquez manifestó a la CVR que hasta el propio sábado 27 buscó vías para seguir hablando con el presidente Zelaya por intermedio del señor Enrique Morales.
Este extremo ha sido confirmado con la declaración que por escrito entregó el señor Enrique Morales cuando la CVR visitó San Pedro Sula.
Llevar a Zelaya a Costa Rica fue una medida improvisada
Acerca de quién fue el responsable de la decisión de expatriar a Zelaya, todos los militares entrevistados por la CVR en enero de 2011 señalaron que fue una determinación de toda la junta de comandantes.
Teniendo en cuenta el incidente en la base aérea el día 25, consideraban que no era posible tenerlo dentro del país.
El general Romeo Vásquez declaró a la CVR:
“La decisión de llevarlo a Costa Rica... la verdad que no sé exactamente.
Alguien del ambiente civil coordinó porque no tenemos contacto con ellos por no tener Ejército, pero sí hubo una disposición civil; alguien llamó a la Fuerza Aérea: llévenlo a Costa Rica.
Es que hubo una confusión porque, para empezar, no sabíamos adónde lo íbamos a llevar en ese momento. Los jueces no contestaban los teléfonos a esa hora (seis y media de la mañana). Nos contestaron el teléfono como a las ocho de la mañana. Además de eso, el ex-Presidente ya estaba en la base, estaba dentro del avión, y no hallábamos por dónde llevarlo, pues, si lo dejábamos aquí, al levantarse y enterarse, esa gente haría un relajo en la Fuerza Aérea, así como se habían ido a meter un día anterior en la Fuerza Aérea”.
Alguien podía matar a Mel
“Ya había un gran temor por las acciones que esa gente (activistas) toma”.
El general Romeo Vásquez declaró a la CVR que se tomó la decisión de sacarlo del país porque “podía haber alguien... podían aprovechar incluso matarlo a él -al presidente de la República-; de verdad, todos esos análisis se hicieron en ese momento y no hubo previa planificación, o sea que por eso hubo muchos errores ahí”.
La Policía y la crisis política
Se presenta el resumen de las acciones de la Policía Nacional de Honduras durante la crisis política, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR.
Uno de los hechos que crearon polémica y generaron preguntas es por qué la Policía no ejecutó la orden de captura del presidente Zelaya.
En relación con el informe de la defensa contra el juicio de la junta de comandantes, en que se señala la desconfianza que las Fuerzas Armadas tenían respecto a la Secretaría de Seguridad: “La Policía Nacional no ha detenido su posición oficial, por lo cual, aunque conocemos su vocación jurídica, necesitamos conocer su posición, principalmente frente a cualquier orden emanada del presidente de los demás órganos del Estado, porque una acción que esta institución no apoye puede resultar en enfrentamientos entre policías y militares.
Tal extremo podría generar innumerables bajas (heridos y muertos) por ambos bandos. Es evidente que el ministro de Seguridad y el viceministro siguen al Presidente a todos lados, por lo cual es presumible que su lealtad esté en ese sentido”.
Esta opinión es ratificada por el magistrado Tomás Arita Valle, quien emitió orden de captura contra Zelaya y se la entregó al general Romeo Vásquez Velásquez, pues “existía el temor fundado de que la misma no fuera ejecutada por el titular de la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, por ser secretario de Estado y colaborador cercano del ex-Presidente de la República”.
Hubo varias órdenes de captura contra el expresidente Zelaya emitidas con fecha después de los acontecimientos (29 de junio de 2009) y se fundamentó en los juicios que por supuestos actos de corrupción fueron incoados por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa; ésta sí fue dirigida al secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y que está vigente.
Los juicios contra el expresidente Zelaya fueron anulados el 3 de mayo de 2011, por lo que estas órdenes de captura han quedado sin efecto.
En vísperas del 28 de junio, el general Salomón Escoto Salinas, director de la Policía Nacional —en tiempos de Zelaya y toda la administración Micheletti— comentó lo siguiente: “Escuché lo que estaba pasando en Radio Globo, bien temprano.
Estaba en Casamata. Estábamos allí porque esperábamos problemas por lo de la cuarta urna y no se sabía qué iba a suceder.
Al poco tiempo llegó el ministro y me dijo que tomara el mando porque él ya no era ministro y que podía asesorarnos y lo fundamental era mantener el orden.
