Institucionalidad hecha pedazos en 2010

La valoración de la situación de los derechos humanos en Nicaragua durante 2010 se puede resumir en una palabra: regresión.

Así lo califica el doctor Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, esto porque a pesar de que el gobierno del presidente Daniel Ortega se ha marcado por ser autoritario, en el año 2010 se destacó y a pasos agigantados : gobernó por decreto y fuera del orden constitucional, donde se desarticuló a la autollamada “oposición”, se sostuvo en sus antiguos cargos a funcionarios con períodos vencidos y desde la Asamblea Nacional se le concedieron al mandatario atributos sobre otros poderes del Estado, principalmente con la aprobación de las leyes de defensa y seguridad nacional, impuesta de “emergencia”.

Se registraron acciones violentas en 2010, principalmente cuando los ex magistrados se tomaron el Poder Judicial y llegaron encabezando grupos vandálicos que atacaron las instalaciones de la Asamblea Nacional y del hotel Holiday Inn.

“Sin embargo, más negativo fue que jurídicamente se destruyó de una vez por todas la institucionalidad del país. A pesar de no tener una mayoría electoral, Ortega avanzó enormemente en la concentración de poder, no sólo institucional, sino hegemónico. Donde sus seguidores en los diferentes poderes del Estado aprobaron leyes a la medida del mandatario y de sus pretensiones, aunque esto significó violar reiteradas veces las normas establecidas, leyes y la Constitución de la República”, dijo Carrión.

Elecciones, una incógnita

De cara al próximo año, indicó que no se conoce aún la estrategia del partido de gobierno cuando se celebren elecciones presidenciales y se especula que bien podrían “vestirse de blanco” como candidatos o que seguirán la lógica intolerante de darle con palos y piedras a quien no comulgue con el presidente Ortega y su reelección.

“Algo interesante de 2010 es que hubo pocas manifestaciones de la sociedad civil y no se sabe a ciencia cierta a qué se debió esto. Si fue porque la población no logró organizarse para movilizarse, si fue por la intimidación, chantaje y represión del partido de gobierno, o porque fueron seducidos y divididos de diferentes maneras. Lo evidente, sin embargo, fue que el partido de gobierno este año no tuvo la necesidad de sacar frecuentemente a la calle a sus fuerzas de choque”, expresó el abogado del Cenidh.

“Represión institucional”

Recalcó Carrión que una nueva forma de intimidación fue la institucional. Mencionó como ejemplo la “criminalización” de la protesta aplicada a los jóvenes que se manifestaron frente al Consejo Supremo Electoral, el retiro de la nacionalidad nicaragüense al italiano Alberto Boschi, o más aún la destitución de los alcaldes no sandinistas.

Otro ejemplo de la desarticulación de las autoridades gubernamentales frente a la autoridad que el presidente ha impuesto en los órganos y cuadros partidarios fue la protesta de transportistas contra el Concejo de León, donde el conflicto finalizó con promesas de un personaje sandinista sin ningún cargo gubernamental, Lenín Cerna. A Cerna lo vimos “resolver” el problema por encima de las autoridades municipales. Ahí quedó clara la carencia de mando y ausencia de potestad de la institucionalidad. En esto también hay que tomar en cuenta que los transportistas aceptaron negociar con Cerna, a quien consideraron una autoridad superior a la municipal.

Asimismo, recalcó que en el Poder Judicial es donde más se vulneraron los derechos humanos, ya que por intereses particulares o partidarios rápidamente se resuelven los problemas de determinada persona o sector.

El doctor Carrión considera que la mal llamada oposición es la que más poder ha dado al mandatario, por su ineptitud, incapacidad de movilización o simplemente por omisión que legitima la ilegalidad. Algo que demuestra que el pacto entre las cúpulas políticas se mantiene vivo y en desarrollo.

Derechos laborales, otro desastre

Álvaro Leiva, en representación de la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, instancia en coordinación con la Federación Democrática de los Trabajadores del Servicio Público, consideró que la situación de los derechos labores en el país es negativa.

“Cerramos el año con poco más de 19 mil servidores públicos del Estado que fueron despedidos sin fundamentos establecidos por las leyes, dentro de al menos 52 instituciones del Poder Ejecutivo. En Nicaragua no hay un cumplimiento a los derechos laborales, no hay respeto a los convenios internacionales 87 y 98 en materia de libertad sindical y fuero sindical. Además, en materia de negociación colectiva los servidores públicos son objeto de discriminación, represalias y persecución por no pertenecer a la línea política del partido de gobierno de turno”, alega.

Leiva asegura que según denuncias de los mismos afectados, se está exigiendo a los trabajadores pertenecer a organizaciones con filiación política acorde al gobernante de turno. Esto se suma a un ambiente laboral poco positivo e inestable en 2010.

