Juana Buschting defalcò al IDR con màs de 6 millones

MANAGUA

La admistración de Juana Buschting Morales originaria de la ciudad de Matagalpa, al frente del Instituto de Desarrollo Rural (2007-2008), dejó un perjuicio al Estado hasta por 6 millones 437 mil 924 córdobas, según reveló una auditoría especial de la Dirección General de Auditorías de la Contraloría General de la República, CGR.

Los contralores no han emitido una resolución final del caso, pese a haber concluido el informe y proceso de auditoría, pues el esposo de Buschting Morales, el funcionario de la Contraloría, Humberto Avilés --al que también alcanza la auditoría-- se amparó bajo el argumento de que el informe de auditoría “lo perjudica”.

Buschting Morales, quien ahora labora en administración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tras su destitución, se excusó de hablar un sinnúmero de veces a través de su asistente, identificada como Raquel.

Más irregularidades

Uno de los principales hallazgos de la auditoría especial al IDR reveló que en el presupuesto de 2008, se registró en los estados financieros como aportaciones de programas y proyectos, los fondos presupuestados y asignados al Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales, que forma parte del Programa de Inversión Pública, y que constituye un gasto de capital de 720 mil córdobas.

La auditoría comprobó que este monto fue registrado en el Sistema Integrado de Gestión Financiera y Administrativa, Sigfa, como gastos operativos por el Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales, aun cuando esos fondos fueron gastados por la sede central del IDR, sin que se registraran como ingresos en los estados financieros de dicho programa.

El registro como aportación de los fondos destinados al Programa Rehabilitación Caminos Rurales efectuado en los estados financieros del IDR sede central, fue autorizado por Diego Ramírez González, exdirector financiero, de acuerdo con el documento de la CGR

Megaliquidaciones dobles

En diciembre de 2007, y en enero y en febrero de 2008, la Juana Buschting autorizó el desembolso de 285 mil 597.93 córdobas para el pago de liquidaciones a los exfuncionarios Ignacio González y Herbert Duarte Díaz.

El ocho de enero de 2008 se libraron los cheques 26660 y 26658 a nombre de González y Duarte Díaz por el monto total de 72 mil 102. 23 córdobas en concepto de liquidaciones finales, en las que se incluyeron vacaciones, aguinaldo e indemnización por años de servicio.

“Sin embargo, de forma ilícita, en fecha 22 de febrero de 2008, nuevamente se libraron cheques a favor de los señores González y Duarte Díaz, que suman 98 mil 700 córdobas, bajo el concepto de complemento de liquidación final, utilizando la figura de ‘Liquidaciones Especiales’, las que no están contempladas en nuestra legislación laboral ni en la Ley de Carrera de Servicio Civil y Carrera Administrativa o convenio colectivo”, determinaron los auditores.

Inventaron cargos de confianza

El 8, 9 y 14 de febrero de ese mismo año se libraron los cheques 10884, 26669 y 26662, cuyo importe total fue de 327 mil 350.52 córdobas, a nombre de Idania Aragón Amador, de Carlos Brenes Bermúdez y de Gustavo Adolfo Luna Jiménez en concepto de pago de liquidaciones.

Pero el día 15 se libraron “por liquidación” otros cheques por el monto de 386 mil 897.93 córdobas a favor de las tres personas anteriormente indemnizadas: Aragón Amador, Brenes Bermúdez y Luna Jiménez, incorporando como único y nuevo el elemento de pago de indemnización por el “cargo de confianza”. No obstante, la auditoría señala que “los cargos que ellos ostentaban no están catalogados como cargos de confianza”.

Cuando los auditores solicitaron una aclaración de la Juana Buschintg Morales para darle la oportunidad de desvanecer los hallazgos anómalos, esta contestó que aprobó las liquidaciones sobre la base de este proceso en el cual participan una cantidad de personas responsables de analizar, revisar y garantizar que se lleve el debido proceso.

“No está en el ámbito de operaciones de la Dirección Ejecutiva revisar todo lo que procesan y revisan los técnicos y especialistas de las áreas respectivas”, adujo la exfuncionaria.

En el documento, los auditores aseguran que la Juana Buschintg no presentó evidencias documentales que comprobaran fehacientemente que las erogaciones efectuadas cuentan con un respaldo legal que justifique su emisión, por el contrario, se trata de pagos realizados para beneficiar a exfuncionarios de la entidad auditada”.

