Fiscalía reabre investigación a los “hombres de Rivas”

MANAGUA

La Fiscalía General de la República retomó las investigaciones relacionadas con la denuncia de “falso testimonio agravado” en contra de todos los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, CSE, involucrados en el “método” Rivas, que se negaron a reconocer a unos ex proveedores del Estado, quienes aseguran que el Poder Electoral les debe casi C$ 60 millones.

Así lo informó el abogado de Mario y Salvador Chow Pérez, ex proveedores del CSE, Bismark Araica, quien indicó que luego que la Corte Suprema de Justicia, CSJ; rechazara un amparo interpuesto por Mauricio Fernández Mayorga, María Angélica Cano Ramírez, Rodrigo Barreto, Bertha de la Peña, Leandro Delgado Osegueda, Francisco Quiñónez y Orlando Thomas Fúnez, todos funcionarios del CSE, las investigaciones se han reanudado.

Todos los mencionados son parte de la cadena de funcionarios del Consejo Supremo Electoral, CSE, vinculados con el proceso de “anticipos a justificar” por C$ 407 millones, que se soportaron con facturas falsas y negocios inexistentes, de acuerdo con una investigación periodística presentada por EL NUEVO DIARIO a finales de febrero pasado. Caso reabierto “La Fiscalía, de acuerdo con el Código Penal y su propia Ley Orgánica, decidió modificar la resolución fiscal de archivo, por falta de mérito que había emitido el 3 de noviembre de 2010 la fiscal jefa del Distrito Dos Stephanie Pérez y reabrir el caso”, dijo Araica.

Fernández, según Araica, firmó varios contratos con los hermanos Chow Pérez, por servicios prestados al CSE, y tanto él como las demás personas participantes del método Rivas, negaron conocerlo, para no aceptar la deuda que suma unos C$60 millones.

Los Chow Pérez son los ex proveedores del CSE que a finales del año pasado confirmaron que tres meses antes de las fraudulentas elecciones municipales de 2008, financiaron la compra del avión matrícula N347GA, descubierto en una investigación periodística de END en mayo de 2010, y que usan el presidente de esa institución, el magistrado de facto Roberto Rivas, y sus familiares. Diligencias puntuales Las autoridades superiores de la Fiscalía ordenaron a Stephanie Pérez, como actos de investigación, entrevistar a Mauricio Fernández Mayorga, Leandro Delgado Osegueda y Mario Chow Pérez.

De igual forma, girar oficio a las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería para que emita certificaciones de los movimientos migratorios de los tres mencionados, para que se compruebe si han viajado juntos al extranjero entre el 5 y el 9 de febrero de 2009.

“Mis clientes estuvieron en Panamá con estas dos personas, se hospedaron en el mismo hotel y eso lo va a comprobar la Fiscalía con lo que les remita Migración, porque ellos niegan conocerlos para no pagarles”, dijo Araica. De igual forma, la Fiscalía ordenó al área de Recursos Humanos del CSE el contrato de trabajo de Mauricio Fernández Mayorga para acreditar el cargo y la dedicación laboral, y también orientó pedir firmas y manuscritos al Administrativo del Poder Electoral en Las Palmas, para hacer peritajes a través de la Policía Nacional.

“Las diligencias ordenadas deben ser acatadas por la fiscal Pérez, que meses atrás, violentando todas las leyes y procedimientos, había ordenado archivar el caso, notándose en ella una intención insana y sólo ella sabe por qué lo hizo”, concluyó Araica.

El abogado de los Chow dijo sospechar que en el CSE usaron el mismo mecanismo de anticipo a justificar que usaron Fernández y compañía, autorizados por Roberto Rivas, para limpiar la deuda con ellos de los libros del Poder Electoral, sin que se conozca el destino real del dinero.

“Seguro que lo pusieron en los libros como que le pagaron a mi cliente y el dinero se fue para otro lado”, reiteró Araica.