“Cerramos con una Navidad negra para los trabajadores del Estado. Hasta hoy computamos a 54 organizaciones sindicales descabezadas por no pertenecer a la ideología estatal en los Consejos de Liderazgo Sandinista. Mientras tanto, al servidor público se le utiliza para hacer movilizaciones políticas y cotizaciones partidarias obligatorias, lo que es un atentado contra el salario de los trabajadores”, denunció Leiva.

Otra instancia vulnerada es el servicio magisterial educativo, donde mencionó que sufren de inestabilidad y, cuando se les despide, se les hacen cálculos por prestaciones sociales vergonzosas. Leiva menciona que no es posible que a un maestro con más de 30 años de servicio se le indemnice con liquidación laboral de 1 mil 700 córdobas, tal como ha sucedido en Masaya.

El Mitrab pasivo y reina el desacato

En tanto, a la actuación del Ministerio del Trabajo, Mitrab, Leiva comentó que éste es representativo cuando el afectado es trabajador del Estado. Esto, por su accionar pasivo, considera que no cumple con su misión, visión y objetivo para lo cual esa institución fue hecha.

Criticó que la política del gobierno se ha caracterizado por violar nuestra Constitución Política en muchos aspectos y el sector laboral no es la excepción. Esto porque aún teniendo sentencia judicial firme, la misma no se acata sin mayor reacción de las autoridades competentes.

“Tenemos aproximadamente 500 sentencias judiciales, ya de autoridad de cosa juzgada, que estamos en proceso de que se cumplan. Hablamos de reintegros y pagos de prestaciones sociales. Todas son desacatadas. Esto ocurre a todos los niveles e incluso en la misma Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos”, menciona Leiva.

“A través de Fedetracep nos hemos dado cuenta que el funcionario público que no cumpla con las ilegalidades, en violación de derechos constitucionales, orientadas por las estructuras partidarias del gobierno de Ortega, simplemente este funcionario es descabezado. Hay casos específicos como en el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, entre otros”, dijo el sindicalista.

Agregó que con esta problemática, “prácticamente este gobierno dejará al Estado de Nicaragua un conflicto laboral de tal magnitud, que cuando un Presidente con respeto a las leyes suba al poder, deberá enfrentar la necesidad de crear una oficina de indemnización del empleado público”.

Igualdad de género y derechos de las mujeres

En el tema de igualdad de género Debora Grandison, procuradora especial para la mujer, expresó que según un estudio realizado por su institución, el gobierno ha equiparado la presencia de la mujer en diversos cargos públicos.

Señaló que al frente de varios ministerios, hay mujeres en los cargos directivos, así mismo que hay mayor apertura en la participación de las mismas en las decisiones institucionales.

La acción se vincula con la Ley de Igualdad de Oportunidades recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, en cumplimiento con los acuerdos internacionales como la Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, CEDAW.

Sin embargo, admitió que aún hace falta mucho por hacer en otros aspectos para lograr la total igualdad entre hombres y mujeres. “El gobierno trabaja en ello, se trata de superar una problemática arraigada culturalmente y con lo que no puede acabarse de una vez”, se justificó.

Pero Auxiliadora Vásquez, de la Red de Mujeres contra la Violencia, planteó que en el país definitivamente se ha retrocedido en materia de los derechos humanos de las mujeres, algo que calificó como “muy desalentador”.

“Las cifras de feminicidio se incrementaron. Hasta el momento –inicios de diciembre- tenemos 86 casos y no ha acabado el año. Así mismo los asesinos continúan libres. Hay 65 asesinos prófugos. En contraparte sólo hay 35 agresores en las cárceles esperando sentencia”, dijo Vásquez.

Criticó que algo contradictorio es que mientras a las autoridades policiales, a los fiscales y los jueces les resulta difícil capturar, acusar y condenar a un hombre agresor u homicida, en el caso de las mujeres, las resoluciones en su contra son muy rápidas.

Entre los casos concretos señalados está el caso de Fátima Hernández, cuyo proceso judicial para castigar a su violador fue de meses, pero para que el mismo Ministerio Público se retractara, saliera defendiendo al agresor condenado y se le dictara una reducción de sentencia, tan sólo transcurrieron unas cuantas semanas.

Otro caso que menciona Vásquez es el de Yalila Abdallah Moraga, la mujer condenada a seis años por supuestas lesiones psicológicas contra la mujer de su compañero de vida y la madre del sátiro que la sedujo con engaños, cuando no existe ni un solo hombre condenado por este tipo de delito. Igualmente la “justicia” fue rápida contra una mujer que mató a su marido en defensa propia.

Vásquez dijo para terminar que “nos encontramos con un Estado cómplice y permisivo en tanto a la violencia hacia la mujer. Asimismo, remarcó que sigue sin firmar y ratificar el protocolo facultativo de la Cedaw, por lo que nos encontramos en un país donde la impunidad y el acceso a la justicia para las mujeres es caótico”.