El Presidente de la República, Daniel Ortega, nuevamente obvió el cumplimiento de las leyes del país, en esta ocasión al no haber enviado a la Asamblea Nacional la propuesta del nombre de la persona que ocupará el cargo de presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).
La nueva Ley Orgánica del Banco Central, Ley 732, aprobada por la Asamblea el 14 de julio de 2010, y en vigencia desde el 6 de agosto pasado, ordena que se nombre a un nuevo presidente del Banco Central o se ratifique al actual.
La Ley dio un plazo de sesenta días para que el Presidente de la República hiciera el nombramiento, el cual debió enviar al parlamento para ser ratificado por el sesenta por ciento (56 votos) de los diputados.
Este requerimiento se estableció al cambiarse el período de permanencia en el cargo de presidente del BCN para que no coincida con la del Presidente de la República, siendo la justificación de los diputados en querer despolitizar la institución que rige las decisiones en materia económica del país.
El artículo 76 refiere que “el funcionario que ocupe la presidencia del Banco Central al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, concluirá su período sesenta días después de dicha fecha. Dentro de ese tiempo, el Presidente de la República nombrará al presidente del Banco por un período que finalizará en la mitad del siguiente período presidencial, sujeto a la ratificación de la Asamblea Nacional”.
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