Ipade advirtió causas de violencia en el país

MANAGUA
Un informe del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, hecho con antelación, había advertido las causas de los disturbios que se han dado en los municipios de San Fernando y Siuna, luego de señalar “debilidades” en los Centro Electorales Municipales, CEM, que aún no se han corregido como la falta de atención ciudadana que impera en la mayoría de los municipios del país.
El informe, que monitoreó 122 municipios en 15 departamentos y las dos regiones autónomas, fue hecho entre el 27 de junio al 22 de julio de 2011.

Datos desconcertantes
Dicho reporte destaca las razones por las que no se atendió a la ciudadanía, pues en el 64% de los municipios no contaban con material básico para cedular, mientras el 23% presentó otras razones para no atender, y en un 7% no atendieron porque el material lo utilizaban en las oficinas del FSLN.
No obstante, también señala que en el 62% de los municipios se suspendió las labores parcialamente durante cuatro semanas, mientras en el 57%, entre uno y dos días.
Entre las razones por las que suspendieron labores, destaca que “se agotó el material para cedular” en el 53% de los municipios.
Para este estudio, de Ipade consultó a 22,610 ciudadanos, de los cuales el 55% realizó trámites por primera vez; un 22%, trámites de reposición, y el 17% renovó sus cédulas por vencimiento o sustituyó el anterior formato por el nuevo.
De los 12,406 ciudadanos que realizaron trámites por primera vez, el 57% ha realizado el trámite este año; 25% entre 2007 y 2010, y un 5% lo efectuó entre 1995 y 2006.
El control partidario
Al concluir el reporte, el organismo señala las anomalías que se dieron en el proceso de cedulación, entre las cuales se destaca, “que en 12 municipios, de los que no están atendiendo a la población, existen oficinas partidarias de cedulación coordinadas por el partido FSLN”, y que en 24 municipios no les están entregando a los pobladores la “colilla desprendible”, sin la cual los ciudadanos no podrán reclamar su documento de identidad.
Así también, el reporte puntualiza que la principal dificultad que se les presentó es que los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, CSE, les dijeron a los observadores “que no pueden permanecer dentro de las instalaciones”, sin embargo, “aun estando en la vía pública han sido amenazados con la Policía”.