“Hay que procesar a Roberto Rivas”

MANAGUA
El especialista en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, hizo un llamado ayer a la población general para que emprenda una jornada de exigencia de desafuero y juzgamiento del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, por el ilegal cobro de 300 córdobas que realiza por la emisión de la cédula en su nuevo formato.
Báez, precisamente, compareció por la mañana ante los contralores de facto, para exponerles de manera clara las violaciones que ha cometido el CSE al cobrarles a los ciudadanos el documento bajo la llamada modalidad del “trámite rápido”.
“Esto no puede dejarlo pasar la nación, es un irrespeto a los nicaragüenses, es más, a partir de ahora reivindico la necesidad de procesar a Rivas, porque es reo confeso que admitió su delito en dos páginas que dan pesar”, dijo Báez.
Tras reunirse con los contralores de facto, Báez indicó que existen suficientes argumentos y pruebas para llevarlo a los Tribunales de Justicia, y que la ciudadanía debe emprender una campaña para que el mencionado funcionario responda por sus delitos ante la ley.
“Burla y cantinflada”
“No vine a repetir mi denuncia, hice mi exposición con base en el análisis del lamentable informe que hizo el licenciado Roberto Rivas en dos páginas, las cuales no respaldó con ningún documento oficial del porqué de su actuación y por qué está creando esta exacción inconstitucional en contra de miles de nicaragüenses”, dijo el experto.

“Por otro lado, el licenciado Rivas se convierte en hermeneuta de la Constitución, y dice que si bien las tasas son tributos --lo admite indirectamente en su informe de dos páginas-- lo cuestiona y le deja abierto como una posibilidad que le compete a él”. Agregó Báez.

Señaló que de parte de los colegiados fácticos hubo una posición de escuchar su exposición con elementos nuevos, la cual sustentó en el informe de Rivas, que a su criterio es “una cantinflada”.

“El informe del licenciado Roberto Rivas es una insolencia, se ha burlado de la Contraloría, pero sobre todo de la ciudadanía, porque su informe ha sido diminuto, porque no acompañó ningún documento ni citó ninguna ley, se convirtió en el hermeneuta de la Constitución porque a él se le ocurrió”, aseguró.

“Les dije a los contralores que si ellos recibieron su nueva cédula gratuita, porqué no la reciben de la misma forma los ciudadanos comunes y corrientes, eso viola el principio de igualdad ante la ley y confirma la necesidad de que el tratamiento sea igualitario, porque aquí hay una danza de millones de por medio y si eso quiere hacerse, debe pasar por la Asamblea Nacional”, afirmó el especialista.
“Trámite expedito es delinquir”
Otro punto es que no existe en Nicaragua ninguna cédula vencida, todas están vigentes y tendrán vigencia hasta en diciembre de 2012, por una ley aprobada, por consiguiente cabe la pregunta: ¿para qué esta prisa? ¿Por qué este cobro discrecional? Esto es un delito, don Roberto Rivas está cometiendo delito y no debemos permitirlo.

“Ese argumento de que se trata de un cobro diferenciado lo único que hace es demostrar que el presidente del Poder Electoral vuelve a delinquir, pretendiendo establecer como un nuevo monarca en Nicaragua ciudadanías categorizadas, es decir, ciudadanos de primera los que pueden pagar los 300 córdobas por trámite rápido, y de octava los que no pueden pagar eso”, dijo Báez.
CGR: “No hay votos para tomar decisión”
El presidente de facto de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, dijo que la exposición de Báez retrasó la decisión que tomarían ayer sobre la denuncia que el mismo experto puso en agosto pasado, porque añadió elementos importantes sobre el caso.
“Teníamos un proyecto de resolución de ordenar una auditoría en lo referido al cobro, pero decidimos no conocerlo, dado los nuevos elementos que nos trajo Julio Francisco, y en espera de la decisión que tome la Asamblea Nacional sobre el presupuesto, mientras tanto no tomamos una decisión”, dijo el titular inconstitucional de la CGR.
Añadió como elemento importante, que además de los nuevos elementos expuestos por Báez, la decisión no se adoptó porque no existen votos en el Consejo de contralores para aprobar la auditoría.