Desembolsos sin base legal

La auditoría especial reveló que tras una revisión de dos cuentas bancarias en córdobas del Programa de Desarrollo Lechero, manejadas en el Banpro, “se verificó que durante 2008, a través de cheques cuyas transferencias carecen de base legal que los justifique para cubrir gastos del IDR, sede central, se examina, en la forma y cantidades siguientes: a) 43 cheques que suman 1 millón 246 mil 651.48 córdobas, librados por los licenciados Juana María Buschting Morales y Diego Ramírez González; b) Tres transferencias por un monto de 3 millones 985 mil 651.48 córdobas, autorizados por los licenciados Juana María Buschting Morales y Diego Ramírez González; c) Una transferencia por 251 mil 448.08 córdobas autorizados por el licenciado Diego Ramírez González y Wesley Pallais, director administrativo del IDR en ese entonces”.

El texto continúa: “Demostrándose que las transferencias efectuadas fueron depositadas en las cuentas bancarias en córdobas denominadas ‘IDR Servicios Personales’. De igual manera, se constató que tales egresos fueron registrados por el Programa de Desarrollo Lechero como gastos propios y aportaciones. En consecuencia, se hace evidente que con tales desembolsos se ocasionó un perjuicio económico al Programa de Desarrollo Lechero hasta por un monto de 5 millones 483 mil 775.45 córdobas”.

Entre las explicaciones que la Juana Buschting dio a los auditores, está que esos egresos corresponden a rubros operativos y a “overhead” del Programa; que muchas de las obligaciones pagadas eran deudas de este Programa, que permaneció en las oficinas de Camino de Oriente mucho tiempo después que parte del IDR se trasladó a las actuales oficinas; y que los programas tenían y tienen la obligación de aportar al IDR, ya que la figura legal que les representa es la institución.

Pero los auditores aducen que la exfuncionaria no presentó “evidencias documentales que justifiquen la utilización de los fondos del Programa de Desarrollo Lechero para cubrir gastos del IDR-Central y de los Programas ‘Repoblación Ganadera y Mejoramiento Genético’ y ‘Reactivación Productiva Rural’, lo que indudablemente ocasionó un perjuicio al Estado”.

Armas para su esposo

Entre otras irregularidades durante la gestión de la Juana Buschting Morales, halladas por la CGR, resalta la donación irrevocable de un revólver marca Taurus calibre 38, el dos de marzo de 2008, con fondos institucionales, al mismo Avilés, quien labora en la oficina de Fortalecimiento Institucional del ente fiscalizador.

“De igual forma, se evidenció la apropiación de otra arma de fuego por parte del doctor Humberto José Avilés Bermúdez con las características siguientes: pistola marca Glock, calibre nueve milímetros, serie ESP, pero esta vez se hizo mediante Escritura Pública número 2 con fecha 23 de febrero de 2008, denominada Declaración Notarial”, detalla el borrador de proyecto de resolución pendiente de aprobar, cuya copia se encuentra en poder de EL NUEVO DIARIO.

La exfuncionaria aseguró a los auditores, durante el proceso de investigación, que “realizó dicho registro de manera transitoria, porque las armas no estaban legalizadas a nombre del IDR, y que tampoco podía portarlas temporalmente a su nombre por no cumplir con el requisito de manejo o experiencia para el caso, y que procedió a un trámite especial, y se sacó una portación temporal a nombre de su esposo, el señor Humberto Avilés, quien la acompañaba a determinadas giras de campo”.

“Amnesia selectiva”

Avilés fue consultado sobre el informe, y negó tener conocimiento del caso: “No sé de qué me está hablando… que no sé de qué me habla… ¿Cómo debo decirle que no sé de qué me está hablando?”, insistió.

Sin embargo, el funcionario tácitamente aceptó que sí conoce de la existencia del borrador de proyecto de resolución, que no ha sido aprobado debido a su amparo: “Ya que tanto sabe, debería saber que la Ley Orgánica prohíbe filtrar información mientras el Consejo Superior no haya resuelto nada”, dijo, durante la breve conversación telefónica.

Avilés se amparó hace un mes, cuando supo que tres de los contralores, en cuenta el sandinista Luis Ángel Montenegro, iban a avalar la resolución que le establece una presunción de responsabilidad penal y administrativa. Fuentes de esa institución aseguraron que este funcionario es protegido por el asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, a través del colegiado con período vencido, José Pasos Marciaq.

Ninguno de los contralores quiso hablar sobre el caso, aduciendo que la Ley Orgánica se los prohíbe, en tanto la resolución no esté aprobada en sesión ordinaria y los involucrados no hayan sido notificados.