Entre el personal se encuentra una sicóloga laboral, siete médicos, tres odontólogos, dos enfermeras, una masajista y una secretaria; según el Diagnóstico Situacional del Capital Humano del nivel central del Poder Judicial, que se concluyó en marzo de 2009.
A este personal se le suma una cuarta odontóloga que supuestamente se contrató el año pasado, con salario superior a los 20 mil córdobas, según sindicalistas de ese poder del Estado, pero que no aparece en los resultados del diagnóstico.
Eliminan a “gasparines”
La magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que en esa lista ya fueron depurados algunos “fantasmas”, pero que todavía faltan auditorías para saber si realmente están cumpliendo con sus funciones.“Dentro de la reingeniería que se implementará este año, se hará una auditoría para saber cuántas personas atienden y si corresponden con el salario que devengan en la institución”, expresó la magistrada.
Entre los médicos que solo retiraban salario y no se presentaban a la clínica, según el diagnóstico, están María Lourdes Martínez Morales, Jorge Miguel Torres Malespín, Pedro José Quintanilla Martínez y José Ricardo Robleto Ortega, aunque este último negoció atender en su clínica, afirmó Ramos.
¿Una masajista en el Poder Judicial?
Según la doctora Ramos, la masajista de la clínica “no es para dar masajes de cuerpo entero, sino para estiramientos”.Caros e innecesarios
Según el Diagnóstico, el gasto mensual en planilla en el personal médico de la clínica es de 230 mil 734 córdobas, ya que los salarios de los médicos oscilan entre los 21 mil 828 córdobas y los 17 mil córdobas, mientras que los odontólogos devengan un sueldo de 19 mil córdobas, a diferencia de los 5 mil que gana un odontólogo del Ministerio de Salud y las enfermeras 5 mil 500.La manutención de estos salarios le cuesta anualmente a la Corte, 2 millones 768 mil 811 córdobas.
Estos salarios a personal que no tiene razón de ser, pues para eso pagan seguro al INSS, muchas veces sobrepasa el salario de un secretario judicial o el de un juez Único Local, que devenga entre los 16 y 19 mil córdobas mensuales; y que mucho demanda la ciudadanía en comunidades rurales, donde viven sin ley.
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