Nadie se atrevería nunca a afirmar que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte del Ejército de Nicaragua deriva en corrupción o despilfarro. No hay base para ello: ni cifras, ni evidencias, ni documentos, ni información, pero tampoco se puede afirmar que se manejan de la forma más transparente, pues la fiscalización pública no ingresa a las cuentas militares.
Pese a que el Estado designa cada año menos del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto y menos del 7 por ciento del Presupuesto General de la República al Ejército de Nicaragua, ni la Contraloría General de la República, CGR, ni los órganos de controles estatales del Estado hurgan en la aplicación de los gastos militares desde que en 1995 se empezó a describir de manera documentada en los medios de comunicación los millones que tiene la entidad castrense bajo su égida.
¿Se ajustan estas compras a lo establecido en la citada ley? ¿Hay un marco regulatorio para las adquisiciones del Ejército como ente del Estado? Aunque voces expertas consideran que siendo el Ejército una entidad que recibe Presupuesto vía ley, debe tener igual obligación que el resto de las instituciones en cuanto al respeto de la normativa de compra que establecía la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, la realidad dice otra cosa.
Pese a que el Ejército es una institución pública, sostenida con presupuesto público, cuya fiscalización de acciones está supeditada por ley al poder civil y las leyes de la República, ahí impera la falta de transparencia, la carencia de información pública y la falta de voluntad de las autoridades civiles para irrumpir en el tema a fondo sobre el papel de los militares desde el punto de vista de las finanzas públicas, de acuerdo a varios estudios y declaraciones de expertos y funcionarios al respecto.
CGR: No hay registros de esas compras El presidente de facto de la Contraloría General de la República, CGR, Guillermo Argüello Poessy, con 11 años en esa institución, confirmó que no existen en sus registros procesos de licitación que inmiscuyan al Ejército de Nicaragua en solicitudes de exclusiones de procedimientos.
“La verdad es que no recuerdo haber tenido en mis manos algo relacionado con el Ejército, del Ministerio de Defensa sí, pero una cuestión mínima”, indicó Argüello Poessy.
Esa situación a la que se refiere el colegiado fue solicitudes de exclusión de procedimientos que hizo el Midef para compra de vehículos propios de esa entidad, nada relacionado directamente con las Fuerzas Armadas.
Discrecionalidad a manos llenas Dos informes elaborados por investigadores independientes en los años 2007 y 2008, con respaldo del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (Ieepp), y otro de la Red de Defensa y Seguridad de América Latina (Resdal) del año 2004, hacen énfasis en la discrecionalidad con la que actúa el Ejército de Nicaragua al momento de ejecutar su presupuesto.
El más antiguo de ellos, denominado “Calidad, Eficiencia y Transparencia del Presupuesto de Defensa (El caso de Nicaragua)”, elaborado por el experto Roberto Cajina para Resdal, concluía que generalmente “la información disponible nos indica que la formulación presupuestaria que realiza el Ejército de Nicaragua para el rubro Defensa Nacional es absolutamente autónoma en su concepción de cualquier gestión o intervención civil”.
La toma de decisiones para la aprobación del monto de la asignación presupuestaria es ejecutada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que elabora el marco presupuestario en donde se incluye la partida del Ministerio de Defensa, estableciendo el respectivo techo de gastos para las fuerzas armadas, que lo adecuan a sus necesidades en correspondencia con sus planes y objetivos anuales.
Una vez elaborado el presupuesto es enviado a través del Ministerio de Defensa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que sea remitido al Poder Legislativo, donde es analizado en las diversas comisiones para las modificaciones pertinentes y aprobado para el año fiscal correspondiente. En términos generales, el proceso para la asignación presupuestaria de la defensa queda básicamente concentrado a decisión del Poder Ejecutivo, pero las facultades de supervisión, establecidas a la Auditoría Interna, están referidas teóricamente al asesoramiento del Ministro de Defensa en el control interno de la entidad, así como para evaluar la correcta utilización de los recursos públicos, verificando el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias.
Midef y CGR sin incidencia alguna En papel, el Midef le determina además responsabilidades para medir el cumplimiento de los objetivos planteados a desarrollar en relación con los recursos asignados.
En la práctica, los niveles de participación del Ministerio de Defensa y Contraloría en la formulación, seguimiento y control de la ejecución presupuestaria son inexistentes.
La CGR al igual que en la mayoría de las experiencias de América Latina, ejerce un control muy limitado sobre la forma en que se maneja el gasto de defensa, “siendo el único control que se ejerce meramente aritmético en cuanto a la liquidación del presupuesto”, es decir, en revisar si cuadran lo ejecutado con lo presupuestado.
