La multa de 800.000 córdobas (unos US$35.715 dólares), impuesta de forma arbitraria por el juez tercero local penal de Managua, Ernesto Rodríguez, en contra del concejal capitalino de la bancada opositora, Luciano García, por haber "injuriado y calumniado" a un funcionario sandinista que no fue electo democráticamente, ha provocado una ola de protestas y de indignación en un sector importante de la sociedad nicaragüense.
"Demandar transparencia y cuentas claras es un derecho ciudadano y también un deber ineludible de las actuales generaciones. Sin embargo, un insólito juicio y una execrable sentencia, lo culpabiliza por ejercer derecho y cumplir con su deber. Hoy fue Chanito (García), mañana puede ser cualquiera. Fundamentalmente la acción abusiva e ilegal está dirigida a acallar a toda la ciudadanía, a que nos auto censuremos y no opinemos, no demandemos, no exijamos", reza una declaración cívica denominada "Managua indignada".
El concejal fue hallado culpable la semana pasada de injurias y calumnias en perjuicio del secretario general de la Alcaldía de Managua, el sandinista Fidel Moreno, al que vinculó con presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y peculado.
El juez tercero local penal de Managua precisó este lunes que el monto de la multa equivale a 300 días de salario del concejal opositor, que es con lo que se castigan los delitos de injurias y calumnia de acuerdo con la legislación local.
"Esta multa deberá pagarse dentro de 30 días después de haber quedado firme la sentencia", indicó el juez, quien también ordenó a García retractarse de sus dichos contra Moreno en un medio de comunicación escrito.
La justicia nicaragüense aún debe pronunciarse sobre otra causa contra García por injurias y calumnias en perjuicio de la alcaldesa de Managua, Daysi Torres.
Campaña de solidaridad
García denunció en marzo pasado ante el Ministerio Público tanto a la alcaldesa y como al secretario general de la Alcaldía de Managua por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y peculado.
En la denuncia, que fue desestimada por el Ministerio Público, el concejal señaló el desvío hacia actividades político-partidistas fondos de una contrapartida de 6 millones de dólares destinada a un proyecto de manejo de desechos sólidos.
Por ese caso una juez de Managua condenó a nueve años de prisión a dos exfuncionarios de menor rango de la Alcaldía de Managua.
Durante ese juicio, los sentenciados Germán Palacios y Mario Cortéz, exadministrador de fondos de cooperación externa y contador auxiliar de la Alcaldía de Managua, respectivamente, indicaron que recibieron "orientaciones" de desviar los fondos públicos para el pago de alimentación de los seguidores de Ortega.
Ambos exfuncionarios señalaron a Moreno y a la actual directora ejecutiva de Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), Loida García, de haber dado esa orden y recibir el dinero.
"No nos llamemos a engaño, este juicio, esta sentencia, esta condena es un claro acto de persecución política para impedir que señalemos la corrupción, para que no demandemos la responsabilidad de cuentas claras al gobierno, para que no exijamos transparencia en el gobierno, para que no pretendamos controlar las acciones del gobierno. Porque este juicio y esta condena es en contra cada uno de nosotros, nos declaramos indignados y a una sola voz decimos ¡¡¡¡MANAGUA ESTÁ INDIGNADA!!!", reza la proclama cívica y ciudadana.
"La bárbara sentencia impone una ilegal multa, como las que se imponían en el pasado somocista que vuelve a encarnarse en el orteguismo, a través del coronel Luna, el esbirro de entonces que aplicaba el código negro a los periodistas que se atrevían a denunciar al régimen. Al igual que entonces, que solicitábamos al pueblo su apoyo para pagar aquellas ilegales multas, recurrimos de nuevo a la fuerza del pueblo para iniciar la Campaña del Peso Indignado", concluye la proclama dada a conocer hoy en conferencia de prensa en el Movimiento Por Nicaragua.
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