SAN JOSE COSTA RICA
Siete jóvenes ambientalistas y de nacionalidad nicaragüense que participaban de una marcha contra la minería Crucitas, no lograron continuar con su protesta porque Migración y Extranjería se los impidió por razones de legalidad migratoria.
Los jóvenes pertenecen a la Fundación Proteccionista del Río San Juan, regresaron esta mañana a Nicaragua por el pequeño puerto de Los Chiles.
Al parecer ingresaron con un permiso vecinal a Costa Rica por este mismo sitio el domingo, procedentes de San Carlos de Nicaragua para participar de esta caminata, iniciada la mañana del lunes y en la cual unos 30 ambientalistas de países que se oponen a la minería a cielo abierto harán un recorrido de 200 kilómetros entre Crucitas y San José.
Según Lorenzo Cambronero y Janet Rojas, ambientalistas costarricenses que participaban en el recorrido, los nicaragüenses fueron “acosados” por los oficiales de la Policía Especial de Migración.
Este medio intentó ampliar información con Migración y Extranjería, pero al cierre de esta nota la entidad no había respondido.
En la marcha, los oficiales costarricenses invitaron a los jóvenes nicaragüenses a abandonar el país porque el permiso tenía una validez de 48 horas para permanecer en Los Chiles, y ellos salieron del área establecida al trasladarse a Crucitas.
A pesar de estas explicaciones, Rojas aseguró que los nicaragüenses fueron “acosados, como parte de la persecución de las autoridades de Costa Rica hacia nuestro movimiento”.
“Los pasaron hostigando todo el día. Llegaban los de migración, se retiraban, volvían. Decían que los iban a detener, que los iban a montar en un bus para viajar a Peñas Blancas, donde habían indocumentados para luego llevarlos a San José y tenerlos en un albergue por 15 días”, aseguró Rojas.
“Todo fue pura majadería y como amenazamos con hacer denuncia internacional y con ayuda de nuestros abogados, los muchachos regresaron a Nicaragua por Los Chiles, luego de haber caminado como 44 kilómetros en dos días”, añadió.
Algunos de los nicaragüenses lamentaron la situación, indicando que solo querían solidarisarse con los costarricenses. Los ambientalistas consideran que el gobierno persigue a todo el que se manifiesta contra esta minería.
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