lunes, 25 de julio de 2011

El pago a los confiscados EE.UU.



El cable diplomático 243444, con fecha 13 de enero de 2010 y suscrito por el Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, revela que en los primeros tres años de la administración de Daniel Ortega (2007-2009), se resolvieron 137 reclamos de propiedad de ciudadanos estadounidenses confiscados en los años 80, pagándose en bonos de indemnización (BPI) más de US$360 millones.

La cifra de 137 reclamos resueltos, de acuerdo al contenido del mismo cable diplomático, es menor a las registradas por las administraciones que antecedieron a Ortega. En el caso de Arnoldo Alemán sumaron 245 reclamos resueltos entre 2000 y 2001; y en el caso de Enrique Bolaños suman 793, del 2002 al 2004.

Los reclamos de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses, tras la caída del dictador Anastasio Somoza y la revolución sandinista (1979-1989), es uno de los temas claves y más sensibles en la agenda bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua, a partir de la década de los noventa, cuando Violeta Barrios de Chamorro asumió el gobierno tras vencer en las elecciones a Daniel Ortega.

En el universo de los cables diplomáticos relacionados a Nicaragua, liberados por WikiLeaks y en poder del diario costarricense La Nación y de Confidencial, se contabilizan más de 60 cables entre 2007-2010, relacionados al tema de los reclamos de propiedades por parte de ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos incluso suscrito por la propia Secretaria de Estado, Hillary Clinton.

En el cable mencionado (243444), se menciona que la Embajada de los Estados Unidos en Managua mantiene por separado una base de datos de los ciudadanos estadounidenses confiscados, que interpusieron sus reclamos ante la sede diplomática antes del 31 de julio de 2005 (fecha de referencia para otorgar waiver) y posterior a agosto 2005.

En cifras gruesas, de acuerdo al cable diplomático, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua registra 2,646 reclamos resueltos, de los cuales 1,000 corresponderían al período de gobierno de Enrique Bolaños (2002-2006), casi 38%. Del total, el texto indica que 1,978 casos se han compensado con bonos de indemnización emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por otra parte, el texto de Callahan indica que a noviembre de 2009 hay 527 reclamos pendientes de resolución, de los cuales 113 caen en la categoría del waiver (Sección 527).

También contabilizan 135 reclamos rechazados por el Gobierno de Nicaragua, generalmente por considerar que los reclamantes fueron afectados por los decretos 3 y 38 promulgados contra las propiedades de la familia Somoza, sus familiares y allegados y, por ende, no son sujetos de indemnización. Sin embargo, entre abril y noviembre de 2009 hay 22 casos rechazados primeramente y luego resueltos a favor de los reclamantes por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Preocupación de Clinton

Meses antes del balance formulado por Callahan, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, envió al personal de la Embajada de su país en Nicaragua, el cable diplomático 207786, clasificado como “Confidencial”, advirtiéndoles que el progreso del Gobierno de Nicaragua era “muy modesto”, en los tres puntos de referencia relacionados al tema de la resolución de los reclamos de los ciudadanos estadounidenses sobre propiedades confiscadas durante la revolución sandinista.

El texto de Clinton, con fecha del 19 de mayo de 2009, refiere que pese a los esfuerzos del gobierno nicaragüense y a las iniciativas por resolver los reclamos de los confiscados de su país, el número de casos resueltos durante el año waiver 2008-2009 podría “poner en riesgo” la posibilidad de extenderlo por un año más.

Los tres puntos de referencia, acordados con el gobierno nicaragüense en julio 2008, se referían a: 1) la resolución exitosa por parte del gobierno de Ortega de un número sustancial de reclamos registrados en la Embajada de Estados Unidos; 2) la devolución o compensación por propiedades en manos del gobierno y; 3) la resolución de propiedades reclamadas y bajo el control del Ejército de Nicaragua.

“El presente año waiver expirará el 28 de julio de 2009, quedan menos de tres meses para que el Gobierno de Nicaragua demuestre avances significativos sobre los tres puntos de referencia”, señaló Clinton en el cable de uso oficial.

Por tanto, urgió al Embajador Robert Callahan a reunirse con representantes del Gobierno de Nicaragua al más alto nivel, para expresarle la preocupación oficial de Estados Unidos y alentarlo a incrementar el número de resolución de reclamos, para garantizar el próximo waiver.

En ese sentido, le orienta que se reúna con el Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, y con el Procurador General de la República, Hernán Estrada, y comparta con ellos una serie de preocupaciones del Departamento de Estado relacionadas al reclamo de propiedades en Nicaragua por parte de ciudadanos estadounidenses.

Entre esas preocupaciones están las propiedades en poder de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, así como, la anulación por parte de la PGR sobre casos ya resueltos, bajo el criterio de que eran propiedades confiscadas a somocistas y allegados.

Finalmente, la Secretaria de Estado en su comunicación oficial recuerda que hay un caso emblemático para su país, el del Sr. Juan Barreto, ciudadano estadounidense de origen nicaraguense, quien reclama 28 propiedades (tierras) que están en poder del Ejército de Nicaragua en el reparto Serranías, ubicado en la carretera sur. “Resolver el caso de Barreto en este año waiver sería visto positivamente por el Gobierno de Estados Unidos, cuando decida otorgar una nueva excepcionalidad a Nicaragua, en julio”, escribió Hillary Clinton.

