Gobiernos del istmo descuidan alimentación de los más pobres

TOMADO DE LA NACION DE COSTA RICA
Aún y cuando es su compromiso, la mayoría de Gobiernos centroamericanos son incapaces de asegurar el derecho a alimentarse de toda su población.La brecha entre salarios mínimos y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la ausencia de estadísticas y controles y el poco financiamiento público a programas que aseguren este derecho evidencian un descuido político de esta necesidad básica.

Entre finales del 2006 y el 2009, la región tuvo un repunte promedio del 25% en el costo de la CBA por la crisis mundial en alza en los precios de los alimentos y la energía (electricidad y combustibles) indican análisis del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica.

En ese lapso, el salario mínimo legal en el istmo creció un promedio de 18%: siete puntos debajo del incremento del costo de la CBA; diferencia que casi ningún Gobierno regional ha cerrado.

El efecto de esta brecha se evidencia en la desnutrición crónica y retardo en tallas de menores por una ingestión deficiente de alimentos en zonas rurales. Ahi viven las familias más pobres, sin ingresos suficientes para un salario mínimo que permita adquirir los alimentos necesarios.

Bienes como el aceite vegetal, maíz, arroz, huevos y pan dulce incrementaron del 6% al 21% su valor del 2006 al 2009 según producto y país, afirma PESA.

Alimentar a la gente es obligación adquirida desde 1966 por los Estados del área al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; acuerdo vinculante que consagra ese derecho básico. Nicaragua y Guatemala (donde los problemas son más graves) incluso refuerzan este mandato con leyes de seguridad alimentaria. La realidad, no obstante, es que tal mandato es una promesa incumplida.

Agenda olvidada. Luis Monterroso, director del Observatorio del Derecho a la Alimentación de Guatemala, señala que los Gobiernos, en la práctica, diluyen esta prioridad en su agenda pública y sus acciones semejan más reacciones espontáneas a emergencias temporales que una política de seguridad alimentaria a largo plazo.

“Ningún Gobierno persigue equiparar el salario mínimo a cada alza en el costo de la canasta básica alimentaria. Cada negociación salarial la definen empresarios y en atención solo de sus propios intereses”, afirma Monterroso.