La advertencia que hace Javier Meléndez Quiñónez, sociólogo y experto en temas de seguridad, no es para tomarse en broma.
El próximo año, en plenas elecciones presidenciales, la violencia puede volver a campear. “El Gobierno tiene un ejército de jóvenes para ejercer la violencia de una forma peor a la que lo hemos visto ahora”, asegura.
Meléndez sale en estos días hacia Washington, Estados Unidos, adonde tendrá a cargo proyectos de otra índole que lo desvinculan del cargo que ejerció hasta hace poco al frente del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), donde fungió como director ejecutivo.
El experto se refiere al Estado paralelo montado por los operadores políticos del Frente Sandinista, ligados al presidente Daniel Ortega, quienes mandan más que un ministro y se especializan en conspiración y violencia.
En esta entrevista de despedida, evita las concesiones. “La Policía está arrodillada a Ortega”, lamenta después de hacerle ver que la justicia no parece brillar para todos los que se oponen al Gobierno, como activistas de derechos humanos apaleados, familiares de indígenas supuestamente asesinados en los ochenta, empleados despedidos que no pueden encontrar empleo desde que abrieron la boca.
Javier, ¿qué lectura hace usted de esta injusticia publicada en la última semana en LA PRENSA?
Desde el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en estos años comenzamos a ser testigos impotentes de cómo las instituciones comienzan a tener retrocesos severos en términos de rendición de cuentas, de ser ajenas a un partido o responder a los ciudadanos y no a un solo jefe. A mí personalmente me da impotencia ver cómo castigan a un adversario político en las calles y la Policía no interviene, y no sólo no hace nada, sino que he visto personalmente cómo se ríen e incentivan que eso suceda. Eso sucede porque en el oficial de base hay un sentimiento de impunidad.
¿Cómo hemos llegado a esa situación?
Yo creo que desde el Estado, desde los más altos niveles del Gobierno y me refiero también a la Asamblea Nacional, se viene sembrando una semilla que está floreciendo: la semilla de la no rendición de cuentas.
Los políticos han convertido al Estado en un instrumento que no es capaz de responder en términos de Estado de Derecho a la gente. Estamos en una situación que quienes están dentro del Estado, en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, Ejército, Asamblea, se perciben a sí mismos como inmunes, porque no hay poder legal ni ciudadano que ellos sientan que puede hacer rectificar lo mal que están haciendo.
¿Cuál de los casos que se ha presentado de injusticia en los últimos días lo impacta más?
Me tiene preocupado el de Leonor Martínez (activista de derechos humanos). La oposición no se ha pronunciado sobre ese caso. No hay poder del Estado que se haya pronunciado sobre lo que sufre esa muchacha.
Ella ha dado pruebas de la situación de violencia a la que ha sido sometida y veo cómo la Policía inventa alguna justificación técnica para insistir en el mensaje que están dando desde hace tiempo, que cuando se trata de las operaciones del partido (Frente Sandinista de Liberación Nacional) nosotros no tenemos nada que ver, no vemos nada, no oímos nada, no hacemos nada.
Ustedes en el IEEPP han insistido en que Nicaragua ya no es el país más seguro de Centroamérica, ¿cómo está contaminando el ambiente de toda la sociedad y la seguridad en general esta situación?
En la sociedad lo que está provocando este tipo de actitudes (se refiere a la Policía) es que los grupos que están provocando violencia se sienten impunes cuando ven que la autoridad policial no está interviniendo objetivamente.
Tenés situaciones potencialmente explosivas para los próximos meses, en que se avecina contienda electoral. El Gobierno tiene un ejército de jóvenes para ejercer la violencia de una forma peor a la que lo hemos visto ahora. Quienes trabajan en los barrios, nosotros no lo hacemos, nos han dado toda la evidencia. Aquí vienen camionetas del Estado a armar a la gente con morteros y traerles cosas para agredir a cualquier ciudadano que se oponga al Gobierno. Pagan 200 córdobas el día. Eso desafortunadamente no está en la agenda de la política. Aquí la política es hablar de la política, no de los problemas de la gente.
