MANAGUA
El nuevo reglamento de observación, que el Concejo Supremo Electoral (CSE) insiste en llamar “Reglamento de acompañamiento” y que fue emitido el 16 de agosto, no es más que el instrumento 
para bloquear la capacidad de organizaciones nacionales e internacionales que quieran registrar los acontecimientos del proceso.
Según los presentantes del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Mauricio Zúñiga y de Hagamos Democracia, Roberto Bendaña, quienes comparecieron en el segmento Voz y Voto, del programa Esta Noche, en este reglamento el CSE “se voló entero” el capítulo de las prerrogativas de los observadores electorales, que estaba en las normativas de los comicios de 2006 y 2008.
En estos reglamentos estaba bien definido el libre acceso de los observadores a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y a los centros de cómputo en cualquiera de las estructuras electorales del país, lo cual desapareció en el recién aprobado reglamento para “los acompañantes”, analizaron los expertos nacionales.
El director del Ipade dedujo que “al eliminar totalmente estos derechos, lo único que tenés ahí es un reglamento que te dice ´usted puede acompañar el proceso, a como el Consejo le asigne una ruta´, pero además, según el criterio del Consejo te va a asignar cuántos observadores podés tener, eso es nuevo también”, valoró.
Igualmente se mostraron extrañados con el término “ruta” que emplean los magistrados en el mencionado reglamento porque en el mismo no se define en qué consiste. “Aparentemente, el Consejo te va a establecer que vos podés ir de un punto a otro a visitar determinados lugares y una vez que terminaste de visitarlo, inmediatamente tenés que entregarle un reporte, o sea que vas a ir a observar lo que el Consejo te planifique que observés”, interpretó Zúñiga.
Rivas prometió no restricciones a funcionarios de EE - UU
No obstante, comentaron que previamente conversaron con dos funcionarios norteamericanos que se encuentran en Managua, quienes les expresaron que se reunieron con anticipación con el Consejo Electoral, incluyendo al presidente Roberto Rivas, y que éste les garantizó que no habrá ningún tipo de restricción en la observación.
No habrá supervisión de anomalías previas
Por su parte, Roberto Bendaña se mostró preocupado porque en todo caso el documento publicado “es un reglamento diseñado muy en función del día electoral y nosotros estamos interesados en acreditarnos cuanto antes para poder haber observado la verificación, observar el resto de la cedulación, porque como bien estamos viendo, hay muchos jóvenes y ciudadanos que todavía están esperando que se les entregue la cédula”.
Los representantes de las organizaciones de observación electoral coincidieron en que con esta normativa, los magistrados del CSE estarían reformando de hecho la Ley Electoral – de rango Constitucional-, que en su artículo 10, inciso 8 establece entre las facultades de ese Poder del Estado, regular y ordenar la acreditación y participación de la observación electoral, nacional e internacional.
Record de Policía: otro engorroso invento
Asimismo opinaron sobre los requisitos que estableció el Consejo para las organizaciones que tengan el interés de “acompañar” el proceso. Bendaña acepta que estos requisitos son bastante parecidos a los de las elecciones anteriores, aunque dijo que les llamó la atención que también les exijan un record de Policía, lo cual no está claro si es una exigencia sólo para los directivos nacionales o para cada uno de los centenares de observadores que tienen previsto desplazar en las juntas y centros de votación. Consideraron que aunque dicho trámite puede ser positivo, “volverá más engorroso el trabajo”.
El director del Ipade insistió en que si el Consejo no emite un verdadero reglamento de observación electoral que deje claros los derechos y garantías de los observadores nacionales, se estaría violando la declaración de principios para la observación electoral internacional, aprobada por Naciones Unidas en el 2005 y ratificada por La OEA y la Unión Europea, un instrumento del cual Nicaragua es firmante.
El documento que aludió Zúñiga establece la no prohibición por parte de las autoridades electorales, de gobierno o de seguridad para observar los comicios así como la obligatoriedad de los países miembros de “garantizar el libre acceso a cualquier lugar del territorio, sin ningún tipo de traba… y que se garantice además el acceso a cualquiera de las estructuras, antes, durante y después de las elecciones para observar”.
Si deciden observar, van con o sin acreditación
A pesar que el magistrado Roberto Rivas desde hace algunos meses se adelantó a declarar públicamente que no acreditarán a instituciones nacionales como Ética y Transparencia e Ipade, los representantes de estos organismos sostienen que en las próximas semanas decidirán si acuden al CSE para pedir que se les incluya como observadores y que si finalmente deciden aplicar por la acreditación y no se las entregan, “de todas formas, el Ipade va a estar listo para observar”, concluyó Zúñiga.
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