El diputado Francisco Aguirre Sacasa, miembro de la Comisión de Producción, Economía y presupuesto de la Asamblea Nacional, insistió ayer en la “irregularidad” del préstamo de 37 millones de córdobas que hizo en 2010 el Consejo Supremo Electoral, CSE, al Banco de Crédito Centroamericano, Bancentro, porque no fue autorizado por el Parlamento nicaragüense, ni para contraerse, ni en el concepto que usa el presidente Ortega en su decreto referido al Presupuesto de 2011. Asamblea saltada “Si ellos (el gobierno) la han inscrito (la deuda) allí (en el presupuesto), no debería ser así, porque cualquier préstamo tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional… ellos pueden decir que al aprobar el Presupuesto se aprobó esa deuda, pero eso no quita la irregularidad” de pagarlo vía decreto bajo otro concepto.
Aguirre Sacasa expresó que lo que ha visto es “un boleo entre el Ministro de Hacienda y el presidente de la Comisión Económica, tratando de justificar lo injustificable: un préstamo de un banco al CSE sin saber para qué fue y por qué no pasó por la Asamblea Nacional para su aprobación”. Wálmaro no habla del tema EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión del presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, pero éste no quiso referirse al tema.
Cabe recordar que fue el mismo Gutiérrez quien, durante las consultas y firma del dictamen del Presupuesto 2011, aseguró que los 37 millones de córdobas incluidos en el renglón de Deuda Pública Interna, “quedarían congelados”, en tanto las autoridades del CSE no aclararan bajo qué concepto y para qué hicieron ese préstamo.
La “aclaración” pedida por la Comisión Económica a cambio de descongelar el dinero, llegó el 25 de noviembre por medio de una carta de Roberto Rivas, en la que afirmó que el dinero lo había prestado a un banco privado para responder a la contrapartida del Estado a un fondo de contravalor que el gobierno español de 5.4 millones de euros, desembolsó para la Primera Fase de Modernización del Registro Civil de las Personas y Cedulación Ciudadana.
Rivas envió adjunta a su carta, solo una hoja de papel con montos que sumaban un poco más de 43 millones de córdobas que, según él, habría alcanzado ese proceso de Modernización, sin embargo no hay documento que soporte esas cifras. Indagaciones de EL NUEVO DIARIO soportadas con documentos, confirman que Rivas pagó en 2005, 173 mil dólares, para que Mario Chow Pérez, en ese entonces el proveedor exclusivo de multiservicios y bienes al CSE, les proveyera materiales para la elaboración de cédulas, pese a la existencia en bodegas de materiales para garantizar un millón 200 mil documentos. Ortega autoriza por otras razones Sin embargo, el Presidente de la República, Daniel Ortega, autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, asumir como deuda pública los C$ 37 millones que el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidió prestar al Banco de Crédito Centroamericano, S.A., Bancentro, para cubrir “el déficit ocasionado por recorte presupuestario asignado a ese poder del Estado en el año 2010…”.
Según el artículo uno del Acuerdo Presidencial No. 88-2011, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 5 de abril del presente año, “se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público… para que incorpore y registre como Deuda Pública Interna del Estado de la República de Nicaragua, la cantidad de 37,000,000.00 (treinta y siete millones) de córdobas netos a favor del Banco de Crédito Centroamericano, Sociedad Anónima, Bancentro, en concepto de asunción de deuda por préstamo efectuado por el Consejo Supremo Electoral por un monto de 35,000,000.00 (treinta y cinco millones) de córdobas…”.
Ese Acuerdo se emitió un día antes de que Rivas --con los demás magistrados de facto-- hiciera pública su decisión de rechazar las impugnaciones en contra de la candidatura de Ortega, y afirmara que se trata de una decisión “que está escrita en piedra”. Asamblea puede revertir El presidente de la Contraloría y contralor con período vencido, Guillermo Argüello Poessy, dijo ayer que la Ley de Deuda Pública es clara en cuanto a los procedimientos legales para asumir un compromiso en nombre de una entidad pública.
“Hay un proceso legal, no hacerlo así es ir en contra de la ley, y los diputados son los primeros obligados a revisar lo que ha ocurrido”, dijo el colegiado, quien indicó que el ente fiscalizador no tiene facultades para revertir lo aprobado por la Asamblea ni autorizado por el Ejecutivo en materia de deuda pública.
Al indicarle al contralor que las investigaciones de este diario y los testimonios de ex funcionarios del CSE, como el ex director de Cedulación del Consejo Supremo Electoral, CSE, Dionisio Palacios, que confirman que había suficiente material para cedulación, abren la interrogante sobre qué pasó realmente con el dinero, dijo:
“Y estoy de acuerdo con esa inquietud, y recordá que yo propuse que hiciéramos una auditoría a los gastos y compras del CSE, a partir de la investigación de ustedes (el método Rivas), que hablaba de facturas falsas y compras ficticias, pero acá no existe voluntad de mis compañeros de hacerla, así que esa inquietud seguirá viva”, concluyó.
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