Diputados divididos ante zarpazo migratorio

MANAGUA
El incremento en los costos de los servicios migratorios propuestos por el gobierno dividió la opinión de los diputados ante la Asamblea Nacional. Mientras algunos los justificaron alegando “indexación por pérdidas”, otros rechazan la medida alegando que “los salarios de los trabajadores continúan estancadas desde hace años”.

El diputado por el Frente Sandinista, miembro de la Comisión de Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Jacinto Rodríguez López, dijo que el incremento de los servicios que presta Migración y Extranjería se debe a un desfase, pues desde 1993 los precios “no se han indexado”.

El aumento en el costo incluye los servicios de salvoconductos, nacionalización de extranjero, visa de residencia, visa de salida a menores de 18 años y tarjeta de turismo.

En el caso del pasaporte, cuyo precio pasaría de 350 córdobas a 35 dólares, Rodríguez López señaló que el aumento en el precio se debe a que su vigencia pasará de cinco a 10 años por lo que el ciudadano, según Rodríguez, estará pagando por vigencia y no necesariamente por el documento en sí.
Un FSLN y un PLC coinciden
Por su parte, el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC y presidente de la Comisión Legislativa, Maximino Rodríguez Martínez coincidió con su colega del Frente Sandinista. A juicio de Rodríguez Martínez, se hace necesario incrementar el cobro en los servicios migratorios, pues los costos han subido desde 1993 a la fecha.

El segundo vicepresidente del Parlamento y diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Carlos García, dijo que se opondrá al aumento de los servicios, sobre todo lo referido al pasaporte. García dijo que en otros países centroamericanos “la libreta” (pasaporte) tiene un costo aproximado de 3 dólares, así que no ve razón por la que se tenga que incrementar el precio a 35 dólares.
Por qué debe pagar el ciudadano
Mientras tanto, el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, y también miembro de la Comisión de Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Carlos Langrand dijo que esos costos no pueden trasladarse a la ciudadanía, pues sus salarios no se han indexado desde hace 20 años.

Según la explicación de los funcionarios de Migración y Extranjería ante los miembros de la Comisión, cuando se consultó la nueva Ley de Migración, los costos debían cubrirse por dos vías: A través del Presupuesto General de la República, o vía cobro de los aranceles.

Sin embargo, el diputado de la BDN, Eduardo Montealegre dijo que los cobros no deben sugerir “ganancias” para la institución y que su bancada apoyaría, por ejemplo, el costo del pasaporte en 20 dólares y no 35 como pretende el gobierno; además, bajar los aranceles de los otros servicios.