Llamé a los directores generales. Al fin, hasta el mediodía me contestó el general Romeo Vásquez Velásquez y le comenté que debíamos ponernos de acuerdo, ya que se podía alterar el orden y haber violencia, y él me dijo que no me preocupara, que íbamos a coordinar”.
Una conclusión de esta declaración es que la Secretaría de Seguridad estaba acéfala y que las Fuerzas Armadas eran preeminentes en el control del orden social.
El 28 de junio había una patrulla estacionada en la casa del presidente Zelaya y estuvo allí de forma rutinaria, pero fue inmovilizada por miembros de las Fuerzas Armadas la madrugada de ese día. Un cambio administrativo en la secretaría después del 28 de junio fue la destitución del viceministro Hugo Suazo, en cuyo cargo quedó el mayor de Policía (r) Saúl Bueso Mazariegos.
Los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad pasaban a los policías, que antes estaban en poder de funcionarios no policiales.
Después del 28 de junio mantener el orden interno fue la principal tarea para la Policía y, aunque no era la primera vez que se ejecutaba un trabajo conjunto, en esta ocasión no era para controlar la seguridad ciudadana, sino para el control social, especialmente de los grupos simpatizantes con la consulta del 28 de junio.
El mayor protagonismo de la Policía vinculado con la crisis política fue en el período después del golpe.
Debido al nivel del conflicto y de las protestas, la Policía recurrió a la represión continua, coyuntural y sistemática.
El uso excesivo de la fuerza quedó evidenciado en la cantidad de personas cuyos derechos fueron violentados, lo cual consta en el apartado sobre la situación de los derechos humanos que es parte integral de este informe de la CVR.
Los mayores señalamientos proceden del trato diferenciado que la Policía ofreció a los sectores que se manifestaron, mientras que contra los opositores de Zelaya no se registraron hechos de violencia, sí los había contra los seguidores del ex-Presidente, que durante meses protestaron.
La Policía se vio desbordada en su capacidad de dar respuesta dentro de los parámetros del respeto hacia el Estado de derecho. Aunque los casos de violación de los derechos humanos todavía están en proceso de investigación y la responsabilidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas no está delimitada, la Policía tuvo un protagonismo incuestionable en la violencia generada en las calles, pues en su afán de controlar la protesta se generaba más violencia.
La Policía mostró una práctica de desgaste institucional que se limitó al uso de la fuerza.
La clase política la dejó lidiando con un conflicto cuya posibilidad de salida depende de reformas políticas institucionales.
El golpe de Estado provocó la fractura social y política más profunda que hasta ahora haya tenido la sociedad hondureña; en cuanto a expresiones públicas y de manifestaciones públicas se aglutinaron en dos grandes bloques: el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, creado un día después del golpe y que aglutina a los sectores políticos, sociales, gremiales y las ONG que apoyaron la consulta de la cuarta urna, y la Unión Cívica Democrática, UCD, originada en los sectores que se oponían a la consulta y en la que se unieron los sectores provenientes de los partidos políticos tradicionales, gremios empresariales, Iglesias y sectores de opinión pública.
Fue evidente el trato diferente que la Policía ofreció a estos sectores.
Las manifestaciones de la UCD eran custodiadas por la Policía Preventiva; en cambio, las protestas del FNRP eran custodiadas en parte por la Policía Preventiva, pero también intervenían la DNIC, los cobras, el escuadrón de asalto y de entrenamiento para enfrentarse al enemigo. De ahí que no extraña la violencia en las manifestaciones callejeras organizadas por el FNRP.
Además se constató la presencia del Ejército.
La violencia en las manifestaciones públicas tenía dos protagonistas: los manifestantes y la Policía. La Policía es responsable de resguardar el orden y los bienes públicos y privados y ambas situaciones se mantuvieron precarias en todos los meses estudiados por la CVR. Usando las potestades del Estado de derecho, la Policía se vio en grandes dificultades para controlar la violencia, los disturbios y la destrucción de la propiedad pública y privada y parece que los hechos de esos meses no han contribuido a fortalecer esta capacidad de respuesta.
Las marchas, manifestaciones y la violencia fueron constantes, pero fueron más preeminencia en momentos precisos: las semanas después del golpe de Estado y las semanas después del 21 de septiembre, cuando retornó al país el presidente Zelaya y se instaló en la embajada de Brasil.
