La tercera socia propietaria de esta sociedad, a la cual Telcor le adjudicó las frecuencias de los canales 13, en señal abierta y el 47 en la banda UHF, la abogada María Luisa Mejía Martínez, es una vieja conocida de la familia presidencial.
La abogada Mejía Martínez fue la notaria que inscribió en el 2002 en el Registro dos propiedades de la primera dama Rosario Murillo. Dichas propiedades están ubicadas en El Crucero, Managua y se trata de dos fincas llamadas Santo Domingo y La Chunga.
PROPIETARIA DE FARMACIAS
Mejía Martínez es oriunda de Jinotepe, Carazo, donde posee varios negocios, entre estos, tres farmacias y una tienda de venta de ropa. Fuentes vinculadas al Frente Sandinista aseguran que esta sociedad se denominó Celeste SA, precisamente en honor a la hija mayor de la abogada Mejía Martínez.
La existencia de estas dos propiedades fue revelada por una investigación periodística de LA PRENSA publicada en agosto del 2009. Esta serie de trabajos fue obstaculizada por la política de “cero transparencia” que aplica el presidente Daniel Ortega en lo referente a su patrimonio, quien se negó a que la Contraloría General de la República (CGR) hiciera pública su declaración de probidad, a solicitud de LA PRENSA.
Por lo tanto, no se pudo corroborar si estas dos propiedades se encuentran agregadas a la declaración de probidad del presidente Daniel Ortega.
La única información que se tiene sobre el patrimonio del mandatario es que el también secretario general del Frente Sandinista, antes de asumir su escaño en el parlamento en el 2002, declaró ante la CGR que supuestamente tenía un patrimonio que sumaba 217 mil 943 dólares.
Ese año, el cambio oficial del dólar estaba a 14.67 córdobas por un dólar aproximadamente.
PATRIMONIO BAJO LLAVE
No hay muchas esperanzas de que el presidente Ortega deje a un lado el secretismo con que maneja la totalidad de su fortuna hecha al amparo del poder que le da su cargo.
Fuentes vinculadas a la Dirección de Probidad de la Contraloría revelaron que a lo interno del ente fiscalizador existe una pugna interna entre los dos contralores sandinistas, Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq, sobre quién debería de resguardar la declaración de probidad del presidente Ortega.
A raíz de la solicitud de un medio de comunicación local pidiendo el acceso a las declaraciones de probidad de todos los candidatos que participarán en la contienda electoral de noviembre próximo, los dos contralores sandinistas se empezaron “a pelear” por ser quien resguarde la declaración de bienes de la familia presidencial.
PELEAN POR DEMOSTRAR QUIÉN ES MÁS SERVIL
De esta forma, los contralores sandinistas de facto quieren evitar que esta declaración de probidad se filtre de cualquier manera, ya que Ortega se negará a la consulta oficial que haga el ente fiscalizador sobre si está dispuesto a que se haga público su patrimonio.
Finalmente, la partida acerca de quién debería quedarse con la declaración del mandatario la habría ganado Montenegro, provocando la molestia del contralor de facto Pasos Marciaq.
LA PRENSA llamó al teléfono móvil del contralor de facto Montenegro para consultarle sobre estas versiones, pero siempre la llamada era dirigida a su buzón de voz. El contralor de facto Pasos Marciaq tampoco pudo ser localizado.
Los contralores de facto Pasos Marciaq y Montenegro, desde la llegada al poder del presidente Ortega, se han encargado de bloquear cualquier tipo de resolución que confirme actos de corrupción de aquellos personajes o funcionarios estrechamente vinculados con la pareja presidencial.
AMIGO DE ALEMÁN ABONA A LA CAUSA DE ORTEGA
A estos se le ha sumado en los últimos meses el contralor de facto de tendencia liberal Fulvio Palma, un amigo personal del expresidente y candidato en los comicios de noviembre próximo, Arnoldo Alemán. Palma fue quien con su voto bloqueó cualquier posibilidad de que la Contraloría auditara el uso de 157 cheques expedidos de forma anómala por la Alcaldía de Managua, reveló LA PRENSA en su edición del domingo pasado.
Los concejales Luciano García (conservador) y Leonel Teller (liberal), actualmente están acusados por injurias y calumnias, por denunciar que los fondos de estos cheques fueron presuntamente utilizados en supuestos actos de corrupción.
El juicio contra los dos ediles es promovido por la alcaldesa designada de Managua, Daysi Torres, y el secretario general de la Alcaldía y quien ejerce el verdadero poder en la comuna, Fidel Moreno Briones.
CONEXIÓN CELESTE S.A. Y LA FAMILIA PRESIDENCIAL
Las investigaciones de este Diario ya habían revelado las conexiones directas de los otros dos socios propietarios de Celeste SA, con la familia presidencial.
Sandra Roberta Guevara Álvarez, otra de las socias, es una abogada que trabaja con el presidente Ortega desde la década de los ochenta.
Sus oficinas registradas ante la Corte Suprema de Justicia se encuentran ubicadas en la secretaría del Frente Sandinista, que a la vez es la residencia personal del mandatario y Casa Presidencial.
Mohamed Lashtar, el tercer socio, es un ciudadano de origen libio. El sitio web WikiLeaks reveló cables diplomáticos del exembajador estadounidense Paul Trivelli, en que asegura que Lashtar es sobrino del dictador libio Muamar Gadafi, amigo personal del presidente Ortega y miembro de la inteligencia de ese país africano. Fue secretario personal del mandatario y actualmente ocupa un alto cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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