Confidencial solicitó al Coronel Juan Ramón Morales, Director de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, información respecto a las propiedades confiscadas que están en poder de la institución militar y que son objeto de reclamo por vía indemnización o devolución. Sin embargo, la solicitud todavía no ha sido respondida al momento de redactar esta nota.

Un encuentro “movido”

Tres días después del cable diplomático enviado por la Secretaria de Estado, el Embajador Callahan sostuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, y con el Procurador General de la República, Hernán Estrada. De acuerdo al contenido del cable 209524, la reunión fue cortés, pero con varios puntillazos políticos.

El texto indica que Santos expuso los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua por resolver los reclamos, asegurando que al 21 de mayo, sumaban 33. “El expuso sin embargo, que el Gobierno de Nicaragua ha pagado por lejos más de US$1.2 billones desde 1990 y que continuar haciéndolo es una significativa pérdida de recursos oficiales. En contraste, él calculó que la asistencia a Nicaragua por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), de Estados Unidos, sumaba apenas US$760 millones en igual período”.

El cable añade que el Embajador Callahan lo corrigió matemáticamente, ya que la bajo la figura de asistencia, USAID ha otorgado a Nicaragua casi US$1.4 billones. “Después de corregirlo, el Embajador le explicó la diferencia entre la indemnización y ayuda al desarrollo. Mientras que el primero es la compensación pagada a los individuos por propiedades privadas, expropiadas durante el régimen sandinista en los años 80, este último representa el compromiso de los Estados Unidos para el desarrollo económico y la democracia en Nicaragua. El Embajador pidió a Santos no confundir ambos”.

En otro momento de la reunión, el Procurador Estrada interpeló al Embajador Callahan, asegurándole que “la Embajada continua añadiendo casos a la lista de reclamantes” bajo la categoría del waiver, pero “el Embajador le clarificó que eso no era cierto; que muchos ciudadanos estadounidenses han recibido compesación por una parte de sus reclamos, y por esa razón ellos necesitaban mantenerlos en la lista” en poder de la Embajada.

Sobre los casos rechazados al amparo de los decretos 3 y 38, relacionados a la familia Somoza y allegados, el Embajador Callahan les solicitó información adicional, pues se quejó de que al amparo de los mismos se rechazaron 146 casos en 2007 y 2008, en “procesos que carecían de transparencia y parecían arbitrarios, porque esos casos habían sido previametne aceptados como elegibles para compensanciones, por tanto, el Embajador señaló que no habían razones para desestimarlos”.

“Estrada aseguró al embajador que su oficina (PGR) había establecido un procedimiento administrativo para revisar los casos y aplicar los decretos, el cual sigue en vigor. Sin embargo, se negó a compartir información sobre los procedimientos con nosotros. Finalmente, admitió que la aplicación de los decretos 3 y 38 fue, por su naturaleza, es algo subjetivo”, refiere el texto.

En un pie de nota, escrita entre paréntesis, Callahan indicó que Estrada se comprometió meses antes, el 12 de marzo, a revisar 70 de los casos desestimados sobre la base de estos decretos, pero por la postura adoptada en la reunión, parecía que el compromiso del Procurador había dado marcha atrás.

Pese a todo, llegó el waiver

Meses después, pese a los tropiezos y las dudas, el Embajador Callahan sugirió finalmente a su superiora, la Secretaria de Estado que aprobara un nuevo waiver anual al Gobierno de Nicaragua, de acuerdo a la Sección 527 del Acta de Autorización de las Relaciones Exteriores, tomando en consideración que entre el primero de agosto de 2008 al 30 de junio de 2009 se habían resuelto 43 reclamos, interpuestos por 31 ciudadanos ante la Embajada de Estados Unidos.

Entre esos casos resueltos, refirió Callahan, hay 12 reclamos previamente desestimados bajo los decretos 3 y 38.

Sin embargo, en la comunicación diplomática se llama la atención de que a partir de julio de 2008, el Gobierno de Nicaragua empezó a calificar como “resueltos”, los casos cuyas resoluciones se publicaban en el diario oficial La Gaceta y cuyos bonos eran depositados en una cuenta gubernamental. Un total de 25 reclamantes, cuyos casos se ventilaban por la vía judicial, resultaron afectados con esa disposición.

“En mayo 22, el Embajador le dijo al Procurador General Estrada que el Gobierno de Estados Unidos no considera esos casos resueltos”, ya que la posición oficial de su gobierno es que debe estar precedido de una negociación y un acuerdo justo entre ambas partes.

Finalmente, el texto recuerda las implicaciones de la Sección 527, que prohíbe asistencia o apoyo económico por parte de Estados Unidos hacia aquellos países que no hacen esfuerzos por compensar justamente a los ciudadanos estadounidenses, cuyas propiedades fueran confiscadas.

“En el caso de Nicaragua, la prohibición podría afectar la asistencia de gobierno a gobierno relacionada a entrenamiento militar y equipamiento, combate al narcotráfico, reformas judiciales y electorales, desarrollo económico, implementación del CAFTA-DR, así como también nuestro voto en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo”, refiere el cable diplomático.

Para otorgar el waiver, sin embargo, enfatizan que se tomarán en cuenta los reclamos registrados en la Embajada de Estados Unidos antes del primero de agosto de 2005. Los nuevos casos tendrán que llevarse en bases de datos por separado.

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