La “negociación” para beneficiar el consorcio Albanisa, que ha realizado el Procurador General de la República, Hernán Estrada, con 100 manzanas de tierras privadas, donde hay minas de balastro y piedrín, fue catalogada como ilegal por expertos en derecho que a la vez recordaron que las confiscaciones van en contra de lo establecido en la Constitución. Estrada amenazó a Víctor García con expropiar su propiedad si se negaba a venderla y a obstruir trabajos públicos que beneficiaran a la población. El ex procurador de la república, Alberto Novoa, señaló que la Constitución establece que no se pueden hacer confiscaciones y las gestiones que se realicen para realizar este procedimiento no son permitidas. “La Constitución establece que se respete la propiedad privada, la pública y la mixta. El Estado de Nicaragua, a través de la Procuraduría, no está actuando apegado a derecho”, indicó, al mismo tiempo que señaló que todo el proceso de expropiación que se hizo fue ilegal.
Albanisa usa brazo del Estado En cuanto a las responsabilidades, Novoa refirió que Víctor García debería demandar directamente a la empresa privada Alba de Nicaragua S.A, Albanisa, porque está siendo utilizada directamente por el Estado para ejecutar este tipo de acciones viciadas y para otorgarle concesiones beneficiosas al consorcio vinculado con la familia presidencial. “Albanisa es una firma o como se llame que aprovecha el Estado para hacer su negocio”, indicó el ex procurador, quien además sugirió al afectado que acuda al Poder Judicial para que pueda restituir sus derechos sobre la propiedad. Una de las excusas que el procurador Hernán Estrada le puso a García es que el material que están sustrayendo de la propiedad es necesario para la construcción de carreteras, entre las que se destacó el tramo de 7.6 kilómetros que va de Izapa al empalme de Puerto Sandino, proyecto en el que precisamente se le facilitó la concesión a esta corporación privada. “El Estado de Nicaragua es irresponsable porque las carreteras son del Estado de Nicaragua y no de Albanisa. Hay que demandar a Albanisa, porque es un testaferro del Estado de Nicaragua, porque los fondos de Albanisa son de dos pueblos”, agregó Novoa.
Procurador actúa en contra de la ley En cuanto a la actuación del procurador Estrada, Novoa recalcó que éste no puede actuar a favor del Estado en este caso, porque está realizando una acción ilegal que es confiscar, razón por la cual aseguró que al efectuar este acto se convierte en coautor de daño hacia la propiedad privada y en participe del “contubernio Estado-Gobierno-Albanisa”. “El Estado como tal tiene un representante que es el procurador, está obligado por la ley, si el actúa en contra de la ley, es ilegal y podrá ser llamado el día de mañana a rendir cuentas de sus actuación en contra de la ley”, finalizó.
Hay que denunciar para sentar precedentes Mientras tanto, el constitucionalista Gabriel Álvarez dijo que Estrada no puede utilizar su cargo para cometer delitos y que las instituciones del Estado deberían investigar la legalidad de su actuación, que si ahora no se puede por la situación que vive Nicaragua, en la que el orteguismo controla todas las instituciones, se debe denunciar para sentar precedentes y una vez que se mejore la situación en el país ir a fondo con estos casos. Álvarez criticó fuertemente el uso de las instituciones del Estado como instrumentos de represión, coacción y chantaje, y aseguró que en el país lo que predomina actualmente es la ley de la selva. “La ciudadanía está en un completo estado de indefensión”, declaró.
Albanisa, una “podredumbre” “Todo lo que tenga que ver con Albanisa tiene serias presunciones delictivas. Cuando el Estado de Nicaragua se recupere, se tendrá que investigar a todos de Albanisa, desde el actual presidente pasando por todos los ministros y funcionarios de cualquier cargo, todo el que haya tenido que ver en las transacciones de esta empresa”, aseguró Álvarez. “Albanisa es una podredumbre total y es el mayor cúmulo de experiencias ilegales y delictivas”, agregó.
Carretera también manipulada por Albanisa Este año el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, ejecutará 123 proyectos, de los cuales 119 no serán sometidos a licitación sino que serán por contratación directa. Uno de los proyectos es la construcción del tramo Izapa-Puerto Sandino, que inicialmente estaba comprendido dentro de la Cuenta Reto del Milenio, CRM, pero debido al fraude de 2008 se canceló el financiamiento que posteriormente con 35 millones de dólares fue asumido por Albanisa. Éste es uno de los proyectos en los que además de estar involucrada esta empresa privada, las beneficia, ya que el tramo a construir facilita el acceso a la refinería del Alba. Las empresas constructoras también están ligadas profundamente con el Estado. Aquí, según Estrada, se está utilizando el material que se está extrayendo de la propiedad confiscada. Los costos del piedrín y balastro pueden rondar los 30 millones de dólares. EL NUEVO DIARIO trató de contactarse en varias ocasiones con el procurador Estrada, pero a pesar de que su teléfono repicaba, no respondió.
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