Más golpes al INSS

Más de 134 millones de córdobas de las reservas técnicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dados en crédito para proyectos de “viviendas sociales”, están siendo reclamados por las autoridades de esa institución luego de que los fondos fueran aparentemente desviados de los proyectos para los que fueron desembolsados.
Así lo confirmó el rotativo EL NUEVO DIARIO luego que un empresario vinculado a uno de los proyectos habitacionales denunciara públicamente a un exmiembro del Consejo Directivo del INSS de haber malversado parte de los fondos emitidos por el Seguro Social y a funcionarios allegados al gobierno y al FSLN de participar en una operación de “rescate” de los fallidos proyectos financiados con los fondos de los asegurados.


La denuncia de don Carlos
El proyecto urbanístico San Carlos, de 438 viviendas de interés social en 20.7 manzanas de tierra ubicadas detrás de la antigua estación del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, en la ciudad de Chinandega, fue truncado debido al despilfarro de los fondos del INSS, denunció el ingeniero Carlos Acosta Castellón, exgerente de proyecto de la empresa urbanizadora Viviendas Económicas de Nicaragua Sociedad Anónima (Vienicsa).
Con abundantes documentos, el denunciante aseguró ante EL NUEVO DIARIO que él comenzó una negociación con el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), para la construcción del proyecto habitacional en Chinandega, pero que el exmiembro del Consejo Directivo del INSS, Leonardo Torres Céspedes, lo convenció de no seguir tratando con el brazo financiero del Ejército a cambio de gestionar los fondos ante el INSS y crear una empresa urbanizadora administrada por ambos.
“Leonardo Torres Céspedes me dijo que no continuara negociando con el IPSM, porque él iba a conseguir un préstamo de cuatro millones de dólares. Me solicitó que presentara un estudio y constituí la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua Vienicsa”, explicó Acosta Castellón, quien como socio de la empresa, vendió una finca para la urbanización.
“El 15 de octubre de 2008, la empresa presentó solicitud de financiamiento ante el INSS por un monto de 2 millones 500 mil dólares, y en el texto de la solicitud expone la forma de pago del terreno, plasmando el saldo de 150 mil dólares a favor del vendedor. Cuatro meses después se aprueba el préstamo, cuya garantía fue mi tierra”, dijo.
El costo de la tierra se cifró en 621 mil dólares, de los cuales al empresario se le pagaron 471 mil dólares, quedando en deuda los restantes 150 mil dólares que él reclama ahora en juicios contra Céspedes y otros directivos
De acuerdo con la denuncia del frustrado inversionista, el Director General Jurídico del Seguro Social, Elías Antonio Guevara Ordóñez, el 11 de junio de 2009 le remitió copia a Giovanni Léster Meza Guevara, representante legal de Vienicsa, de la escritura pública 46, “Aclaración y Aplicación a Mutuo con Garantía Hipotecaria”, suscrito entre Roberto José López, Presidente Ejecutivo del INSS y el referido funcionario de la empresa habitacional.
El escrito expresaba que se otorgaba facultades especiales a Meza Guevara, para que se presentara al INSS o ante cualquier institución del Sistema Financiero Nacional a solicitar, gestionar, obtener y suscribir el otorgamiento de un préstamo de 2.5 millones de dólares para ser utilizados en el desarrollo del proyecto habitacional, de los cuales sólo sacaron 1.2 millones de dólares, con lo cual pagaron el 75 por ciento del valor de la finca dada en venta por el denunciante Acosta Castellón.

