martes, 26 de julio de 2011

Elecciones 2011: reto periodístico





El contexto de las elecciones 2011 se muestra difícil para el ejercicio de un periodismo independiente, balanceado y crítico, ya que se pondrá a prueba si el Consejo Supremo Electoral (CSE) cumplirá su promesa de puertas abiertas, y si las fuerzas oficialistas permitirán una cobertura sin riesgos de agresión, concluye el primer informe del Observatorio de Medios del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

Este primer informe, titulado “Medios, Periodismo y Elecciones en Nicaragua”, comprende el período de enero a junio del presente año. A lo largo de la campaña electoral, se producirán y presentarán un total de seis informes por parte del Observatorio de Medios de CINCO.

El Lic. Alfonso Malespín, investigador, hizo hincapié en una serie de rasgos que ya definen un panorama mediático poco alentador alrededor de la campaña electoral, entre éstos, el apoderamiento del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de TELCOR, el ente regulador de las telecomunicaciones, así como, censura, agresiones, cedulación partidarizada, no observación, cambios en la geografía electoral y el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, LAIP; entre un sinnúmero de abusos de poder.

El informe plantea que tras 14 ejercicios electorales realizados desde 1990, relativamente pacíficos (excepto las pasadas elecciones municipales en 2008), el CSE presenta un desgaste pronunciado, pues sus funcionarios han perdido la credibilidad en su gestión, sumado a que la ley no les permite seguir en sus cargos.

De acuerdo a la investigación presentada días atrás, las agresiones y la censura han estado la orden del día en el período antes señalado. La clausura de un programa de opinión en Condega, dirigido por Carlos Cerda Acuña por presiones políticas que recibió el dueño de Tele-Cable, quedó impune, violentando el artículo 29 de la Constitución Política, referido a la libertad de pensamiento.

Walter Porras, ex director de la DGI amenazó a periodistas de El Nuevo Diario, luego que estos destaparan las ilegalidades allí perpetradas. Roberto Collado, periodista del mismo rotativo fue agredido y arrestado por la Policía Nacional, simplemente por infringir una ley del tránsito.

Y la censura continúa. Al Foro de Sau Paulo sólo fueron invitados medios oficialistas; y al llegar medios independientes a cubrir el evento, estos resultaron agredidos por miembros de la Policía Nacional. También queda registrado en el texto que los propietarios del diario La Prensa han sido hostigados por sindicalistas afines al gobierno, quienes demandan la reintegración laboral de 23 repartidores a domicilio, quienes trabajaban bajo la figura de tercerización, es deicr, no tienen vínculos laborales con la empresa.

Una ley avasallada por secretismo

La Ley de Acceso a la Información, LAIP, que entró en vigencia con este gobierno, no se cumple. La fundación Violeta Barrios de Chamorro realizó un estudio, basándose en el envío de 95 solicitudes de información a diversas instituciones públicas, dando como resultado que solo el 37% de las instancias monitoreadas tenían el formato de solicitud de la ley, y el 52% no dieron respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos.

El 38% de la información entregada estaba en buen estado, el resto, 62% estaba en mal estado: desactualizada, o incorrecta.

Igualmente otros medios de comunicación como Confidencial y Canal 12 han intentado usar la ley, obteniendo el mismo resultado negativo. En la gran mayoría de los casos, incluso los sitios web oficiales publican información completamente desfasada.

Este desinterés oficial es contradictorio con el espíritu del Decreto Presidencial No. 117-2007, publicado en La Gaceta, que permitió la entrada en vigencia de la LAIP, señalando que prioridad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, “que el pueblo disfrute ampliamente de todos los derechos inalienables a la persona humana, dentro de los cuales se encuentra el acceso a la información”.

Incluso, una “cucharada de su misma medicina” bebieron los medios oficialistas, cuando el pasado 13 de junio, Rosario Murillo, primera Dama y Coordinadora de Comunicación, remitió a los ministros, viceministros, directores de entes autónomos y alcaldes sandinistas, una circular indicándoles que “todos los funcionarios públicos y servidores del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y las alcaldía del Poder Ciudadano, debían atender a los Medios que promueven y defienden el proyecto de Unidad y Reconciliación”.

Ondas hertzianas oficialistas

El documento también reseña que TELCOR ha favorecido con la entrega de frecuencias radioeléctricas a la familia Ortega-Murillo, lo que es catalogado como una estrategia de poder político. A la fecha se ha informado que el entorno de Ortega controla los canales 4, 8, 13 y 41, que son dirigidos por sus hijos Daniel Edmundo, Enrique, Juan Carlos, Camila y Maurice.

Asimismo, Radio Ya y Viva FM también están bajo el control de la familia presidencial, a tarvés de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor. La Primera Dama, Rosario Murillo Zambrana, controla los portales web del gobierno y del partido, sobre todo El 19 Digital, el diario web oficial del gobierno. Todos respondiendo a una estrategia de comunicación oficial diseñada por Murillo.

Recomendaciones del Observatorio

Los temas recurrentes en las agendas de los medios de comunicación han sido la observación electoral, el proceso de cedulación, el rechazo de candidaturas, las disputas intra-partidarias, la integración de los comités electorales departamentales y municipales, el financiamiento a los partidos políticos, los cambios en la geografía electoral y el excesivo control policial en los alrededores del Poder Electoral.

Ante esta agenda, el Observatorio propone a medios y periodistas dominar el proceso jurídico electoral, su calendario, y diseñar una agenda que incluya tantas voces y temas como sea posible; para romper las prácticas agendista y salir del Managua-centrismo, en las que los políticos imponen casi unilateralmente la agenda.

El Observatorio espera que hombres y mujeres de prensa, Ejército Nacional y Policía Nacional, actores importantes del proceso electoral, reconozcan sus roles y responsabilidades para evitar tensiones y choques.

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