Ortega viola otra vez el ordenamiento jurídico

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Como una nueva violación al ordenamiento jurídico del país fue calificada, por especialistas en Derecho Constitucional, la disposición del presidente Daniel Ortega de ignorar por tercer año consecutivo el decreto 50-90 que establece la Promesa a la Bandera.
Ortega la sustituyó por un improvisado juramento en el que pidió a los asistentes al acto oficial de celebración del 189 aniversario de la Independencia de Centroamérica y 154 aniversario de la Batalla de San Jacinto, asumir el espíritu cristiano y solidario con que identifica a su gobierno.
El decreto legislativo 50-90 está vigente desde el 7 de septiembre de 1990 y establece que la Promesa a la Bandera la efectuará el funcionario designado, diciendo: “Prometéis solemnemente ante Dios, la Patria y Mártires y Héroes Nacionales, por vuestro honor y dignidad ciudadana, respetar, honrar y defender nuestra bandera azul y blanco, símbolo de nuestra independencia, libertad y soberanía”.
Sin embargo, en medio del acto en que destacaban las banderas rojinegras del partido de gobierno, relegando a la azul y blanco de la patria, el presidente Ortega lo que dijo fue: “Todos juramos ante Dios, ante la patria, ante nuestra bandera seguir defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Seguir comprometiéndonos en el estudio y en la formación en todos los campos, incluyendo el campo cultural y el campo deportivo. Seguir contribuyendo al bienestar de nuestro pueblo, comprometidos con la solidaridad que es el principio cristiano de amarnos los unos a los otros”.
Para Cairo Manuel López, especialista en Derecho Constitucional y ex presidente de la Asamblea Nacional, evadir el cumplimiento de esta disposición jurídica conlleva también una violación de los artículos 130 y 183 de la Constitución, que establecen la primacía constitucional de que ningún funcionario, autoridad o poder tiene más atribuciones que las conferidas expresamente a través de la Constitución y las leyes de la República.
Para López, estas faltas contra la Constitución que el presidente Ortega comete constantemente deberían denunciarse.
Sin embargo, eso no ocurre, y lo atribuye a que quizás los ciudadanos y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos consideran que ante la “subordinación” y “supeditación” de la autoridad judicial ante la voluntad de un partido político, y sobre todo de la presidencia de la República, estos esfuerzos serían inútiles.