Por Edwin Sánchez
Nicaragua desde el 2 de abril, día de la marcha, se volvió un país con dos Policías. Una, al mando de la Primera Comisionada Aminta Granera, y la otra que en las calles arremetió contra la población que llegó a manifestar su rechazo a la inconstitucional candidatura presidencial del actual mandatario Daniel Ortega.
El partido ha partido a la Policía Nacional. Si bien a los cuadros profesionales que, de acuerdo con las leyes internas de esa institución, le correspondía mantenerse en sus cargos y luego promover a instancias superiores fueron relevados al comienzo de este gobierno, ahora se terminó de ver la división del mando en las calles.
Somoza se hizo con la Guardia Nacional y la Policía. Durante los años 80, las fuerzas del orden, por las razones que todos sabemos, contaban con el apelativo de “sandinista”, y no fue sino en los años 90 que se hizo un esfuerzo, muchas veces saboteado, por dotar de profesionalismo a estas instituciones.
Entre el Ejército y la Policía, esta última siempre fue la más frágil frente a los avatares del poder. Los supuestos representantes de la Democracia como Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños no respetaron la institucionalidad de la Policía. Son los nefastos antecedentes que se extienden a la actual administración.
No se puede ocultar la forma en que el entonces presidente Alemán cautivó a un jefe policial hasta con vaquillas, y cómo el eficiente segundo jefe de la Policía, el escritor Javier Bautista Lara, fue echado de la institución (2005) por el presidente Bolaños por haber cometido el “grave delito” de ser cuñado del alcalde Nicho Marenco, para esa época, cercano al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega.
El poder, no importa quién lo haya ostentado desde los años 90, ha irrespetado a la institucionalidad de Policía y algunos de sus mandos se han complacido en que los presidentes metan sus narices donde no deben. No hubo voces que se opusieran al atropello de Bolaños en contra del orden interno de ese cuerpo, como tampoco los hay ahora cuando la Primera Comisionada queda prácticamente al mando de un reducido grupo de oficiales, mientras un poder de facto se alza con el control de la fuerza celeste, retrocediendo la Historia a tristes capítulos al parecer aún no superados.
Si al final, el presidente actual logra consumar sus propósitos, ya podemos darnos una idea con este ensayo de policía familiar, donde las mujeres como la diputada Mónica Baltodano, Georgina Ruiz y Glenda Orozco, y jóvenes como Byron Rivas y otros fueron salvajemente atacados por los uniformados, cuando la ciudadanía cumplía con un derecho consignado en la Carta Magna: la libertad para movilizarse y expresar su pensamiento.
El artículo 52 de la Constitución ampara la demanda ciudadana de protestar frente al Consejo Supremo Electoral por permitir la inscripción de una candidatura que dinamita la institucionalidad del Estado de Nicaragua.
“Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva, a los poderes del Estado…”.
La doctora Vilma Núñez hizo la gran pregunta del Día Después: ¿Y si renuncia Aminta, en manos de quién queda la Policía.
Las vapuleadas, cachiporrazos, llaves y torniquetes del sábado 2 de abril en contra de mujeres y jóvenes indefensos ya adelantan la respuesta a la doctora Núñez: el surgimiento de un Alesio Gutiérrez puede estar a la vuelta de la esquina.
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