En acciones paralelas que ya empiezan a ser vistas como una doble estrategia del Gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, para obtener recursos adicionales y a la vez comenzar a implementar controles sobre la población, las instancias encargadas de garantizar los documentos oficiales de identificación cada día hacen más difícil la obtención de los mismos.
Mientras el Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa entregando la nueva cédula de identidad a los ciudadanos que pueden pagar los 300 córdobas, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) pretende que los diputados de la Asamblea Nacional aprueben una propuesta de reforma a la Ley de Migración que incluye la duplicación del costo del pasaporte y otros trámites migratorios.
La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señala que el cobro de las cédulas, así como la pretensión de la Dirección de Migración y Extranjería de incrementar el costo de los servicios que ofrece, es prácticamente un asalto al bolsillo de la gente pobre de Nicaragua.
“Ahora de pronto nos despertamos y en los medios de comunicación aparecen los nuevos esfuerzos de seguir extorsionando a la gente, ya no por el Consejo Supremo Electoral, sino por la Dirección de Migración y Extranjería, y anuncian el cambio de precios del pasaporte”, señala Núñez, quien agregó que lo que más la ha sorprendido es ver a algunos diputados como “agentes oficiosos”, dando razones por las cuales es lógico que a la gente le cobren más por el pasaporte.
Según Núñez, al aumentar los costos en pasaporte y trámites migratorios, están violentando el derecho a la libertad de movilización, porque de alguna manera impiden que la gente se movilice legalmente para donde quiera y están promoviendo la desigualdad entre los que pueden viajar y los que no pueden.
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