La Ley 130 aprobada por la Asamblea Nacional en 1991, que deroga la Ley 92, Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en el marco de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, puede ser el documento que el embajador de Estados Unidos, Robert Callahan, dice tener en sus manos, y con el cual aseguró se cerró el caso del fallo de La Haya, que cataloga a su país de origen como agresor y que lo manda a pagar una indemnización a los nicaragüenses.
“Me da la impresión de que es la Ley aprobada en la Asamblea Nacional el día 5 de junio del año 91, que levanta la demanda que Nicaragua tenía introducida ante La Haya desde 1984. Sobre esta demanda, la CIJ había dicho que Nicaragua merecía una indemnización. Nicaragua preparó en tiempos del presidente (Daniel) Ortega, un documento donde estimaba los daños en 17 mil millones, y le pide a la Corte que se pronuncie, pero la Corte no llegó a pronunciarse sobre eso”, afirmó Antonio Lacayo, exministro de la Presidencia en el período de Violeta Barrios de Chamorro.
Sin embargo, la derogación solo dejaba las cosas como estaban antes de la ley 92, y el Embajador de Estados Unidos habla de un documento presentado a la CIJ. “Como yo dije recientemente, para nosotros el caso está cerrado, y en septiembre de 1991, un representante del gobierno de Nicaragua, el gobierno democráticamente elegido, fue a La Haya y retiró oficialmente el caso, y nosotros tenemos ese documento de La Haya”, dijo Callahan en un entrevista publicada en Confidencial, que publicamos en esta misma edición en la página 10B.
Una sentencia de la CIJ solamente se desestima con una comunicación directa del Gobierno de Nicaragua a la CIJ, pero esta aún no es conocida y podría ser el documento del que habla Callahan.
Los motivos de la Ley 130
Antonio Lacayo relató que al ganar Barrios de Chamorro la presidencia, también termina el plan quinquenal que tenía la Unión Soviética, con el que se apoyó a Ortega, y por falta de dinero no pudieron renovar el plan. La Unión Soviética se desintegró tiempo después.
Con este panorama asumió la expresidente Violeta Barrios de Chamorro, y Estados Unidos vio con “simpatía” esta toma de posesión, y el país norteamericano le aprobó un apoyo de 300 millones de dólares, para que Nicaragua pudiera comenzar a adquirir petróleo en Venezuela.
Señaló que en el marco de este apoyo, la expresidenta se sintió “incómoda” por tener un gobierno que daba un apoyo real y efectivo, “pero por el otro lado, es un gobierno demandado por nosotros, y esa demanda sigue pendiente porque Nicaragua no la ha retirado”, recordó.
Doña Violeta siente que eso no es correcto, y envía una ley y es respaldada por la Asamblea Nacional. Una vez respaldada se le hizo llegar a la CIJ. En verdad, el juicio ya estaba fallado, y para detener el pago de la indemnización hacía falta algo más que la certificación de la ley derogatoria.
No fue intercambio
Remarcó que la aprobación de la Ley que derogaba la Ley 92 no fue un intercambio, pero recordó que fue entregada en septiembre, cuando Estados Unidos anunció que condonaba la deuda de Nicaragua. “No recuerdo si fue en ese mismo momento que en señal de amistad y de cooperación, ellos perdonan la deuda y nosotros hicimos entrega de esa Ley, tal vez por eso (Callahan) hable de septiembre”, aclaró.
Añadió que antes de la entrega, Estados Unidos había dado el apoyo de 300 millones de dólares, y comenzó a apoyar en reabrir las relaciones con Nicaragua en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, relaciones que el gobierno del presidente Ortega había roto al dejarles de pagar la deuda.
“Miré hace poco al presidente Ortega atender a la delegación del BID, y su discurso fue de agradecimiento por el apoyo que daban a Nicaragua, y ese apoyo lo brinda porque Estados Unidos nos ayudó a abrir esa puerta y nos ayudó a pagar las deudas que estaban pendientes”, sostuvo Lacayo.
Leyes de último momento
Cuando el presidente Ortega pierde las elecciones en 1990, se envían a la Asamblea Nacional una serie de iniciativas de ley, entre ellas la Ley 92. “El espíritu de esa ley era que Estados Unidos se sintiera culpable y parara el envío de más ayuda a la Contra para detener la guerra. Eso ya lo habíamos logrado en febrero de 1990, que detiene la ayuda a la Contra y se desmoviliza. Eso lo sabe el presidente Ortega, bien que lo sabe”, enfatizó Lacayo.
Ortega con doble discurso
Consideró que este doble discurso y estas acusaciones del presidente Ortega no afectarán las relaciones con Estados Unidos, porque “ya están acostumbrados a que el presidente Ortega diga muchas cosas y haga otras diferentes”.
Puso de ejemplo que Ortega “habla de un capitalismo salvaje, pero tiene relaciones de amistad y de cooperación con el FMI, que es un poco el rector de ese capitalismo salvaje, según se distingue en sus discursos”.
Desviar atención
Lacayo considera que Ortega puede estar desviando la atención de los nicaragüenses para que no se fijen en problemas como el desempleo.
“Yo no veo al gobierno de Nicaragua realizando ninguna acción para recuperar ese dinero (de EU), y yo no veo ninguna acción, si pregunta en la Cancillería no hay gestión de nada. Es una forma de vender la idea de que algún día nos va a llover la plata del cielo y vamos a solucionar nuestros problemas, cuando en realidad los problemas de Nicaragua solo los podemos solucionar a través de la inversión, que es la que genera los empleos, y esa inversión a veces no viene porque debemos superar problemas como el de la justicia, de la Corte Suprema que no logra dar a los inversionistas seguridad y confianza de que aquí las leyes van a ser respetadas”, explicó Lacayo.
Lo que dicen las leyes
La Ley 92, del 6 de abril de 1990, establece que la sentencia de La Haya es un “patrimonio inalienable de todos los nicaragüenses”, y que deberá emplearse en “reparar los daños provocados por la guerra; indemnizar a las víctimas y a sus familiares, desarrollar materialmente el país, combatir el atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez mas justa de la riqueza”, además, establece que se destinará fondos para seguir con el proceso.
La Ley 130, del 19 de junio de 1991, deroga la anterior y es firmada por: Alfredo Cesar Aguirre, Presidente de la Asamblea Nacional, y por Fernando Zelaya Rojas, Secretario de la Asamblea Nacional, en ese entonces.
Ley no es “caso cerrado”
El Embajador de Estados Unidos aseguró la semana pasada que el fallo de La Haya y la indemnización eran “caso cerrado”, sin embargo Carlos Argüello Gómez, histórico agente jurídico de Nicaragua ante La Haya durante la sentencia de 1986, consideró que con una Ley de la República no se desestima el fallo de la CIJ, y explicó que lo que se detuvo fue como se dice en derecho, el tasamiento de la deuda.
“Eso (la sentencia) es un patrimonio de Nicaragua, y lo que se hizo en su momento fue suspender la tramitación ante la Corte, pero no se ha renunciado ni se podía renunciar a una indemnización que es de Nicaragua y del pueblo de Nicaragua”, señaló Argüello Gómez.
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