El conflicto en estas semanas se desarrolló con represión y control policial. En torno a la sede diplomática hubo exceso de presencia, ruido y gases usados por la Policía, pues en ese período, uno de los objetivos era el propio Presidente y quienes lo acompañaban en la sede diplomática.
Hubo un total de 747 manifestaciones en todo el país relacionadas directamente con los hechos del 28 de junio de 2009, en su mayoría de solidaridad y protesta contra el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, conformándose de esta forma un amplio movimiento de protesta que se llamó la “resistencia”, la cual se expresó durante siete meses consecutivos y ha continuado en los meses sucesivos, pero en un tiempo que está fuera del mandato de la CVR.
Datos aproximados identifican que entre quienes estuvieron vinculados a la defensa de la administración del gobierno de Roberto Micheletti Baín, agrupados en la UCD y la Resistencia, se movilizaron alrededor de 550,000 personas, unas a favor y otras contra los hechos del 28 de junio, de forma totalmente antagónica y polarizada.
Uno de los oficiales entrevistados manifestó:
“Aprendimos a trabajar con una sociedad dividida y con este trabajo se nos incrementó el espíritu de cuerpo. No hubo desertores y tuvimos la moral alta”.
Zelaya quería posponer la consulta, pero no lo dejaron
De acuerdo con César Ham, quienes apoyaron al expresidente Manuel Zelaya en la propuesta de la consulta pidieron que ésta fuera el martes 23 de junio de 2009.
Extracto de las declaraciones del exdiputado César Ham dadas a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR:
“Le dice al general que lo va a destituir. El día que él va a anunciar la destitución tiene una reunión ese mismo miércoles y en esa reunión al parecer él acuerda, me imagino yo, no sólo con los militares, sino con la otra gente, suspender por 15 días la consulta.
Entonces él baja con una redacción y vamos a una cadena nacional. Si ustedes observan esa cadena nacional del miércoles, pasaron como 20 veces el corrido ese: es el primer llamado, el segundo llamado, el tercer llamado.
Fueron como 30 llamados porque estábamos en un debate fuerte allí y Mel decía: Kike -Lanza-, enseñale a César la redacción. Entonces en la redacción él planteaba que renunciaba a la consulta por 15, que la suspendía por 15 días, no que renunciaba, sino que suspendía y destituía a Romeo Vásquez, esas dos cosas.
Cuando él baja y nos muestra la propuesta y todo, allí estaba Rafael Alegría, estaba yo, estaba Juan Barahona, estaban varios de los dirigentes allí. Fue una situación en que se increpó al Presidente.
El miércoles, antes de la cadena nacional, Kike no encontraba cómo explicar, que no, que mirá, me decía, que no sé qué, que esto, vamos a la consulta o vamos a la consulta.
Lo que quiero decirle a usted es que usted tiene que estar consciente de lo siguiente: si no vamos a la consulta, esa gente va a venir por usted y por nosotros y nos va a volar la cabeza.
De eso tenga la plena seguridad.
Las demás organizaciones se fueron allí, los campesinos, los obreros y todo. Me acuerdo de que Israel Salinas le dijo: Presidente, qué le pasa. Si usted suspende eso, vamos a salir aquí denunciándolo y diciendo que usted es un traidor a la causa y ya se armó un gran macaneo allí.
Pues a la... en toda la cadena nacional, el último llamado y el último llamado… que quede eso, pues, para que lo leamos. Trabaja con Kike, Kike no sé qué. Nos pusimos a redactarlo y allí le planteamos a él, yo le planteé a él que el tema este de la destitución era una cuestión, desde mi punto de vista, secundaria, porque honestamente era una consulta que le íbamos hacer por nuestra cuenta. Yo no miraba trascendente que estuvieran o no los militares en la consulta, honestamente.
Yo le decía al Presidente: Si tenemos las organizaciones sociales, populares, porque todas sin excepción, todas las organizaciones sociales y populares, estaban metidas en el rollo de la cuarta urna, algunos dirigentes allí decían que no porque esto y lo otro, pero la gente estaba metida en patronatos, organizaciones campesinas, todo mundo estaba metido en el rollo. Entonces con él las distribuimos. No hay necesidad de utilizar a los militares”.
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