lunes, 6 de septiembre de 2010

Gobierno discrimina a medios no oficiales

MANAGUA
El Estado y el Gobierno actuales de Nicaragua han dejado de garantizar y facilitar el derecho a la libertad de prensa, según Jan Keulen, director del Programa de Capacitaciones de la organización holandesa Free Voice, que el sábado concluyó una visita de trabajo a Managua.
“Me llama mucho la atención el papel del Estado y del Gobierno, que no parece ser un papel muy positivo para estimular la libertad, la pluralidad, la diversidad de la prensa, porque me da la impresión de que se hace aquí una clara diferencia entre los que son medios que están afines al partido gobernante y al Gobierno y a los demás medios”, dijo el especialista.

Keulen vino a Nicaragua a impartir un taller sobre libertad de prensa a un grupo de periodistas y defensores de los derechos humanos, junto con expertos del organismo internacional Article 19, que también defiende la libertad de expresión.
La visita coincidió con el más reciente hostigamiento al diario La Prensa, de parte del Gobierno de Daniel Ortega.
KEULEN: “HAY RETROCESO”
La primera vez que el holandés Jan Keulen estuvo en Nicaragua fue entre 1987 y 1992, durante los últimos años de la guerra civil y el principio del proceso de desarme y democratización del país.
Aunque Keulen prefirió no comentar la última forma de acoso del Gobierno de Ortega contra LA PRENSA, porque su nueva visita duró menos de cuatro días, afirmó que tiene la impresión de que el respeto al derecho a la libertad de prensa, de parte del Estado y el Gobierno, “va hacia atrás, que hay un retroceso en realidad”.
Keulen criticó la falta de garantías y facilidades para el respeto a la libertad de prensa, que “es un deber del Estado”.
Comentó que asegurar ese respeto “no ocurre aquí en este país”, a pesar de que es un derecho que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está ratificado en la Constitución Política nacional.
PERSISTEN OBSTÁCULOS
El viernes reciente, el Oficial Adjunto del Programa de Libertad de Expresión de Article 19, Omar Rábago, dijo que detrás de la resolución con que el Ministerio del Trabajo (Mitrab) ordena el reintegro de 23 repartidores de LA PRENSA, que estaban contratados por servicios, pueden haber “intereses subyacentes”, “más políticos”, que buscan limitar el ejercicio de la libertad de expresión de este Diario.
La mexicana Carla Aguirre, otra Oficial Adjunta del Programa de Libertad de Expresión de Article 19, que acompañó a Keulen y Rábago, agregó que “quizá las agresiones contra estos derechos (libertad de prensa y de expresión) en Nicaragua no alcanzan los niveles de México y Honduras, pero sí es un problema y no tenemos que esperar hasta llegar ahí”.
Aguirre expuso que Article 19 considera que la región centroamericana presenta problemas comunes, “muchos a nivel legal”, sobre el respeto de estos derechos.
Uno de los problemas, en que está incluida Nicaragua, es la criminalización del delito de difamación; y a pesar de que han pedido al Estado que sea ventilado por la vía civil y no penal, los representantes del Gobierno actual han justificado que esta figura de “difamación” no existe aquí porque se le conoce como delitos de injuria y calumnia.
CONSCIENTES DE AMENAZAS
En el taller sobre libertad de prensa, acceso a la información pública y seguridad para periodistas participaron unos veinte periodistas y defensores de derechos humanos del país.
Durante el taller los participantes se mostraron informados y conscientes sobre las amenazas que enfrenta la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Mauro Ampié, abogado y directivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fue uno de los participantes.
Entre esas amenazas mencionaron la política de secretismo del Estado, el centralismo en el ejercicio del poder que impide el acceso a las fuentes eventuales de información y la actitud intolerante respecto al ejercicio de estos derechos.
Además, los privilegios para medios oficialistas y las restricciones para otros, las presiones tributarias y las amenazas de muerte a periodistas locales, entre otros.
FALTA APLICAR LEY 621
Aguirre comentó que a pesar de cierto desarrollo en el marco jurídico para fortalecer el ejercicio de la libertad de prensa y expresión a través de una Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621, aprobada en mayo del 2007), Nicaragua aún presenta varios obstáculos, comenzando por la implementación de ésta.
Otros obstáculos que destacó son el manejo discrecional de las asignaciones publicitarias para los medios de comunicación, que considera un método indirecto para la censura y promoción de la autocensura, y el secretismo como política de comunicación oficial.
El holandés Jan Keulen, de Free Voice, y la mexicana Carla Aguirre, de Article 19, coincidieron en que Honduras es el país centroamericano donde el respeto a la libertad de prensa está más deteriorado. Ahí nueve periodistas fueron asesinados entre febrero y junio de este año. Kaulen lamentó que “el Gobierno casi no hace esfuerzos para aclarar esos crímenes”. México crece como el peor de todo el continente, en medio de una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que cada mes cobra la vida de al menos un periodista.

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