¿Esta violencia institucionalizada es un rasgo común a Centroamérica?
Nicaragua y Honduras están en un nivel donde el Estado es agresivo contra la sociedad, aquel pedazo que no comulga con los intereses del que está gobernando. Y es paradójico, porque estamos hablando por un lado de un gobierno de derecha, muy conservador como Porfirio Lobo, y luego tenés a Nicaragua, un Estado que abiertamente ataca a quienes no comulgan con ellos.
¿Cuánto hace falta para que el Estado se convierta en policíaco, para que la gente ni siquiera salga a protestar?
El Gobierno de Nicaragua ya logró que la gente no salga a protestar, porque saben que por salir a reclamar un derecho, va a haber un ejercicio de la violencia. Los operadores de este Gobierno tienen un Estado paralelo y es gente de mucha confianza del Presidente, son hábiles y expertos en conspiración y en el ejercicio de la violencia.
Esto es muy serio. Es gente con recursos del Estado y seguramente con los recursos que le vienen de Venezuela, que tienen instrumentos operativos para ejercer la violencia. La violencia en este Gobierno no viene de los ministros, sino de estos operadores. Ellos mandan más.
El nivel de sofisticación para ejercer la violencia tiene (además) un potencial devastador en una sociedad confrontada por asuntos políticos.
Te insisto, lo que viene para Nicaragua el próximo año es un asunto muy complicado. Los niveles de violencia política, sumado al exponencial crecimiento de la criminalidad organizada, más la impunidad del Estado, la corrupción, estamos llevando al país a una situación incontrolable y en corto tiempo podemos entrar en un contexto de violencia generalizada.
¿Hay esperanza aún?
No sé si es de esperanza, pero creo que quienes están en la política en este momento están cómodos con este país. Les conviene. Va a ser difícil que esto cambie.
¿No hay demasiado pesimismo en sus palabras?
Tal vez, pero la solución no va a salir de los partidos políticos. Enrumbar al país va a tener que salir de los ciudadanos. ¿Cómo? Ése es el problema. El problema de la Policía, su disfuncionalidad, no va salir de los partidos políticos, por ejemplo.
Hablemos de la Policía, creo que merece un análisis más completo. ¿Cómo ve usted el cambio que han sufrido de ser percibidos como profesionales hace algunos años a convertirse en cómplices del Gobierno?
En febrero de 2007, en nuestro primer informe, predijimos lo que estamos viendo. En un modelo autoritario se necesita una alianza estrecha con las fuerzas de seguridad. Y podía venir por la vía histórica y por las prerrogativas económicas. Los intereses económicos que hay entre los mandos de la Policía, los mandos del Ejército y operadores políticos de este Gobierno son grandísimos.
Pero en las altas esferas policiales se ha empujado la idea de que había dos mandos, uno ligado al Presidente y otro a la comisionada Granera...
Hace dos años dije que la comisionada tenía dos opciones: renunciar dignamente o capitalizar el liderazgo que iba a ser devastador para este Gobierno. O entregarla completamente arrodillada al Gobierno. La Policía está completamente arrodillada ahora. Y no es un asunto legal. No se trata de que la Constitución dice que nosotros (Policía) nos subordinamos al Presidente. No. Nosotros nos subordinamos a la Constitución, eso es lo que dice.
El jefe de la Policía y el Ejército podrían decir que eso no está correcto. Hay formas de hacerlo. No hay dos policías, sino una con jefa completamente subordinada a los intereses partidarios. Ella (Aminta Granera) entiende que está terminando de dirigir una policía subordinada a los designios del Presidente y se han inventado tecnicismos para explicar lo inexplicable, como que la Policía no interviene en las golpizas porque si ejercen violencia habrá más violencia.
Cuando te están agarrando a palos y patadas, vos no pensás que no intervengan los oficiales.
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