Los productores ganaderos del Norte y Centro del país están alarmados por la inseguridad jurídica que está creando el despojo de propiedades a familias afectadas por ser parientes de personas procesadas por narcotráfico. Así lo afirmó Hernaldo Lazo Serrano, quien junto a su esposa, sus hermanas y su madre, Estela Serrano, de un día para otro perdieron 520 manzanas, las cuales ahora forman parte de 8,417 manzanas que han sido entregadas en depósito a la UNA, por órdenes del presidente Daniel Ortega, de acuerdo con lo dicho por su asesor en asuntos agropecuarios y rector de esa Alma Máter, Telémaco Talavera. Su pecado es ser familiar de Gerardo Lazo Serrano, condenado a 13 años y medio de prisión a mediados del 2010 por narcotráfico, y por ello la justicia ordenó incautarle todos sus bienes, decisión que se pasó llevando a todo el que fuese su familiar. Las tierras del condenado se ubican en Río San Juan. Alarma entre productores “Los ganaderos están con mucha desconfianza porque nosotros entendemos que el gobierno tiene muchos compromisos con tierras y lo más fácil es quitárselas a quien la tiene”, dijo Hernaldo ayer al visitar junto a su madre END. “En realidad –añadió- en nuestro departamento hay muchos productores alarmados, a cualquiera lo pueden involucrar en algo y perder sus tierras”. Su caso es igual al de la familia Oviedo, que fue despojada de decenas de manzanas de tierras, solo por ser pariente de Frank Oviedo, condenado por narcotráfico. Indicó que en la propiedad de su progenitora, obtenida vía herencia de su esposo, Humberto Lazo Morales, en los años 60, había más de 200 reses, de las cuales los administradores de la UNA ya han vendido una parte, otras las han sacrificado y negocian la leche que producen los animales. Las fincas son “La Auxiliadora”, de 300 manzanas, de la cual es dueña doña Estela y sus hijas, y la finca “Quimichapa”, de 220 manzanas, propiedad de Hernaldo y su esposa Margith González, de acuerdo con escrituras que presentaron a este medio. Las propiedades están ubicadas en San Pedro de Lóvago, Chontales. “Hay un fallo judicial contra mi hermano, que ordena quitarles sus finca y bienes, pero resulta que ese fallo sin ningún fundamento jurídico afecta mi finca, la de mi esposa y mi madre, que son tierras heredadas y compradas honestamente muchísimo antes de que se diera la situación de mi hermano”, dijo Lazo Serrano. Indicó que lo que más le llama la atención es que ni a él ni a su madre le han investigado. “No nos han llegado a pedir documentos ni se han molestado por ir al Registro de la Propiedad”, dijo. “Es un robo”, dice doña Estela ¿Por qué la relacionan con tierras procedentes del narcotráfico?, se le consultó a ambos y quien respondió fue doña Estela, indicando que su hijo Gerardo, condenado por narcotráfico, era quien le acompañaba y ayudaba a administrar la propiedad. “Las propiedades son mías, pero como yo soy una vieja, él me administraba mi ganado, me chapeaba la finca, me miraba los cercos y solo por eso me la quitaron, pero no me han consultado por las escrituras que dan testimonio de que la propiedad es mía”, dijo. “Me están robando, porque es una herencia de mi esposo y cuando la adquirió ni siquiera había nacido ese hijo al que condenaron por el asunto de las drogas, porque hace más de 40 años que las tenemos”, añadió mostrando la documentación que respalda sus palabras. Sostuvo que se ve directamente afectada porque ha vivido de la venta de ganado y leche; y que al quitarle la propiedad le han quitado casi todo el ganado que tenía, así como la tierra para mantenerlo adecuadamente alimentado. PGR no les contesta Ambos indicaron que han interpuesto denuncia en la Procuraduría Departamental y mostraron copia de un escrito hecho carta al procurador General Hernán Estrada, el 20 de febrero, exponiendo el caso, sin obtener respuesta. Ese documento fue firmado por él y el alcalde de San Pedro de Lóvago, Melvin Báez y los ex ediles Humberto González y Cruz Vega, éste último actual presidente de la Asociación de Ganaderos de San Pedro de Lóvago, así como Lesther Miranda, Presidente de la Cooperativa Multisectorial de ese municipio y directivo de la Cámara Nicaragüense de la Leche, Canilac.
Presidente “se hizo” de bienes del narcotráfico
El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado José Pallais Arana dijo sentirse frustrado por el reglamento que hizo el presidente de la República, Daniel Ortega, a la Ley Contra el Crimen Organizado. Dicha regulación contradice la propia Ley y destina los bienes incautados al narcotráfico a una institución del Ejecutivo. De esta forma es que la Universidad Nacional Agraria, UNA, es que ha adquirido miles de manzanas de tierra y cabezas de ganado. Pallais aseguró que el reglamento le da facultades a la Procuraduría General de la República, PGR, que no establece la Ley, y le manda a sustraer del dominio que tiene la Unidad Administradora de Bienes Incautados, sobre los bienes del crimen organizado y evita la subasta pública. De esta forma, quita esos recursos que deberían estar disponibles para instituciones que trabajan contra el narcotráfico. “Ese reglamento pretende reformar el destino de los bienes y muebles, y la administración de los bienes inmuebles para que no pasen a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, y evita que sean subastados para acrecentar los recursos del Ejecutivo en manos de la PGR, supuestamente para obras sociales”, expresó Pallaís. A la vez señaló que con este reglamento, Ortega pasa por encima de la Asamblea Nacional, contrariando y legislando sobre disposiciones ya dictadas por ese Poder del Estado. El legislador considera que los jueces no deben obedecer ese reglamento, porque se opone a Ley expresa y por ser de menor rango, no tiene validez. “Uhh, pasamos tres años discutiendo esta Ley, una de las más difíciles porque estábamos tocando intereses económicos fuertes. Fue muy complejo armonizar, convencer y persuadir. Frustra que habiendo logrado consenso olímpicamente el Ejecutivo desacate la Ley, haga lo que quiera y no lo que resuelve este Poder del Estado”, consideró Pallais. En ese sentido, Pallais recomienda al presidente del Parlamento, René Núñez, enviar una carta a Ortega informándole que se ha excedido en sus facultades reglamentarias y que le haga reformas con el fin de ajustarlo a la Ley. En caso de no hacerlo, el siguiente paso según el legislador, es introducir un recurso de conflicto de poderes ante la Corte Suprema de Justicia.
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