BID se lava las manos

MANAGUA
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, está condicionando el desembolso de unos 42 millones de dólares por la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, sin importar las enormes discrecionalidades a las que abre puertas el dictamen que está a punto de fallarse por la Comisión Económica, y posteriormente por el Plenario de la Asamblea Nacional.

Los miembros del sector de Transparencia y Contratos del organismo cívico, Ética y Transparencia, EyT, afirmaron que hay “urgencia” de parte del organismo financiero multilateral, de que la nueva Ley de Contrataciones, de 128 artículos, sea sancionada por el Parlamento.

“Hay bastante prisa en aprobar este dictamen, se está urgiendo que antes de que termine el año, si es posible antes de octubre, y no se dice nada de que hay presión para eso, porque de eso dependen préstamos”, dijo César Hernández, Coordinador de Proyectos de E y T.

Indicó que en una reunión que sostuvieron en días recientes con la representante del BID en Nicaragua, Mirna Liévano les indicó que como organismo que trabaja con el Estado, desean que se apruebe una norma que cumpla con los estándares internacionales de transparencia, agilidad y modernidad.

“Doña Mirna nos dijo que el BID no quiere que se den las cosas malas, quiere un dictamen positivo para el país y para las contrataciones, pero que es un organismo respetuoso de la parte nacional y que no puede incidir en ello, aunque sí nos reconoció que uno de los requisitos para la aprobación de 42.5 millones de dólares de parte de ellos desde el año pasado, es que se apruebe una nueva ley”, dijo Hernández.
¿Lo más importante es aprobarla?
“Le hicimos ver (a Liévano) que el dictamen, como está, no cumple con todos los estándares y principios fundamentales de contratación, y nos dijo que, efectivamente, aunque fuese así, si se aprueba en los términos en los que está, debemos aceptarlo así, porque se está cumpliendo con un compromiso asumido que es lo más importante”, añadió.

El BID ha desembolsado varios millones de dólares en busca de mejorar la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323. “Es decir, que ellos tienen especial interés, y aunque no lo admitan están presionando para que se apruebe lo antes posible”, dijo Hernández.