Se quedó con el mandado
A través de un comunicado, Acosta Castellón aseguró que el 13 de octubre de 2009, la empresa Vienicsa pasó a ser controlada por Leonardo Torres Céspedes, quien alteró la participación accionaria de la empresa constituida.
Manifestó el denunciante que el 29 de abril de 2009, el INSS realizó el primer desembolso de 600 mil dólares, y que en la primera semana de mayo él constató la malversación de ese dinero, ocupando contratos falsos de mejoras a las viviendas aun sin construir y una planilla de 12 mil dólares mensuales, la cual no estaba planificada en el plan de inversiones.
“El 12 de mayo de 2009, luego de la primera operación de Vienicsa, expuse ante la junta directiva mi inconformidad por la incorrecta utilización de los fondos provenientes del INSS, por lo que Torres Céspedes ordena mi despido”, denunció el empresario, quien en ese entonces era gerente de la urbanizadora financiada por el INSS.
Como una muestra del supuesto saqueo de los fondos de la empresa por parte de Céspedes, está un contrato suscrito con la empresa Superior Cabinets Nicaragua S.A. por la instalación de gabinetes de cocina a 438 viviendas, hasta hoy inexistentes: “así sacó ilegalmente mediante dos pagos, 100 mil 787 dólares”, denunció Acosta Castellón.
Afirmó que Torres Céspedes se ufanaba de representar y hablar en las sesiones de trabajo en nombre de Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo cual según el denunciante, era evidente porque las autoridades superiores del INSS obedecían todo lo que proponía Torres Céspedes.
“Me han robado mi futuro, lo único que encontré fue una especie de rapiña porque cuando empezó a venir el dinero, Torres Céspedes empezó a inventar contratos. Sacaron 30 millones de córdobas, y no han construido ni una casa, ahí está el terreno vacío”, expresó.

Chico López en acción
Según Acosta Castellón, desde la Presidencia de la República se ordenó al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, no continuar desembolsando dinero a Torres Céspedes, por lo que Francisco López, presidente de Alba Petróleos de Nicaragua ALBANISA y tesorero del FSLN, se hizo cargo de la directiva de Vienicsa, lo cual a su criterio le confirmó que en realidad Torres Céspedes hablaba en nombre del hijo de la pareja presidencial.
Una vez que el INSS ordena el cese de entrega de los fondos a Vienicsa y Torres Céspedes, aparecen en escena los mismos altos funcionarios y operadores políticos del FSLN y del presidente Ortega, reclamando los fondos y los proyectos en cuestión.
“López se apoya en el fiscal Armando Juárez, a quien entregué documentación por recomendación de las autoridades del INSS. Francisco López me prometió cancelar la deuda (de 150 mil dólares), y Juárez organizó una intervención legal de la empresa Vienicsa; hacen que Leonardo Torres, regrese las acciones y sustituyen a los accionistas”, denunció el empresario
Según uno de los miembros de la nueva junta directiva de Vienicsa, confirmó anoche a EL NUEVO DIARIO que en efecto las órdenes vinieron de la Presidencia para “rescatar” los 1.2 millones de dólares otorgados para la urbanización San Carlos y que el mismo fiscal Armando Juárez, en calidad de asesor jurídico, les confió que investigaban e intentaban recuperar otros desembolsos hasta por 7 millones de dólares que se habrían emitido del INSS para dos proyectos habitacionales más: Llanos del Mombacho en Granada y Valles de Sandino, en Managua.
De acuerdo con las denuncias, el actual operador financiero del proyecto fallido en Chinandega es Francisco López, quien busca de cualquier modo recuperar el dinero y echar adelante el proyecto de viviendas sociales que se financia con fondos del Seguro Social.
Acosta Castellón aseguró que entre los nuevos accionistas de Vienicsa está un hijo del presidente del IPSM, General Oscar Mojica, de nombre Oscar Danilo Mojica Aguirre, quien ahora tiene el sesenta por ciento de las acciones de la empresa habitacional luego de la intervención de la empresa por López, Juárez y Roberto López
“El ingeniero Mojica Aguirre me decía que él era mandado por órdenes superiores, ahora no me responde su celular”, afirmó Acosta, quien mencionó como testaferros de Francisco López a Erick José Ortega y Gerald Sequeira, directivos de la nueva administración de la empresa de viviendas intervenida.
Según el denunciante, su caso llegó a altas esferas del Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República y a los juzgados en demanda de pago por la tierra que él dispuso para el proyecto truncado, pero que en ninguna de las instituciones le dieron respuesta y, por el contrario, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que representan al FSLN, le dijeron que se olvidara del asunto y agradeciera que no lo echaban preso por reclamar los 150 mil dólares pendiente de cancelación por la venta de la finca, cuyos terrenos en donde deberían estar las casas, está en abandono.

PGR se desliga
Acosta Castellón dijo que Vanesa Rodríguez, asistente del Procurador General de la República, Hernán Estrada, le comunicó que recientemente esa institución no intervendría en el caso porque estaba en manos del Poder Judicial y no había afectaciones al patrimonio del Estado.
Esto fue, según el denunciante, luego que él denunciara el caso ante el Procurador Hernán Estrada, al considerar que los bienes del Estado estaban siendo malversados por Torres Céspedes y compañía.