Por Sonia Pérez D.
GUATEMALA/AP
Un tribunal guatemalteco sentenció este martes a penas de más de 6.000 años de prisión contra cuatro militares que masacraron en 1982 a cientos de campesinos del norte de Guatemala.
El Tribunal de Alto Impacto condenó a Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y Carlos Carías a purgar 6,060 años de prisión por la muerte de 201 campesinos de la comunidad Dos Erres, en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, en una de las atrocidades cometidas en el país en el marco del conflicto armado que se prolongó por 36 años.
Carías estaba a cargo de un destacamento cercano a la comunidad y entregó información que fue determinante para ejecutar la matanza, con el agravante de que "se apropió de los enseres de las pobladores, aprovechó el peligro común y la calamidad por la que pasaban los pobladores de las Dos Erres, quienes fueron masacrados", señaló el tribunal en el fallo.
La sentencia fue emitida así: treinta años por cada muerte, más treinta años por el delito contra los deberes de humanidad. Carías, tuvo la misma condena con seis años adicionales por el delito de hurto.
El código penal guatemalteco estipula que la máxima pena que un reo puede cumplir en reclusión es de 50 años.
"CON ALEVOSÍA"
El Tribunal dijo que la masacre se dio con alevosía porque los autores llegaron por la madrugadas y los pobladores no tuvieron ninguna oportunidad de defensa, fue planificada y hubo ensañamiento porque el exterminio llegó al extremo de "desaparecer a la población del mapa geográfico".
A las afueras del tribunal, un improvisado altar con velas donde se leía la palabra "justicia" fue hecho con pétalos de rosa rojos por sobrevivientes de la masacre.
Otros sobrevivientes y familiares lloraron al escuchar el fallo, aplaudieron y se pusieron de pie. Parientes y partidarios de los condenados le gritaron al tribunal que estaba parcializado.
El Tribunal dio valor probatorio a los testimonios, documentos y peritajes presentados en el debate que duró siete días y ordenó continuar las investigaciones hasta atrapar a todos los responsables.
"Esperamos muchos año por ver la justicia, no éramos delincuentes, yo vi cuando mataban a la gente, a nosotros nos tuvieron durante cinco horas hincados, metían sus fusiles en nuestra boca amenazando con matarnos porque les pedíamos que no mataran a los demás", expresó Raúl Gómez, uno de los sobrevivientes que compareció como testigo.
Inconforme con lo resuelto, Pop Sun dijo que era inocente.
Carías sostuvo que "con gusto pongo de nuevo el pecho por la institución honrosa que es el Ejército, no es justa esta sentencia, somos inocentes".
La sentencia puede ser apelada, aunque de momento los defensores de los militares no anticiparon que así lo harán.
El 7 de diciembre de 1982, 17 kaibiles, como se denomina a los comandos elite del ejército, ingresaron a la Dos Erres apoyados por 40 militares más que resguardaron el perímetro, según el expediente judicial.
Los soldados buscaban 21 fusiles que el 22 de octubre de 1982 la guerrilla había robado al Ejército en una emboscada, un incidente que desató sospechas respecto a la lealtad de los lugareños.
Al incursionar el 7 de diciembre de 1982, los militares sacaron a los pobladores de sus casas, los separaron por sexo. A los hombres los llevaron a la escuela de la comunidad y a las mujeres a la iglesia. Antes de matarlos, a unos los torturaron y a las féminas las golpearon y violaron.
"A su salida de la comunidad el 8 de diciembre los soldados se llevaron dos mujeres, las violaron y en el camino las mataron" dijo el tribunal.
La jueza Yazmín Guzmán dijo que "no se puede invisibilizar las muertes de todas las personas por eso expresamos 30 años por cada muerte aunque deberán cumplir solo 50"
Están pendientes varios militares por capturar. Al menos tres fueron arrestados en Estados Unidos y Canadá en fechas recientes y se espera que sean extraditados a Guatemala para que respondan ante la justicia respecto a su presunta implicación en la matanza.
La guerra civil entre guerrillas marxistas y las tropas gubernamentales dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos en la nación centroamericana, según una comisión de la verdad auspiciada por Naciones Unidas implementada después del fin del conflicto en 1996.
Dicha comisión responsabilizó al ejército y los paramilitares del 90% de las atrocidades cometidas durante las hostilidades, que incluyeron docenas de masacres, miles de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, entre otros delitos.
Actualmente se desarrolla otro juicio en el que comunidades del norte del país acusan a altos mandos militares de haber cometido genocidio contra la etnia ixil. Un general fue detenidos recientemente bajo esas imputaciones.
También en España se desarrolla un proceso por genocidio, promovido por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, en el que el principal acusado es el ex dictador Efraín Ríos Montt, en cuyo periodo (1982-1983) se implementó una política de "tierra arrasada" que buscaba "quitarle el agua al pez" exterminando a la población potencialmente susceptible de ser reclutada por los rebeldes.
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