En cuanto al Ejército se han efectuado auditorías por delegación al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) a través de firmas privadas como la Price Water House and Coopers. Y la CGR ha desarrollado gestiones con los altos mandos para la evaluación de los registros de las fuerzas armadas y orientarlos en el cumplimiento de la ley orgánica de la Contraloría, la aplicación de las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) y de los manuales emitidos por ese órgano para hacer más efectivo el desarrollo de futuras auditorías a las fuerzas armadas. La información obtenida desde la CGR reveló que aparte de la confidencialidad con que se maneja el presupuesto militar, técnicamente no es fácil su análisis y control pues los recursos asignados al Ejército están incorporados en el Presupuesto del Ministerio de Defensa, pero éste no coordina, ni supervisa, ni dirige la formulación y ejecución del Presupuesto del Ejército.
Accionar histórico, dice experto El consultor y experto en contrataciones públicas, Rodolfo Pérez García, recordó que desde la época de la dictadura somocista hasta la etapa de la Revolución, el Ejército compraba “a manos llenas” y sin ningún tipo de control, los primeros por su naturaleza represiva y los segundos “por la excusa de encontrarse en guerra”.
Añadió que en los años 80 se aprobaron normas de contrataciones muy básicas pero no se reglamentó las compras del ejército de manera taxativa, y fue hasta la aprobación y entrada en vigencia de la hoy superada Ley de Contrataciones, Ley 323, que se estableció de manera clara la obligatoriedad de que las compras de los militares debían hacerse a través de una autorización del Ministerio de Defensa, pero eso nunca ocurrió y la ordenanza quedó en papel mojado.
“En una investigación que realicé sobre el tema, uno de los Contralores de facto me manifestó que sus unidades, durante estuvo en vigencia la Ley 323; no tuvieron acceso a los expedientes de compras del Ejército de Nicaragua, jamás habían realizado ninguna auditoría y que en sus archivos no se encontraban sustentados expedientes de solicitudes y autorizaciones del Ministerio de Defensa sobre las compras y negocios del Ejército de Nicaragua”, indicó Pérez García. Sigilo con negocios como “gastos en defensa” Un estudio realizado por el investigador Eduardo Marenco, denominado “Empresarios en Uniforme, los negocios del Ejército de Nicaragua 1995-2007”, realizado bajo el auspicio del Ieepp, encontró que la falta de acceso a la información financiera del Ejército, sumado al sigilo comercial bajo la figura de “gastos en defensa”, no permitían evaluar la calidad de la ejecución presupuestaria de los militares desde 1998.
El reporte seguía la línea de investigación formulada por el estudio regional “Soldados como empresarios: Los negocios de los militares en Centroamérica”, de 1998, realizado con el auspicio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Cosude, y publicada por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
“Desde hace diez años, a partir de esta investigación pionera, el tema de la presencia del Ejército de Nicaragua en negocios privados y de militares activos de las fuerzas armadas en distintas empresas, ha sido un tema polémico y controversial, en donde no siempre la transparencia ha brillado con la suficiente claridad”, indicaba Marenco en su documento.
Ahí se revelaba que a la par de los recursos públicos asignados vía Presupuesto General de la República, el Ejército maneja otras cuentas provenientes de los negocios y patrimonios del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), constituidos por un conglomerado industrial de empresas privadas con secretos comerciales y sigilo bancario. Las compras del Ejército y sus negocios, son considerados como “secretos” que pueden poner en riesgo la seguridad del país y por ello los militares no acceden a hablar de ello con los medios.
Poder económico vestido de camufle La primera conclusión de esa investigación fue que era posible considerar al conglomerado empresarial del Ejército “como uno de los primeros grupos económicos del país” con capital superior a los cien millones de dólares, con operaciones concertadas, espacio importante en el sector financiero y con posición hegemónica --o incluso monopólica-- en algún sector de la economía.
El consultor e investigador Félix Maradiaga, autor del estudio “El Presupuesto del Sector Defensa: Retos y Oportunidades de la Transparencia y Modernización en el Periodo 2002 – 2006”, publicado a finales de 2007 y actualizado en 2008 por el Ieepp dentro del Proyecto “Mirador por la Transparencia del Sector Seguridad”, daba más aportes.
Maradiaga dijo a EL NUEVO DIARIO que una actualización de su estudio anteriormente citado, editado a finales de 2010 y por publicarse este año, revela que lejos de abrirse a la gestión pública, la falta de fiscalización de las acciones financieras del Ejército se ha endurecido y el acceso a la información ha desaparecido del mapa público.
