Gobierno sabotea a EL NUEVO DIARIO

MANAGUA

El gobierno, a través de la Dirección General de Ingresos, DGI, la Dirección General de Aduanas, DGA, y el Ministerio de Hacienda, se ha encargado de bloquear la salida de nuestras materias primas, ni siquiera usando el 2.5 de sus ventas anuales establecido por la inconstitucional Ley 528, mejor conocida como la “Ley Arce”, denunció el gerente general de este medio Gabriel Chamorro.
El alto directivo de este medio de comunicación consideró la acción como una venganza política por las últimas publicaciones de actos de corrupción, específicamente en la entidad que dirige Walter Porras y otras en Hacienda, bajo la dirección del ministro Alberto Guevara.
En realidad, se trata de un grave atentado contra la libertad de expresión y de información, que denunciaremos nacional e internacionalmente en todas las instancias.
Desde inicios de enero, este medio ha venido enfrentando diversos obstáculos por parte de las entidades encargadas de recaudar tributos, que van desde el extravío de documentos hasta la no recepción de los mismos en ambas instituciones. El permiso de importación lo da la DGA, luego que la DGI emite una constancia en la que informa lo que tiene derecho cada medio, de acuerdo con su declaración anual.

Solicitado desde diciembre
El 10 de diciembre de 2010, END solicitó a la DGI constancia respectiva conforme a la inconstitucional “Ley Arce” que establece en su artículo 17 que “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos en especial los locales y comunitarios, estarán exentos de Impuestos Fiscales, atendiendo los siguientes criterios: 1. Los Grandes Contribuyentes tienen derecho hasta un 2.5 por ciento sobre sus ingresos Brutos declarados del período fiscal anterior”.
Esa solicitud, firmada por el jefe de Importaciones de END, Jadher Campos Ramos, fue recibida en la DGI, a las 2:50 minutos de la tarde del 13 de diciembre por una persona de nombre Sandra, y no hubo ninguna respuesta.
El embarque con papel que pidió este medio, ingresó al país el 06 de enero, y se procedió a consultar a la DGI sobre la solicitud hecha, y la respuesta fue que la primera petición se había “extraviado” y que se volviera a elaborar, lo cual se cumplió el 11 de enero pasado. Dos días antes, END había empezado a publicar las irregularidades de nepotismo y demás violaciones de la ley por parte del director general de Ingresos, Walter Porras.

El día de las amenazas de Porras
El 14 de enero, mientras Porras realizaba una asamblea con sus afines en la que afirmó que “algo le pasaría a END”, Elizabeth Fiallos Alfaro, una de sus más cercanas colaboradoras, a la que nombró directora Jurídico-Tributario de la DGI, emitió la constancia para que el periódico se presentase en la DGA a hacer valer su derecho de exoneración y así se hizo.
Con el documento, la Gerencia Financiera de END envió una carta al director de Aduanas, Eddy Medrano, el 17 de enero, recibida en la recepción a las 8:30 de la mañana, informándole que se estaba cumpliendo con el trámite y solicitando que emitiera la orden que en ley correspondía para sacar el papel. La respuesta verbal de Medrano fue que el documento-constancia tenía que ser dirigido de la DGI a la DGA, para que tuviese valor, de lo contrario no se podría hacer nada.
“Nunca antes habían pedido algo así, siempre con la constancia se lograba que se emitiese la orden de desaduanar los embarques, así se hizo en 2010, pero ahora salen con que debe ser una comunicación de institución a institución”, indicó José Antonio Cárcamo, agente aduanero de EL NUEVO DIARIO por más de 20 años.
“Fuimos a la DGI a pedirles que entonces emitieran el documento a la DGA, pero al llegar allá nos dijeron que la documentación estaba en Hacienda y que cualquier cosa nos dirigiéramos a esa institución, que nunca ha tenido nada que ver en estos trámites”, añadió Campos.

