WASHINGTON, (AFP).- Las notas que las agencias de calificación financiera ponen a empresas y países son resultado del trabajo de por lo menos dos analistas, que las elaboran en discusión interna con otros colegas experimentados, pero que en gran parte se basan en informaciones públicas.
La mayoría de los Estados y empresas remuneran a las agencias para que califiquen los riesgos de sus propias deudas.
Sin esa evaluación, en principio considerada creíble e imparcial, numerosos inversores rechazan adquirir sus obligaciones.
Independientemente de si se trata de un país o de una empresa, la agencia de calificación realiza un “primary analyst” (primer análisis), que evalúa la solvencia y por lo tanto los riesgos de impago de los préstamos, atribuyéndole una nota o calificación, que va de una triple A positiva (AAA+), la mejor, a D, la peor, quiebra.
“Acompañados por un colega se entrevista al emisor de la deuda, sea el director financiero, director general o gerente. En casos de empresas se habla con varios ejecutivos y en el caso de un Estado con el ministro de Economía o Finanzas”, explicó a la AFP, Norbert Gaillard, asesor del Banco Mundial y autor de un libro sobre las agencias de calificación.
“En Estados Unidos el interlocutor privilegiado de las agencias de calificación es el número dos del Tesoro, John Bellows”, comentó.
“En países pequeños de África y América Latina el interlocutor puede ser el presidente o jefe de gobierno”, agregó.
Se celebran un promedio de 3 a 4 días de reuniones, que incluyen entrevistas al director del Banco Central y a altos funcionarios con los que se analizan estadísticas y previsiones recientes, explicó el experto.
Se trata de un trámite corto con respecto a las misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que para redactar sus informes anuales emplean de dos a tres semanas, sostiene Gaillard.
Los analistas luego elaboran un informe y atribuyen una recomendación: confirmar, alzar, bajar la nota, bajo vigilancia, modificar su perspectiva.
El informe es presentado luego a un comité de calificación, compuesto por unos seis a diez analistas veteranos, que debaten el asunto antes de aprobar y votar las conclusiones.
El interesado, país o empresa, es inmediatamente informado sobre la decisión, en general doce horas antes de la publicación. Inclusive puede formular objeciones, “pero la agencia las puede ignorar”, reconoció Gaillard.
La nota suele ser revisada una vez al año o cuando la agencia lo considere necesario, en caso por ejemplo de importantes hechos políticos, sociales y económicos.
“Considero que las agencias no disponen de informaciones inéditas o desconocidas para la comunidad financiera”, recalcó el experto.
Los analistas provienen en general de los departamentos de crédito de los bancos, de empresas de seguros y fondos de inversión, sostienen las mismas agencias.
La calificación de las finanzas públicas de un Estado o gobierno regional representa sólo el 15% de las ganancias de esas agencias, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de valorar empresas privadas.
La mayoría de los Estados pagan las valoraciones de las tres mayores agencias de calificación: Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s.
Tras la crisis del euro del 2010 varios dirigentes europeos propusieron la creación de una agencia europea de calificación de riesgo para contrarrestar el dominio de las agencias estadounidenses.
El club de los países con deuda triple “A” lo integran actualmente: Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza.
La agencia Fitch dijo que mantendría bajo lupa la situación financiera del país a largo plazo, y pidió un “plan creíble de reducción del déficit plurianual” si es que Washington quiere permanecer en la elite de los ricos, es decir, los deudores de bajo riesgo.
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