San Pedro Sula, Honduras
TOMADO DE LA PRENSA HONDURAS
Las pandillas mafiosas que azotan América Central, conocidas como “maras”, mantienen en vilo a varios Gobiernos, que multiplican leyes y normas para combatir a los miles de integrantes de estos grupos surgidos un cuarto de siglo atrás en los barrios hispanos de Los Ángeles en Estados Unidos.
Estos grupos delictivos tienen sometido a su merced al transporte en Honduras, Guatemala y El Salvador, ya que compiten con empresarios del transporte colectivo, según las investigaciones.
Un estudio efectuado por el general de división (Usaf, ret.) Richard B. Goetze hijo y el doctor Thomas Bruneau, ambos de nacionalidad estadounidense, concluye que “en Centroamérica las pandillas han establecido pequeños negocios y mantienen sometidos a los transportistas”.
Información de inteligencia de la Policía de Honduras indica que la mara Salvatrucha ha amasado tanta fortuna, producto de las extorsiones y tráfico de drogas en Centroamérica, que está invirtiendo en el transporte ejecutivo, ordinario y de carga.
Los mareros, después de ser utilizados como “mulas del narcotráfico” o sicarios, se cansaron de servir a los carteles de la droga y ahora, en forma exclusiva, distribuyen y transportan drogas y armas en Centroamérica, y en la actualidad tienen capacidad empresarial, según el informe.
“Está de más decir que compiten injustamente. Emplean la violencia contra los competidores y se autoalquilan a otros negocios, como las compañías de autobuses, para intimidar a la competencia”, citó el investigador Goetze.
Las autoridades dicen que el comportamiento de las pandillas corrompe a otros negocios, porque se inmortalizan a sí mismas y esto puede degenerar en una espiral de violencia.
Expertos se preguntan qué hacen con el dinero que recaudan. No pagan impuestos y sus instalaciones y equipo no son costosos.
¿Comprarán negocios legítimos y sobornarán a funcionarios del Gobierno, inclusive a la Policía? Es la pregunta que se hace Goetze en su informe sobre las maras.
“Impuesto de guerra”
Según el informe, los empresarios del transporte público de El Salvador pagaron en 2009 más de US$9.2 millones por extorsiones a los pandilleros, quienes en lo que va de 2010 han asesinado a 107 personas, entre conductores y cobradores, convertidos en blanco favorito de la delincuencia.
El pago de la extorsión bajo amenazas ha llevado a muchos empresarios a cerrar sus negocios.
Mientras tanto, en Guatemala, unos US$9 millones reciben al año las temibles pandillas que extorsionan a empresarios, comerciantes, transportistas y personas comunes. Un estudio elaborado por el Consejo Asesor de Seguridad, formado por representantes de la sociedad civil, determinó también que uno de cada 10 guatemaltecos ha sido víctima de extorsiones.
Ley antipandillas
La ley antipandillas salvadoreña comenzó a tener en vigor el pasado lunes, mientras en países vecinos se teme que la norma genere la huida de delincuentes hacia donde se les castigue con menos severidad.
Ante esta ley, que busca contener la violencia que desangra a El Salvador, donde se registran entre 10 y 13 asesinatos por día, los pandilleros buscaron paralizar el transporte público hace tres semanas para impedir su sanción presidencial. La semana pasada, en Honduras, cuatro salvadoreños, miembros de la mara Salvatrucha, fueron detenidos en la zona fronteriza, mientras que en Nicaragua fue detenido un peligroso jefe pandillero, también salvadoreño.
El secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, Francisco Rojas, llamó la atención sobre que las pandillas habían desaparecido de la agenda informativa de la prensa en los últimos dos años debido al auge del combate contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
En su opinión, la respuesta de los Gobiernos al fenómeno de las maras ha sido equivocada y destacó que las políticas de “mano dura” han puesto en la cárcel a muchos líderes de pandillas que desde prisión lograron coordinar a grupos antes dispersos.
El problema continuará en la región sin solución clara, pues no se están atacando las causas, es decir, los problemas económicos, el desempleo, la falta de oportunidades y de educación de los jóvenes, que se sienten discriminados y en desventaja, destacó Rojas.
Organizaciones mafiosas
“Las investigaciones hechas durante 15 años demuestran que las pandillas son el resultado de la confluencia de factores de orden social, económico, político, institucional y geopolítico”, declaró la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, UCA, Jannet Aguilar. La socióloga explicó que también las maras son el resultado de “familias disfuncionales que no asumen su papel de tutela” y también de los Estados que privilegiaron la represión y no alentaron “verdaderas” oportunidades educativas y laborales.
En El Salvador, donde el fenómeno toma mayor fuerza, las maras son verdaderas organizaciones mafiosas implicadas en tráfico de drogas y armas, extorsión y secuestros, y dieron muestra de su poder a comienzos de este es, al imponer un paro de autobuses de tres días para tratar de impedir la promulgación de la ley que las proscribe.
La Mara 18 y la Mara Salvatrucha, las dos pandillas más famosas, surgieron en la década de 1980 en barrios ‘latinos’ de Los Ángeles y se extendieron a Centroamérica tras la deportación de miles de inmigrantes desde Estados Unidos a sus países de origen. Las maras, abreviación de marabunta, hormiga devoradora de la Amazonia, tienen miles de miembros en países como Guatemala y Honduras, donde las tasas de criminalidad también están entre las más altas de América Latina.
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