Una protesta policial desata el caos y la violencia en las principales ciudades del país y pone en jaque al Gobierno.- El mandatario, a salvo en el palacio presidencial tras haber sido retenido 11 horas en un hospital, denuncia un intento de golpe de Estado. Hay dos muertos y decenas de heridos
AGENCIAS / EL PAÍS - Quito - 01/10/2010
Una protesta de policías en Ecuador ha llevado el caos al país y ha puesto en jaque al Gobierno y al presidente del país, Rafael Correa, que estuvo retenido 11 horas por los amotinados. El Ejército, leal al mandatario, tuvo que intervenir por la fuerza esta madrugada para liberarlo, tras enfrentarse a tiros a los policías sublevados en los alrededores del hospital donde estaba atrapado. El Gobierno, que ha retomado el control de la situación, busca ahora a los responsables de la sublevación y apunta al ex mandatario Lucio Gutiérrez como instigador de la revuelta.
Después de un tiroteo de más de media hora y protegido por una larga fila de efectivos pertrechados con escudos, cascos y armas de fuego, el dirigente salió en silla de ruedas de la clínica, pues acababa de ser operado en una pierna, hacia una caravana de vehículos que lo trasladó directamente al palacio presidencial. Allí se asomó inmediatamente al balcón, donde le esperaban algunos ministros, para dirigirse a los centenares de sus partidarios que se habían congregado frente al edificio y agradecer a los líderes internacionales -entre ellos el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero- el apoyo mostrado.
"En esto hubo gente de Lucio Gutiérrez", dijo el mandatario, en referencia a quien fue presidente ecuatoriano de enero de 2003 a abril de 2005. Correa anunció "una profunda depuración de la Policía Nacional" y afirmó que "no habrá perdón ni olvido" para lo que definió como "un intento de golpe de Estado". El comandante general de la Policía de Ecuador, Freddy Martínez, ha dimitido ya de su cargo, según el canal Ecuavisa, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente.
El fiscal de la Nación, Washington Pesántez, afirmó, por su parte, que investigará "la conspiración urdida desde afuera de los cuarteles oficiales" que llevó a la sublevación. "No se trató de una legítima reclamación salarial, sino de un claro ejemplo de conspiración", dijo Correa en una rueda de prensa tras ser liberado por militares del hospital en el que permaneció durante casi todo el día de ayer retenido por policías sublevados, que protestaban contra un proyecto de ley que reduce sus beneficios salariales. Según Correa, cuando intentó explicarles que les elevó los sueldos "como nunca antes", las tropas le respondieron "no, eso lo hizo Lucio (Gutiérrez), sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración", dijo.
Correa confirmó también que al menos un miembro de un equipo policial de élite murió y 27 personas resultaron heridas durante su rescate, aunque la cifra final aún no ha podido ser determinada. Además, el Gobierno ha confirmado que un civil ha fallecido y más de medio centenar de personas han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre los sublevados y los seguidores del presidente mientras permanecía retenido. Entre los heridos está el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, hospitalizado al ser golpeado en la cabeza por policías sublevados. En el momento de ser ingresado, Patiño presentaba una herida y manchas de sangre en su camisa.
Violenta jornada
La revuelta se desató ayer en Quito tras la aprobación de una ley que reduce los beneficios salariales de la policía y prendió como la pólvora en todo el país. Los policías tomaron la Asamblea Nacional, cuarteles y calles principales en diversos puntos del país. Algunos soldados se sumaron en los primeros momentos a la protesta y tomaron la pista del aeropuerto de Quito, sede también de la base aérea militar más importante del país, que reabrió por la noche tras permanecer cerrado durante varias horas.
El presidente acudió temprano a la sede del Regimiento 1 de Quito para intentar zanjar la crisis recordando a los policías que les había mejorado el sueldo más que nadie. Pero los agentes le gritaron "mentiroso, mentiroso" y le lanzaron gases lacrimógenos. Correa perdió entonces los papeles y les desafió allí mismo: ""Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos", dijo visiblemente exaltado. Poco después, en declaraciones a un canal de televisión ecuatoriano, proclamó: "Es un intento del golpe de Estado de la oposición". "Me siento traicionado, no por todos, pero habrá que depurar", añadió.
