San Pedro Sula, Honduras La orden del presidente Porfirio Lobo Sosa es tajante: los militares deben estar en las calles cuanto antes.
San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Comayagua son las ciudades más azotadas por la criminalidad y será ahí donde desde mañana los soldados de las Fuerzas Armadas empezarán a unirse a las acciones que realiza la Policía Nacional para repeler el crimen en todas sus ramas.
Los esfuerzos para combatir la escalada de muertes y otros delitos volvieron a encausarse por el mismo rumbo y la lucha dejará de ser sólo de la Policía.
Después de una intensa jornada, los operadores de justicia del país acordaron ganarle la batalla a los malos. En una reunión posterior el presidente Porfirio Lobo Sosa ordenó la salida de los militares a las calles y que desde ya, los poderes del Estado trabajen en la definición de una política pública contra la delincuencia común y organizada.
Medidas a implementar
El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, la Asociación de Jueces, el Colegio de Abogados respaldados por los tres poderes del Estado trabajarán unidos para devolver la paz robada a los hondureños.
Ayer, tocados por el clamor de miles de catrachos que a diario viven en carne propia las secuelas de la criminalidad; el fiscal general Luis Rubí, el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, el ministro Óscar Álvarez, la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda y representantes de otras instituciones sostuvieron el primer encuentro en el Cuartel General de Casamata.
Entre otros temas, trataron la aplicación de un programa de reducción de la impunidad, mejoramiento de la investigación, el accionar ante los fiscales y que a los jueces no les tiemble la mano para aplicar la ley.
También hablaron sobre posibles reformas al Código Penal, que conllevaría cambios para hacer penas más severas en contra de los criminales que atenten en contra de operadores de justicia como policías, jueces y fiscales.
Las condenas serán de 50 años de reclusión y hasta de cadena perpetua a los que cometan ese tipo de delitos, lo que abarca los crímenes contra pastores, periodistas y abogados, entre otros.
En la reunión los operadores de justicia dijeron un “basta ya, estamos cansados de que la impunidad esté cabalgando”.
El ministro Álvarez dijo que se creó una comisión de trabajo en busca de reducir la impunidad, mejorar la investigación de parte de la Policía, así como de la actuación de fiscales y jueces.
En el diálogo se trató sobre las capturas de delincuentes; que los allanamientos sean las 24 horas y no esperar las 6:00 de la mañana para ejecutar una acción policial. La ampliación del horario de detención será de 72 horas para mejorar la investigación, según dijo Álvarez.
Los jueces de jurisdicción nacional y de jueces de rostro volvieron a ser tema de discusión.
Asimismo, la manera de mejorar la seguridad de los jueces y demás operadores de justicia.
El presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General y los otros funcionarios también dieron sus puntos de vista en relación a la lucha contra la criminalidad y la delincuencia en sus diferentes ramas.
Militares a las calles
En horas de la tarde los operadores de justicia sostuvieron una reunión con el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en la que tomaron decisiones importantes para reducir los índices de delincuencia.
Además de ordenar la salida a las calles de los militares, el Presidente pidió a los funcionarios trabajar unidos para ganar la batalla a los criminales.
“Las instrucciones precisas del presidente Lobo Sosa es que los militares nos acompañen en las ciudades donde se necesite y se requiera labores de patrullaje conjunto, de esta manera frenaremos la ola de violencia en el país”, detalló Álvarez.
Asimismo, el Gobernante instruyó para que se busquen soluciones a las necesidades presupuestarias de los entes de seguridad, reforzar la investigación y hacer más eficiente el Código Procesal Penal.
Álvarez expondrá en el Congreso
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, es esperado hoy por la junta directiva y los jefes de bancada del Congreso Nacional para conocer explicaciones del porqué se ha disparado la violencia en los últimos días.
El secretario de Estado ha solicitado esta audiencia para presentar algunas propuestas de ley para endurecer las penas contra los delincuentes y que haya coordinación entre todos los operadores de justicia.
El subcoordinador de bancada del partido Nacional, Ricardo Díaz, dijo que el Congreso está dispuesto a escuchar los requerimientos del funcionario con relación al tema presupuestario y de legislación.
En cuanto a una supuesta ampliación presupuestaria de 500 millones de lempiras para la Secretaría de Seguridad, el diputado dijo ignorar si en la agenda a discutir con Álvarez se encuentre el punto financiero, pero cualquier petición será objeto de estudio, indicó.
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, junto a la cúpula policial se sometieron el pasado jueves al interrogatorio del pueblo en las denominadas audiencias públicas en Casa Presidencial. Allí Álvarez anunció que solicitará la reactivación de la Ley Antimaras.
Anunciaron que pedirán “desempolvar la Ley Antimaras”, con el propósito de aplicar la misma no sólo a pandilleros tatuados, sino que a todos los que se reúnen para delinquir, lo que sea, con sólo el hecho que se reúnan para planificar el delito”.
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