Mientras instituciones estatales y funcionarios públicos guardan silencio ante el escándalo suscitado por préstamos para viviendas sociales, expertos y analistas demandan transparencia y mayor control sobre las operaciones financieras de la institución que resguarda las futuras pensiones de 573 mil trabajadores.
A una semana de haberse destapado una presunta malversación de US$1.2 millones del INSS para un proyecto habitacional en Chinandega, mediante denuncia pública con nombres y apellidos, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría General de la República, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el INSS, ni la Presidencia de la República, han aclarado nada al respecto, pese a que la denuncia salpica a funcionarios de alto nivel de esas instituciones, incluyendo el nombre del presidente de la República, Daniel Ortega, de acuerdo con las denuncias.
Contrario al silencio de los funcionarios públicos y de los operadores políticos del partido de gobierno, voces independientes, técnicos y analistas, demandaron mayores controles de los recursos del INSS, mediante la aplicación de normas de seguridad y garantía de recuperación de las inversiones del Seguro Social frente a proyectos urbanísticos.
Deficiencias estructurales
El señor Robert J. Atha, consultor internacional, ingeniero constructor con larguísima experiencia en administración de proyectos, y con especialización en organización y gerencia de proyectos urbanísticos, dijo a EL NUEVO DIARIO que hay serias deficiencias estructurales en las operaciones del INSS, al operar como banco que financia proyectos habitacionales sin los rigores de calidad que ameritan tales relaciones comerciales.
“La institución --léase INSS-- que financia el desarrollo de la urbanización y la construcción de la vivienda, al desarrollador–constructor de la vivienda, como institución financiera que recibe depósitos del público, debe garantizar los préstamos que hace, con un adecuado análisis del proyecto que se financiará. Seguimiento y control de los desembolsos y control de la calidad de lo que se construye con dicho financiamiento”, observó en una carta que por iniciativa propia envió el pasado 25 de enero a diferentes instituciones, advirtiendo situación como las que ahora destapa EL NUEVO DIARIO.
La propuesta de Atha llegó al Banco Central de Nicaragua, al Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, a la Asociación de Microfinancieras, al Cosep, a la Cámara de la Construcción, a Amchan y a Cadur, única institución que le respondió políticamente agradeciendo el aporte, pero luego nadie más la consideró.
Exigencias imprescindibles
Según el experto, entre otras medidas, el INSS “dentro de las prácticas usuales de la construcción, debe exigir al desarrollador– constructor de la vivienda que está financiando, las respectivas fianzas–garantías contractuales” necesarias, como fianzas o garantías de contrato, que obliguen tanto al garante (compañía de seguros) que emite la fianza, solidariamente con el desarrollador– constructor de la vivienda, a responder ante el INSS por la debida ejecución de las obras cubiertas por el contrato de préstamo, y por el fiel cumplimiento con las estipulaciones, especificaciones, calidad, plazos, fechas de entrega de las viviendas, condiciones y convenios que forman parte del mismo”.
Y es que según el economista y analista financiero, José Dolores Gómez, las acciones en este caso del presidente ejecutivo del INSS, Roberto López Gómez, son tan graves, que ameritan una investigación seria y formal del caso, para garantizar la salvaguarda de los recursos de los trabajadores que el Seguro Social administra a discreción.
“En este caso, el INSS no actuó conforme lo hacen los bancos comerciales. La entrega de fondos, únicamente debe hacerse conforme avance de obras. No cabe la entrega a base de la firma de un contrato para todas las viviendas, cuando no se tiene construida una sola. Sobre esta denuncia caben acusaciones serias, formales y legales. No pueden seguir quedando impunes estas tropelías”, dijo.
Reglamento de inversiones autoaprobado
De igual modo se pronunció el analista en temas de Seguro Social, Jorge Antonio Toledo, quien demandó de las autoridades superiores al INSS, una revisión al reglamento de inversiones autoaprobado por el presidente del INSS.
En 2008, ante la Contraloría General de la República que investigaba el financiamiento del INSS al proyecto Casas para el Pueblo, y al Instituto de Previsión Social Militar, López admitió que el 11 de abril de 2007, días antes de que se aprobara uno de esos préstamos, el Reglamento de Inversiones del INSS fue modificado por el Consejo Directivo.
Ahí, el Consejo aprobó el artículo 11 que ahora debe leerse así: “Tipos de inversión conjunta: los tipos de inversión conjunta que deben ser aprobadas en el seno del Consejo Directivo, pueden ser los siguientes: 1) Inversiones en proyectos de construcción de viviendas en coordinación con otras entidades públicas o privadas…”
Toledo consideró que deben revisarse las inversiones que hace el INSS con la plata de los asegurados, pues el Reglamento de Inversiones dejó facultades exclusivas a López, para decidir con dos de sus subalternos el manejo de los recursos.
El artículo 4 de la citada normativa, establece que el Comité Técnico de Inversiones está conformado por tres personas: el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente y el Director de Estudios Económicos. Ahí se establece que para hacer quórum bastan solo dos miembros, y en caso de equilibrio, el Presidente Ejecutivo del INSS hará valer por doble su voto.
Bajo este reglamento, el INSS ha otorgado créditos a allegados del gobierno del presidente Ortega, como en el caso denunciados por Acosta Castellón, donde el exmiembro del Consejo Directivo del Seguro Social, Leonardo Torres, aparece denunciado de usar testaferros para gestionar fondos de los asegurados en un proyecto habitacional fallido que ahora administra Francisco López, tesorero del FSLN, luego de un escabroso episodio de denuncias de malversación.
Para Toledo, las autoridades deben exigir al INSS que aclare la situación de los fondos que colocaron en la construcción de viviendas sociales desde 2008, de los cuales no se han rendido cuentas en el sentido de “si el INSS está ganando o no por tener el dinero colocado en ese programa”.
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