Después de casi dos años de caída acelerada en su cartera financiera y de clientes, las microfinancieras necesitan tres condiciones claves para encaminarse a la recuperación: aprobación de la Ley de Asociación de Microfinanzas, recuperación de la cartera vencida en manos de los morosos y reconquistar la confianza de los fondeadores internacionales.
La tarea no es fácil, pero los primeros pasos se están empezando a dar. Para octubre, la Asamblea Nacional podría llevar a discusión y aprobación en el plenario la Ley de Asociación de Microfinancieras, que permanece engavetada desde hace más de cinco años.
Con la aprobación de la ley, que regulará las funciones de las microfinancieras y propiciará un clima de confianza jurídica que buscan los fondeadores internacionales, los diputados intentarán apoyar a las instituciones de microfinanzas a levantar cabeza.
Pero antes de la aprobación de la Ley, las microfinancieras piden que se resuelva la crisis que actualmente viven con el movimiento conocido como los No Pago, integrado por unos 10 mil morosos del país y liderado por ex dirigentes políticos afines al Gobierno.
Es una pasadilla para la industria de microfinanzas que empezó a finales del 2008, cuando un reducido número de deudores de Jalapa y Ocotal decidieron formar un movimiento, y fueron alentados por el presidente Daniel Ortega para que se levantaran contra las financieras, llamado que dio paso a una rápida expansión del movimiento en el resto del país.
El presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), René Romero, señaló que lo más lamentable es que el movimiento haya destruido en menos de dos años lo que como sector venía construyendo: la cultura del sí pago.
Los efectos de la crisis económica que azotó al país y el movimiento conocido como los No Pago provocaron que las actividades microfinancieras cayeran en más del 20 por ciento en el 2009, después de crecer más del 30 por ciento en años anteriores.
Romero señaló que para hacer desaparecer el movimiento No Pago, se requiere que el Gobierno deje clara su posición sobre la demanda que los morosos hicieron, de que les compre la cartera vencida por el orden de los 25 millones de dólares.
Los gremios productivos, que resienten el endurecimiento del crédito desde 2009, también piden al gobierno una pronta solución a este conflicto.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (Fenacoop), Sinforiano Cáceres, manifestó que “debe haber una posición clara y contundente de parte del Gobierno frente al No Pago”.
ACCESO DIFÍCIL AL CRÉDITO
En ese sentido, Cáceres señaló que la posición del Gobierno debe estar respaldada por la Asamblea Nacional con la aprobación de las leyes que requiere el sector y que permitan la recuperación de los créditos vencidos en manos de los morosos.
Igualmente mencionó la necesidad de que las microfinancieras ajusten sus políticas a la realidad del campesinado.
Cáceres coincidió con el presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Álvaro Fiallos, de que desde que comenzó la crisis de los No Pago y la misma crisis económica mundial el acceso al crédito se ha endurecido.
“Nosotros nos oponemos en principio a todo lo que signifique no pagar, se deben cumplir los compromisos de pago que adquirimos cuando vamos a un banco o microfinanciera a sacar plata”, afirmó Fiallos.
Señaló que el Gobierno no debe comprar la deuda de los morosos, sino que más bien las microfinancieras deben crear mecanismos que faciliten a los productores el pago de sus deudas.
A criterio del diputado liberal y miembro de la comisión económica, Francisco Aguirre Sacasa, si el presidente Ortega no hubiese dado “visto bueno” al No Pago, “ese movimiento jamás se hubiera atrevido a sitiar a las microfinancieras en el norte, o a montar tranques en carreteras. Tampoco hubiera podido tomarse a la Asamblea Nacional aquel fatídico 24 de febrero, cuando la mayoría de los diputados votaron lo que se llamó la “ley de los No Pago”.
Aguirre, quien votó en contra de la aprobación de esa Leoratoria, señaló que “para recuperar la confianza lo que se necesita es aprobar lo antes posible una nueva ley de microfinancieras, que restablezca la cordura a ese sector”.
“Esta ley podría eliminar los abusos que algunas microfinancieras cometieron, pero no fijaría la tasa de interés, a como hizo la ley aprobada el 24 de febrero pasado. Hay 18 microfinancieras en Nicaragua. Ese número permite los niveles de competencia que aseguraría una tasa de interés razonable establecida por el mercado y que reflejaría el costo del dinero y los riesgos y gastos administrativos que prestarle a micro y pequeños empresarios implican”.
Sobre la oferta de los morosos, de que el Gobierno les compre la deuda, Aguirre rechazó completamente la iniciativa al considerar que “afianzaría a la cultura del no pago en Nicaragua, que podría extenderse a esa vasta mayoría de los deudores que sí están cumpliendo con sus obligaciones. Esto es lo que los economistas denominan la ‘amenaza moral’ y podría desencadenar un espiral vicioso con consecuencias nefastas para el orden económico y social”.
Indicó que de asumir esa deuda Ortega, pondría en riesgo la sanidad de la macroeconomía nicaragüense, “uno de los pocos logros del actual gobierno”.
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