Panamá: deportar nicas es muy caro

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Las deportaciones de nicaragüenses de Panamá tienen un alto costo para ese país, según dijeron ayer funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM), tras ratificar las medidas migratorias a los nacionales.

Las medidas que exigen pasaje aéreo a los nacionales aunque lleguen por tierra se han implementado “ante el creciente número de ciudadanos nicaragüenses que entran al territorio panameño en excursiones y luego se quedan de manera ilegal, los que una vez detectados tienen que ser deportados a su país de origen vía aérea acarreándole altos costos económicos al Estado panameño”, reza un comunicado enviado por correo electrónico por la oficina de relaciones públicas del SNM panameño.

Sólo el mes pasado, las autoridades panameñas habrían devuelto a nueve nicaragüenses, lo que significó un gasto de 3,197 dólares.

Y durante el 2010 los panameños expulsaron a 752 extranjeros, “la mayoría de ellos nicaragüenses”, dice el comunicado sin precisión. En esas deportaciones el Estado panameño habría invertido 443 mil 292 dólares.

Otro dato para el argumento panameño es que en los últimos 16 meses entraron a ese país 32,000 nicaragüenses de los cuales seis mil se quedaron allá.

“La deportación no puede ser por vía terrestre por los controles migratorios establecidos por el Gobierno de Costa Rica”, dijo Didacio Camargo, vocero del SNM a la agencia de noticias ACAN-EFE.

Según las autoridades panameñas, los costarricenses dejaron de otorgar visas de tránsito a los nicaragüenses desde Panamá, lo que no ocurría antes. Sin embargo, esta decisión que pone en aprietos a decenas de nacionales que iban a Panamá, no ha sido explicada aún por los ticos.

Tampoco ha merecido una reacción de las autoridades nicaragüenses. A pesar que a comienzos de la semana un grupo de excursionistas fue a la Cancillería a buscar explicaciones y apoyo, el canciller Samuel Santos no se pronuncia sobre el caso.

Ayer el vicecanciller Manuel Coronel dijo que no tenía ninguna comunicación oficial y que el tema seguramente estaba en manos de la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

RECIPROCIDAD

Mientras el Gobierno reacciona, algunos diputados consideraron que se deben aplicar medidas recíprocas con los países vecinos.

El diputado Eliseo Núñez Hernández dijo que los diputados, como representantes del pueblo, no deberían quedarse de brazos cruzados ante los vejámenes que enfrentan los connacionales en Costa Rica y Panamá, por lo que propuso la aplicación de un arancel de 20 dólares que deben pagar las unidades de transporte terrestre de carga de más de 8 toneladas de capacidad por eje que provengan de Costa Rica y Panamá.

Ese arancel fue aprobado en octubre pasado en la reforma a la Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav) y publicado en La Gaceta, pero no se ha hecho efectivo porque la Asociación de Transportistas de Nicaragua se opone.

Núñez estima que los ingresos de esa medida pueden implicar unos diez millones de dólares, de los cuales la mitad se puede utilizar para pagar el juicio en La Haya, “que del mismo cuero salga la coyunda”.

Francisco Aguirre Sacasa, ex Canciller de Nicaragua, dijo que obviamente existe una alianza entre Costa Rica y Panamá para doblegar a Nicaragua en el tema del río San Juan, lo que no sucederá.

Recordó que una de las normas básicas de las relaciones internacionales “es tratar a los países como a uno lo tratan”, por lo que se debe pedir a los panameños lo mismo que piden a los connacionales.

Descartó que implementar alguna medida contra Costa Rica y Panamá implique que puedan incrementar restricciones a los nicaragüenses.