Obligados a pagar, lo cual es un delito llamado Exacción Ilegal
El Gerente General del periódico, Gabriel Chamorro, envió el 19 de enero una nueva carta a Medrano, recibida a las 12:37 del día, para solicitarle que Mediante Compromiso, se pueda nacionalizar el embarque de cinco contenedores con casi 99 toneladas métricas de papel periódico, el cual se cancelará una vez que aparezca la constancia de la DGI. A esta carta tampoco se le dio respuesta.
Por cada día de almacén se pagaron 250 dólares después de cinco días que dan de gracia en la naviera. El pago de impuesto se hizo el 24 de enero.
“Nos vimos obligados a pagar más de 200 mil córdobas en impuestos por el papel, en abierta violación a la inconstitucional ‘Ley Arce’, en un boleo institucional absurdo que no se ha dado antes”, indicó Chamorro.
Pero el abuso no paró ahí. El pasado 1 de febrero, Jadher Campos y el agente aduanero José Antonio Cárcamo, se presentaron a la DGA en busca de que se emitiera un documento similar para el ingreso de planchas, con base en la misma “Ley Arce”, pero ni siquiera pasaron de la recepción.
“Se trata de cuatro mil planchas, que si no se retiran hoy viernes, se declaran en abandono y se pierden, me pusieron mil trabas a mí y al agente aduanero, cuando antes presentabas la cédula y el formato de la DGI y listo”, indicó Campos, el jefe de Importación de END.
“Es más, Hazel Reyes, que es la encargada de esas constancias a los medios, hasta nos dijo que ya estaba el documento, pero luego rectificaron informándonos que las que estaban aprobadas eran las de las radios, que de los periódicos no tenían nada; eso fue el martes (1 de febrero) el miércoles, ni siquiera nos dejaron entrar”.
Este medio llamó ayer al titular de la DGA, Eddy Medrano, a su oficina, pero una persona de nombre Sara Salgado, dijo que se encontraba en una reunión y que le daría el mensaje sobre el tema del cual se quería hablar con él. También se intentó la comunicación a través de su teléfono celular, pero no respondió, y su buzón estaba sin espacio para mensajes.

Chamorro: Quieren quebrar al periódico
El gerente de END, Gabriel Chamorro, dijo que lo que existe es una clara intención de afectar económicamente al periódico como represalia por las publicaciones que ha hecho, revelando anomalías en la DGI y Hacienda, y por la línea política informativa independiente y libre de EL NUEVO DIARIO.
“Esto cumple con parte de las amenazas que hicieron hace unas semanas contra EL NUEVO DIARIO, porque no existe ninguna otra explicación a esta situación”, dijo Chamorro.

Se les pagó hasta el último centavo
Recordó que en 2010, mediante Compromiso desaduanaron la mercadería sin ningún problema, pero en ese entonces este medio estaba cancelando hasta el último centavo una deuda millonaria que se arrastraba con la DGA como producto de la inconstitucional “Ley Arce”, y acumulada en los últimos años del gobierno pasado.
“Es decir, estaban contentos porque estábamos pagando la deuda de seis millones de córdobas, y nos dieron las facilidades, ahora como no debemos y estamos publicando irregularidades, actos anómalos, entonces viene esta situación, que viola hasta la inconstitucional ‘Ley Arce’”, dijo el gerente General de END.
“Nos andan de un lado a otro, y por último nos mandan a Hacienda, que en los últimos diez años no ha tenido nada que ver con estos trámites, en una situación de evidente mala fe”, añadió.
Chamorro dijo que es evidente que hay un contubernio para afectar a los medios escritos independientes, “si no, que alguien explique por qué en Aduana hay un documento de exoneración para las radios --y ya sabemos quién tiene el control de las principales radios-- y por qué no hay nada para medios escritos”.
En medio de todo, el gerente general de END dijo que “el periódico va a seguir saliendo, cueste lo que cueste, aunque sea pagando (los impuestos de) la ilegalidad de la inconstitucional Ley Arce, y los delictivos que ahora nos están imponiendo de manera dictatorial, pero dijimos que no nos van a callar y así va a ser”, concluyó.

Una Alerta Nacional
Damos cuenta de esta brutal arbitrariedad a los organismos nacionales defensores de los derechos humanos, a la sociedad civil y hasta al Ejército de Nicaragua, que debe tomar nota cómo el orden constitucional y las instituciones democráticas, que son parte del objetivo fundamental de su existencia, han sido demolidos y usurpados, para finalmente pasar a los atentados abiertos contra los medios de comunicación independientes.