El Gobierno de Nicaragua ha impedido de forma reiterada, año con año, la visita de una misión oficial de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) al país, para revisar y analizar a fondo denuncias de violaciones a los derechos de libre expresión y de movilización entre otros, confirmó la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
“La Comisión (CIDH) no viene porque el Gobierno no se lo permite”, señaló la Dra. Núñez de Escorcia, “ellos han solicitado venir, pero esos órganos intergubernamentales no pueden venir a trabajar sólo con autorización gubernamental”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. El otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH fue creada en 1959 y, desde 1961 comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. A Nicaragua llegó antes de 1979, para analizar e investigar las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura somocista.
La presidente del CENIDH, al participar en el programa “Esta Noche”, que se transmite por Canal 12, indicó que ellos vienen solicitando la presencia de una misión oficial de la CIDH desde finales de 2008, a raíz los atropellos oficiales a organismos no gubernamentales que critican el actuar inconstitucional del gobierno y la persecución a medios de comunicación como Esta Semana o El Nuevo Diario. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna invitación o autorización por parte del gobierno.
En abril de 2010, tras el ataque paramilitar a la sede del Movimiento Vamos con Eduardo, la CIDH emitió el comunicado de prensa 46-10, expresando su preocupación por los hechos de violencia, que incluyeron destrucción y quema de vehículos e intimidación de opositores. En esa ocasión, la CIDH exhortó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
“Este es uno de los pocos gobiernos, que está sentando el récord de negar reiteradamente, como cualquier dictadura, la entrada a una misión de verificación de la situación de los derechos humanos”, señaló la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, quien la semana pasada recibió la Orden de la Legión de Honor, condecoración oficial del gobierno francés, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos humanos.
La presidente del CENIDH indicó que dado que el Gobierno del presidente Daniel Ortega se niega a invitar y recibir a una misión de la CIDH, ellos han solicitado participar en el próximo 141 Período de Sesiones de la Comisión, que se celebrará del 21 de marzo al 1 de abril del presente año. Todavía no se ha establecido la fecha para analizar el caso de Nicaragua.
Otras actitudes dictatoriales
La Dra. Núñez de Escorcia, ardiente defensora de los derechos humanos de los nicaragüenses, reveló que las autoridades de Gobernación han adoptado actitudes dictatoriales, que están impidiendo el ejercicio de velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Al respecto, dijo que su trabajo a favor de los presos enfermos se vio obstaculizado, a pesar que recurrieron incluso donde la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, quien les pidió que le enviaran el plan de trabajo e informes, “pero a la hora que necesitamos entrar no nos dejan entrar… prácticamente ya todo el año pasado no nos dejaron entrar”, lamentó la Dra. Núñez de Escorcia, quien incursionó como defensora de los derechos humanos en 1956, al defender la vida de los acusados del ajusticiamiento a Anastasio Somoza García, precursor de la dinastía.
Para la presidente del CENIDH, estos obstáculos obedecen a una persecución contra el CENIDH por parte del Gobierno y también a actitudes dictatoriales del régimen de Ortega.
Núñez cuestionó el discurso oficial de que el gobierno de Ortega no es dictatorial por el hecho de no tener prisioneros políticos, ni desaparecidos, como se vivió con Somoza o con las cruentas dictaduras latinoamericanas.
“Ese es un concepto muy pobre, ya que dictadura también significa la obstrucción de la institucionalidad y aquí como nunca antes, se ha destruido la institucionalidad, se ha instrumentalizado a las instituciones del Estado. Aquí se está impulsando una dictadura ya no con el rifle de los militares, ya no con la cachiporra de la policía, sino a través de las instancias legales. Todo lo quieren revestir de legalidad y es el instrumento a través del cual se quieren posicionar con los propósitos que ya todos conocemos”, dijo la defensora de los derechos humanos.
Igualmente lamentó el sometimiento acelerado y la instrumentalización partidaria que ha sufrido la Policía Nacional. “Es lamentable porque me constan los esfuerzos ingentes que hizo la primer comisionada Aminta Granera, precisamente para cambiar el rostro de la Policía que encontró. Sin embargo, a medida que ella avanzó en ese esfuerzo, fue siendo obstaculizada, copada, al extremo, que yo no quisiera decir, que ya le doblaron el brazo, pero sí, definitivamente ya se ve una policía que se perfila al servicio de los intereses partidarios y del presidente Daniel Ortega”, concluyó.
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