Lima. Con un saldo, aún provisional, de cinco muertos y cerca de 40 heridos, algunos de ellos de gravedad, la protesta que los pobladores de Azángaro (provincia de la región de Puno) mantienen en la ciudad de Juliaca basada en reivindicaciones antimineras derivó hoy en una jornada de duelo por los fallecidos.
Según informó a Efe el coordinador de la Defensoría del Pueblo en la ciudad, Jacinto Ticona, durante la jornada de hoy no se han registrado nuevos enfrentamientos con la policía, pero Juliaca, importante punto comercial del sur de Perú, está totalmente paralizada.
"La gente está concentrada en solidarizarse con los deudos de las víctimas", afirmó Ticona, quien añadió que más manifestantes han llegado desde poblaciones cercanas para sumarse a las protestas en una Juliaca donde, además, prácticamente no hay hoy presencia de la policía.
A las concentraciones y velorios se sumó un grupo de 200 personas que regresó al aeropuerto Manco Capac, cuyo intento de toma prendió ayer la mecha de los duros enfrentamientos.
Sin embargo, hoy la policía sólo se mantiene presente en algunos pocos edificios de carácter institucional, con el objetivo de evitar nuevos choques y víctimas.
Al luto se sumó también el Gobierno regional de Puno, que declaró tres días de duelo en solidaridad con las víctimas y heridos y destacó la conmoción que han generado las muertes entre la población.
El presidente García, quién presidió hoy un consejo de ministros extraordinario, compareció ante la prensa para, en primer lugar, "lamentar y deplorar la pérdida de vidas humanas" y, segundo, señalar el que considera objetivo político de las protestas que se viven en Puno desde hace más de un mes.
"Aquí hay oscuros intereses políticos que exigen su parte del poder. En ese sentido, lo que se busca es presionar al próximo gobierno haciendo estas advertencias. Como presidente, colaboraré para que la calma vuelva y para evitar que nadie interfiera en la transición de gobierno", afirmó el mandatario peruano.
García, que abandona su cargo el próximo 28 de julio para ser relevado por Ollanta Humala, también señaló que el intento de toma del aeropuerto dejó éste inutilizable y con daños estimados en dos millones de dólares y defendió la labor realizada por la policía, que actuó "como corresponde".
El presidente de Perú señaló que el Ejecutivo ha buscado soluciones a los conflictos de Puno con acciones que han "ido más allá de su propia voluntad", como la cancelación del proyecto Santa Ana, de la minera canadiense Bear Creek.
Del mismo modo, señaló que se han alcanzado acuerdos para solucionar tanto la protesta de los pobladores de etnia aimara en el sur de Puno, que buscan la cancelación de concesiones mineras cerca de la frontera con Bolivia, como la de los manifestantes de etnia quechua en Azángaro, zona norte de la región.
Estos últimos fueron los involucrados en los sucesos de ayer en Juliaca y en protestas contra la minería informal que desde hace más de diez años contamina el río Ramis.
Por su parte, el presidente electo, Ollanta Humala, pidió al Gobierno central y a los líderes de Puno que "depongan las acciones violentas y busquen una solución pacífica a los problemas a través del diálogo".
El representante de la Defensoría del Pueblo en Juliaca también confirmó que durante la pasada noche se registraron saqueos y destrozos en locales comerciales, aunque explicó que estos desmanes no fueron ocasionados por los huelguistas sino por otras personas "de mal vivir" que se aprovecharon del caos reinante.
Otros medios también informan que las carreteras de Juliaca a Arequipa y Cuzco, dos de las principales ciudades del sur de Perú, permanecen cortadas por los manifestantes.
Aunque las protestas en Juliaca de los pobladores de la región de Azángaro ocurren de forma paralela a las que desde hace un mes se registran en la zona sur de Puno, ambos conflictos sociales tienen agendas, actores y objetivos distintos.
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