De hecho, las fuerzas armadas en 2007, ante la Asamblea Nacional, presionaron para que la información sobre los contratos de adquisición, compra-venta o permuta de armamento y “artículos para defensa” fuera considerada “información restringida”, asuntos secretos y en la actualidad es así.
“Es evidente que durante los últimos ocho años el sector Defensa ha sido el gran olvidado de los programas de modernización. La falta de voluntad política para impulsar reformas de segunda generación en este importante sector del Estado ha hecho que el gasto en Defensa funcione bajo mayor discrecionalidad presupuestaria que otras instituciones públicas”, señaló Maradiaga.
“Inclusive, con las reformas que el presidente Daniel Ortega hizo a la Ley 290 en el año 2007, el sector Defensa experimentó un retroceso institucional muy agudo”, dijo a END.
“Además, las oportunidades para lograr mayores espacios de participación civil han sido minadas por los cambios en la legislación que, aunque aparentemente pequeños, borraron de un plumazo diez años (1997 - 2007) de trabajo en la conformación de dicho Ministerio y neutralizaron los modestos pasos hacia la transparencia y auditoría social de las políticas y presupuestos de Defensa”, agregó, citando, por ejemplo, que las solicitudes de información oficial mediante la ley de acceso a la información no fueron respondidas.
“En consecuencia, Defensa Nacional es uno de los sectores del Estado con menos controles, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, ya que, bajo el esquema actual, su presupuesto está sujeto a procedimientos menos acuciosos y exigentes de auditoría contable y de desempeño de los que se les exige, por ejemplo, al gasto en Salud o Educación mismos que deben responder hasta cuatro diferente tipos de indicadores”, observó.
Poder económico vestido de camufle
La primera conclusión a la que llegó Eduardo Marenco en su investigación fue que era posible considerar al conglomerado empresarial del Ejército “como uno de los primeros grupos económicos del país” con capital superior a los cien millones de dólares, con operaciones concertadas, espacio importante en el sector financiero y con posición hegemónica --o incluso monopólica-- en algún sector de la economía.
El consultor e investigador Félix Maradiaga, autor del estudio “El Presupuesto del Sector Defensa: Retos y Oportunidades de la Transparencia y Modernización en el Periodo 2002 – 2006”, publicado a finales de 2007 y actualizado en 2008 por el Ieepp dentro del Proyecto “Mirador por la Transparencia del Sector Seguridad”, daba más aportes.
Maradiaga dijo a EL NUEVO DIARIO que una actualización de su estudio anteriormente citado, editado a finales de 2010 y por publicarse este año, revela que lejos de abrirse a la gestión pública, la falta de fiscalización de las acciones financieras del Ejército se ha endurecido y el acceso a la información ha desaparecido del mapa público.
De hecho, las fuerzas armadas en 2007, ante la Asamblea Nacional, presionaron para que la información sobre los contratos de adquisición, compra-venta o permuta de armamento y “artículos para defensa” fuera considerada “información restringida”, asuntos secretos y en la actualidad es así.
“Es evidente que durante los últimos ocho años el sector Defensa ha sido el gran olvidado de los programas de modernización. La falta de voluntad política para impulsar reformas de segunda generación en este importante sector del Estado ha hecho que el gasto en Defensa funcione bajo mayor discrecionalidad presupuestaria que otras instituciones públicas”, señaló Maradiaga.
“Inclusive, con las reformas que el presidente Daniel Ortega hizo a la Ley 290 en el año 2007, el sector Defensa experimentó un retroceso institucional muy agudo”, dijo a END. “Además, las oportunidades para lograr mayores espacios de participación civil han sido minadas por los cambios en la legislación que, aunque aparentemente pequeños, borraron de un plumazo diez años (1997 - 2007) de trabajo en la conformación de dicho Ministerio y neutralizaron los modestos pasos hacia la transparencia y auditoría social de las políticas y presupuestos de Defensa”, agregó, citando, por ejemplo, que las solicitudes de información oficial mediante la ley de acceso a la información no fueron respondidas.
“En consecuencia, Defensa Nacional es uno de los sectores del Estado con menos controles, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, ya que, bajo el esquema actual, su presupuesto está sujeto a procedimientos menos acuciosos y exigentes de auditoría contable y de desempeño de los que se les exige, por ejemplo, al gasto en Salud o Educación mismos que deben responder hasta cuatro diferente tipos de indicadores”, observó.
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