La jornada de huelga de 48 horas que comenzó ayer en Grecia continúa hoy con nuevos episodios de violencia entre policías y encapuchados en el centro de Atenas. Nueve transeúntes han sido trasladados a hospitales con crisis respiratorias, mientras que el ambiente es irrespirable por el uso de gases lacrimógenos por los antidisturbios. La cuarta huelga general del año (la última, hace dos semanas), convocada durante 48 horas, sacó ayer a las calles de Atenas a unas 20.000 personas -menos que en la tercera, hace dos semanas- y a unos pocos centenares de encapuchados, que, armados de banderas negras, sofisticadas máscaras antigás y mazos, reventaron la indignada tranquilidad con que habían discurrido las dos marchas de la mañana.
El mismo escenario se reprodujo en las concentraciones celebradas a última hora de la tarde, con el resultado total de decenas de heridos y una veintena de detenidos. Alrededor del Parlamento se desplegaron más de 4.000 policías, que se vieron desbordados en determinados momentos por las tácticas de guerrilla urbana de los grupos antisistema.
Hoy es la segunda jornada de la huelga, un día en el que además el Parlamento afronta una votación decisiva: la aprobación del plan de ajuste 2012-2015, imprescindible para el desbloqueo del quinto tramo del rescate acordado por la UE y el FMI en mayo de 2010. Sin los 12.000 millones de euros de esa dosis, Grecia se declarará insolvente en julio.
Los manifestantes enarbolaron pancartas que decían: "No podemos más". Otras indicaban un más que plausible escenario de futuro: "No vamos a pagar". Liderados por los dos sindicatos mayoritarios, la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE, sector privado, con 472.000 afiliados, según los últimos datos) y Adedy (función pública, con 311.000 afiliados), el paro se dejó sentir especialmente en astilleros, refinerías, medios de transporte -salvo el metro de Atenas, que la desconvocó de madrugada-, puertos y empresas metalúrgicas. La maquinaria sindical sigue perfectamente engrasada desde que empezaran las movilizaciones contra la política anticrisis del Gobierno, en febrero de 2010. A su indudable capacidad de convocatoria se suma la presencia en las calles del movimiento de los indignados, con sus propias marchas.
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