Poco después de los primeros disturbios, el presidente se dirigió junto al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, a decenas de policías de tropa en el Regimiento 1 en Quito y desde una ventana de una oficina del edificio intentó dialogar con los manifestantes, que le abuchearon y lanzaron objetos y gases lacrimógenos.
"No daré ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa y si quieren traicionar su misión de policías, traiciónenlos", exclamó Correa en un encendido discurso en el que agregó que su Gobierno seguirá "con una sola política de justicia, dignidad".
Los policías intentaron retener al mandatario para forzar la negociación, pero su escolta logró rescatarlo y trasladarlo al Hospital de la Policía para que fuera atendido de las heridas sufridas durante la evasión -sobre todo en una rodilla recién operada-. Allí fue rodeado por los sublevados quedó retenido. "Olvídese de cualquier acuerdo o cualquier diálogo mientras no pueda salir", dijo en una conexión telefónica con Ecuador TV desde la clínica. "Saldré de aquí como presidente o con los pies por delante", sentenció.
Estado de excepción
Ante el violento desarrollo de los acontecimientos, el Gobierno declaró el estado de excepción en el país durante una semana y anunció que el Ejército tomaría en sus manos la seguridad del país. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Ernesto González, rodeado de otros altos mandos militares, manifestó el apoyo de los militares al presidente y su respeto por las instituciones democráticas, y ha aclarado que Correa es su "máxima autoridad". No obstante, pidió "encarecidamente" la revisión de la ley que ha provocado la protesta.
Pese al estado de excepción, el ministro Patiño instó a los cientos de partidarios de Correa congregados fuera del Palacio de Gobierno de Carandolet, en el centro de Quito, a que acudieran al hospital a rescatar al presidente. Los amotinados lanzaron gases lacrimógenos a los grupos que lo intentaron, pero unos 2.000 lograron llegar hasta las inmediaciones del edificio y se enfrentaron con los policías.
Caos en las ciudades
Quito se convirtió ayer en una ciudad fantasma. Las escuelas e institutos enviaron a los estudiantes a sus casas. En las entidades públicas se dio la orden de que el personal se retirara a sus hogares. La mayoría de la población de la capital permaneció en sus casas durante todo el día, a la espera del desenlace de los acontecimientos.
Los comercios cerraron las puertas tanto en Quito como en las ciudades de Ibarra, Esmeraldas, Cuenca, Ambato, Loja y Guayaquil. En esta última se registraron varios saqueos. El temor era generalizado en la población, tanto a ataques de la delincuencia como al enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad. Además, la ciudadanía ha criticado que la única vía de información sean los canales gubernamentales.
Comisión para poner fin a la crisis
Los amotinados exigen la restitución de varios beneficios, entre ellos un bono de la policía, los años previstos de ascensos, las condecoraciones, eliminados con una nueva Ley de Servicios Públicos aprobada anoche. Todo ello supone alrededor de 30 millones de dólares (22 millones de euros), de los que los policías solicitan que la mitad sea destinada a la construcción de viviendas para agentes.
La revuelta se produce en momentos en que el presidente Correa considera disolver el Congreso ante el estancamiento que existe en la aprobación de varias leyes de reducción de gastos estatales. Incluso varios parlamentarios de su partido se oponen a estas leyes. La disolución le permitiría legislar por decreto y convocar elecciones anticipadas.
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, ha reconocido que su país está ante una situación "delicada" y frente a un proceso de "desestabilización del Gobierno y la democracia". Los Gobiernos latinoamericanos y España han mostrado su apoyo al Gobierno de Correa y esperan que la situación se solucione de forma pacífica.
video a su disposicion
No hay comentarios:
Publicar un comentario