La falta de una escritura de concesión sigue afectando a los taxistas, quienes facilitaron al concejal Leonel Teller recibos originales de las multas que les impone el Irtramma y que ellos consideran ilegales.Teller llegó ayer al Ministerio Público en compañía de Gerardo Matus, Presidente del Movimiento Unido de Transportistas Nicaragüenses, Mutranic, para entregar los recibos, con lo se completó la ampliación de la denuncia que el concejal había interpuesto contra autoridades del Irtramma y de la Alcaldía de Managua.Matus señaló que el problema que enfrenta el sector selectivo por las falta de las escrituras, que les facilita el acceso a créditos para reponer las unidades, los ha obligado a buscar a los vendedores chinos para obtener un vehículo, lo que les afecta, ya que los intereses son altos y están condicionados de que si fallan en una cuota les quitan el carro. Mencionó otros problemas, como el incremento semanal que han estado sufriendo los combustibles y el cobro ilegal de multas hasta por 2,000 córdobas, de los cuales tienen recibos que le facilitaron al concejal liberal, para que los incluyera en la denuncia contra el director de Irtramma, Francisco Alvarado; de la alcaldesa designada, Daysi Torres, y del secretario general de la comuna, Fidel Moreno. Matus también demostró su molestia ante la falta de diligencia de las autoridades, ya que asegura que en Tipitapa se entregaron las escrituras de concesión que los más de 12 mil taxistas capitalinos llevan esperando desde hace dos años. En cuanto a la cantidad de concesionarios que hay en la capital, aseguró que no se ha especificado, y que Irtramma no le pasa los informes a la Asamblea Nacional, donde establece la cifra.De igual manera, destacó que hasta ahora están denunciando las anomalías por miedo a represalias.Matus aseguró que la denuncia no responde a intereses políticos, “la ley manda que podemos hacer quejas y sugerencias, además, que Alvarado es un funcionario público”.Por su parte, el concejal liberal Leonel Teller indicó que esta denuncia tendrá dos etapas; la primera es la de los taxis y la segunda el problema de los discapacitados, donde se pedirá una investigación por mal manejo de los fondos para los proyectos.
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