miércoles, 9 de febrero de 2011

SIP critica figura de “violencia mediática” que impulsa la CSJ nicaragüense

MIAMI

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) descalificó una iniciativa de ley introducida por la presidenta de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, que incorpora la nueva figura delictiva de "violencia mediática", considerando que generará "censura absurda, autocensura y grave represión a la labor de los periodistas y los medios de comunicación".

El pasado 3 de febrero, con la intención de contrarrestar altas tasas de delitos en contra de las mujeres, la CSJ presentó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que incluye en el Código Penal las figuras de "feminicidio" y "violencia mediática", por las cuales se trata de evitar que se menosprecie y satirice a las mujeres.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, indicó que "la protección de la mujer y de cualquier persona en los medios ya está establecida en las leyes normales sobre difamación, por lo que no se necesita una legislación especial que luego podrá ser utilizada en detrimento de la libertad de prensa".

El artículo 35 del proyecto de ley define la violencia mediática como aquella en que "el dueño de medio de comunicación, la persona o comunicador social que en el ejercicio de esa profesión u oficio, ofenda, injurie, satirice, denigre a una mujer por el hecho de ser mujer a través de un medio de comunicación".

Rivard, director editorial del diario estadounidense San Antonio Express-News, de Texas, también señaló que "el debate en Nicaragua llama la atención porque en nombre de la protección de género se está culpando de la violencia a los medios o, lo que es peor, disfrazando la verdadera intención que es la de sobreproteger a las mujeres en la función pública, para evitar que sean objeto de las críticas, la sátira y las caricaturas, elementos que forman parte de la opinión editorial y la libertad de prensa".

"DEBE SER ANALIZADA"

Cabe señalar que la sanción también plantea una pena de 200 a 300 días multa, además de que el agresor haga públicas sus disculpas.

Sobre este punto, Rivard dijo que las multas y sanciones, a las que calificó de "censura absurda", terminarán generando un "marco de autocensura y de grave represión a la labor de los periodistas y los medios de comunicación", los que verán acotada su capacidad de hacer críticas y opinar sobre personas públicas en asuntos de interés público.

"Esta nueva figura de la 'violencia mediática' debe ser analizada desde la perspectiva de la libertad de prensa y no de los crímenes de género", concluyó Rivard, según un comunicado de la SIP.

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