La directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, justificó ayer la protección policial que esa institución le proporciona al secretario político del partido de Gobierno y coronel en retiro Lenín Cerna, sin ser un funcionario público.
Cerna fue jefe de la extinta y tenebrosa Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), del primer gobierno sandinista en los años ochenta.
“La Policía brinda seguridad a las personas que nosotros consideramos que la requieren”, fue la reacción de Granera al ser consultada por un periodista.
De inmediato señaló que actualmente refuerzan la seguridad “a distintos objetivos, a distintas personas que podemos, de acuerdo a nuestra información y de acuerdo a nuestros criterios, que lo necesitan”.
Ayer por la tarde Granera recibió la visita de varios diplomáticos acreditados en el país. En uno de esos instantes fue consultada sobre los motivos por los que no le dieron el mismo beneficio al periodista Luis Galeano, quien en su momento solicitó protección policial tras amenazas recibidas por una investigación periodística.
“Vos vivís en el pasado o en el futuro, yo estoy en el presente haciendo cada día el trabajo que tengo que hacer, para garantizar la seguridad de los nicaragüenses”, reaccionó incómoda la jefa policial ante la insistente pregunta.
A tempranas horas la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, había dicho que la Policía debería explicar los motivos por los cuales un político que no es funcionario del Estado cuenta con seguridad oficial.
Los escoltas de Cerna son señalados por el joven Eduardo Santos de haberlo golpeado el miércoles en León, mientras otros uniformados aplaudían la golpiza.
El hecho ocurrió cuando Santos permanecía en el parque San Juan, de León, para unirse a un grupo que protestaría contra los intentos de reelección del presidente Daniel Ortega, de visita ese día en esa ciudad. El denunciante sostuvo que presuntamente Cerna fue quien dio la orden de que lo golpearan.
CERNA ORDENÓ GOLPIZA
Santos viajó a Managua a denunciar el caso ante el Cenidh, donde dijo que supuestamente el propio coronel en retiro azuzó a los escoltas para que lo golpearan.
Según Santos, Cerna se movilizaba en una camioneta junto a Manuel Calderón (alcalde de León) y Benjamín Barreto (secretario municipal del FSLN), cuando dio la orden de que lo golpearan. “Sin pasar palabras procedieron a golpearme”, denunció el joven.
“La Policía no sé si es seguridad privada de Lenín Cerna, estaban ahí y no hicieron nada en contra del agresor (...) más bien le decían dale duro. La Policía actúa mal, mal”, manifestó el denunciante.
Sobre la denuncia del joven, Granera dijo: “Toda denuncia que se interponga, aquí está el inspector general, ustedes saben que cualquier denuncia, chiquita, mediana o grande, aquí se investiga y se toman las medidas que se consideran pertinentes”.
La presidenta del Cenidh consideró que las autoridades deben tener muchas probabilidades de identificar quiénes son los escoltas de Cerna.
“Hay que ver si los escoltas pertenecen a la Policía activa. Porque yo me pregunto también ¿cómo es posible que Lenín Cerna, un funcionario político y no un funcionario de Gobierno, ande con una escolta policial tan numerosa?”, se preguntó Núñez.
Núñez destacó que en muchas ocasiones han solicitado a la jefatura policial protección para personas en riesgo y se la han negado. Mencionó el caso, justamente, del periodista Galeano, una de las personas a quienes le negaron la protección, e incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la representación del Gobierno contestó que el comunicador no necesitaba protección, por tanto no se la iban a brindar. “Y en este caso cuidan a un político que anda con prepotencia causando temor y actuando de esa forma en las calles”, criticó Núñez.
YA MATARON A UNA MUJER
El funcionario del Cenidh Gonzalo Carrión recordó que los escoltas de Cerna ya se han visto involucrados en hechos violentos. En febrero del 2009 fueron estos los autores de los disparos que segaron la vida de Rebeca Arbizú Fletes, cuando garantizaban la seguridad personal en la propiedad del coronel en retiro, ubicada en el kilómetro 10 y medio de la Carretera a Masaya. El caso quedó impune.
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